Patricia Bullrich está inmersa en una escalada represiva. Una de las postales que dejó la represión del miércoles fue la de un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) arrojándole gas en la cara a una nena de diez años. Lejos de denunciar el caso, el Ministerio de Seguridad armó una operación para blindar el accionar policial. Bullrich acusó a la madre de irresponsable y, desde las usinas oficiales, se filtró un video editado con el que se acusaba a socorristas u organismos de derechos humanos de haber atacado a la chiquita. Con el correr de las horas, el armado quedó al descubierto al trascender que la filmación falseada habría sido divulgada por el jefe de la PFA, Luis Alejandro Rollé, y refrendada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Inmune a las evidencias, Bullrich no retrocedió y se ató a la defensa corporativa de las fuerzas. “Nosotros no vamos a ir en contra de la policía”.
Fabricia llegó a la zona del Congreso con su mamá después de las dos de la tarde. Para entonces, la oposición en Diputados había fallado a la hora de conseguir los dos tercios necesarios para insistir con la ley que recompone los haberes de los jubilados. Cerca de las 16.15, un efectivo de la PFA la roció con gas irritante pese a los gritos de otros manifestantes que señalaban que había una nena.
Inmediatamente, Fabricia fue atendida por integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que advirtieron que tenía las mucosas oculares irritadas. Después la asistió el Centro de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), que es una ONG fundada en 2002. La CPM –presidida por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos– monitorea las movilizaciones conjuntamente con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) y el mecanismo local de prevención de la tortura-Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
A las 17.35 del miércoles, Amnistía Internacional advirtió desde X que habían gaseado a una niña. “Los niños/as no pueden ser blanco de gases u otros impactos de armas. Es responsabilidad de las fuerzas de seguridad ejercer un control estricto y riguroso del uso de armas de acuerdo a los estándares internacionales del uso de la fuerza”, escribieron.
Media hora después llegó a los teléfonos de periodistas de La Nación+ un video difuso en el que supuestamente habría una mujer vestida de naranja arrojando un líquido. El tema se expandió. Alejandra Monteoliva, número dos de Bullrich en el Ministerio, desfiló por distintos medios para decir que los agentes no habían estado involucrados en el ataque selectivo contra una niña de diez años. “No fue la policía. Las imágenes se analizaron y no había presencia policial en ese momento”, dijo en TN. “Estas personas de mameluco naranja eran supuestamente de derechos humanos al parecer. No está confirmado. Podrían haber sido infiltrados”, continuó en Radio Rivadavia.
Este jueves se difundió un video en el que se veía precisamente cómo Fabricia era víctima del accionar policial. Bullrich quiso tomar el toro por las astas y llamó a La Nación+ después de que el periodista Eduardo Feinmann reclamara su renuncia.
–Yo me enteré del video por La Nación+–se atajó Bullrich.
–¿Sabe quién mandó el video? Alejandro Rollé, su jefe de policía– le retrucó el conductor.
–OK. Eso me acabo de enterar en este momento.
A última hora, circulaba la versión de que Rollé podría ser desplazado. Había llegado a la jefatura de la fuerza de manos de Nicolás Posse, el jefe de gabinete que fue expulsado hace meses del gobierno de Javier Milei. De ser así, Bullrich iría contra su propia máxima y tiraría a un policía por la ventana.
La ministra, de todas formas, ensayó una defensa del efectivo: dijo que no quiso gasear a la nena, que no ve ni escucha porque tiene casco y dijo que lo cierto era que los niños no pueden ir a las marchas. “Hay un grupo de gente con uniformes naranjas que está todo el día dando instrucciones para plantear cómo se cubren y cómo tiran gases. Y ese grupo está armado desde la provincia de Buenos Aires”, declaró en tono conspiranoico la ministra.
Es probable que el Ministerio deba dar explicaciones porque la CPM presentó una denuncia penal contra la PFA y contra la propia Monteoliva por el montaje. El abogado Gregorio Dalbón también anunció que había hecho una presentación contra la propia Bullrich.
“Es increíble cómo intenta sostener un relato de algo que no fue y desviar su propia responsabilidad hacia la madre de la nena y, lo que es peor aún, acusar a los organismos de derechos humanos o socorristas de usar gas pimienta o andar armados en las marchas. Sin dudas, no está a la altura de su cargo. Apela a la narrativa de la dictadura de inventar o fraguar hechos y justificar graves violaciones de derechos humanos”, afirma Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, en diálogo con Página/12.
Para Sabina Frederic, exministra de Seguridad, no hay dudas de que Bullrich tiene que brindar respuestas. “Es tan impune que se escuda detrás de un blindaje mediático que cree infalible. Es la responsable de todos y cada uno de los actos represivos, incluso de la gaseada del policía federal a esta niña”, le dice a este diario.
La reina de la mano dura
Fabricia siguió sufriendo los efectos de los gases muchas horas después. “Me ardía toda la cara apenas me levanté”, contó la nena –que va al quinto grado de una escuela de San Telmo– a El Destape Radio. Según el CNPT, al menos 40 personas fueron atendidas por la represión del miércoles. Un delegado de SUTEBA recibió 27 balazos de goma en el operativo desproporcionado que Bullrich montó en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), Bullrich puso en marcha un protocolo para impedir la protesta –que fue observado por organismos internacionales de derechos humanos mientras la justicia vernácula hace tiempismo. Incluso en ese protocolo –que emparenta la manifestación con el delito– hay restricciones, ya que establece que “los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos”.
Nada de eso se vio en las últimas semanas, cuando los destinatarios de la represión fueron los jubilados y las jubiladas y ahora también los niños. Según señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en sus redes sociales, hubo otro nene de nueve años que fue víctima de los gases irritantes además de Fabricia.
“El propio protocolo, que es abusivo y transforma un derecho de la democracia en un delito, pone un límite, pero esa señal no llegó a los policías”, sostiene Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. “Cuando se permite que las fuerzas repriman sin control, terminan pasando cosas como éstas. Hacen gala del uso de armas menos letales, pero después tienen que terminar inventando artimañas para no reconocer el problema que genera esta habilitación en las fuerzas. Es muy grave la respuesta de la ministra de avalar la intervención policial en lugar de reconocer que ella es la responsable de profesionalizar a la policía, en caso de que no lo sea”.
El CELS ya reportó la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –que semanas atrás realizó una audiencia sobre la situación de la protesta en Argentina– y ante distintos mecanismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Para Myriam Bregman, presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Bullrich busca asentar su figura política de la mano de la represión. “La versión que intentaron instalar sobre la nena gaseada por la policía demuestra que los megaoperativos represivos de Bullrich tienen por objetivo blindar el ajuste, pero también le sirven a ella para mostrarse como la reina de la mano dura pensando en la campaña electoral de la Ciudad. No mide las graves consecuencias que tienen. Mi compañero Matías Aufieri perdió la visión de un ojo por esos operativos”, señala.
Página/12