La Policía Federal de Brasil lanzó este jueves una nueva fase de la operación “Lesa Patria”, que investiga a las personas que participaron o instigaron el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. El objetivo de esta fase es cumplir 10 órdenes judiciales de búsqueda y registro en cuatro estados del país, así como embargar las propiedades de los investigados para ayudar a resarcir 40 millones de reales (unos siete millones de dólares o 6,5 millones de euros) en daños al patrimonio público.
La prensa local informó que uno de los objetivos es un residente de Planaltina. Esta persona, cuyo nombre no fue revelado, vivía en la ciudad circundante al Distrito Federal y era administrador de un grupo de WhatsApp que fomentaba la participación en ataques al Palacio del Planalto, al Congreso Nacional y al Tribunal Supremo Federal.
El operativo de este jueves es la vigésima novena acción que se lanza para desvelar lo sucedido el 8 de enero del año pasado, cuando miles de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron las sedes de la Presidencia, la Corte Suprema y el Congreso en Brasilia. La turba golpista vandalizó los edificios en protesta por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, quien había tomado posesión como presidente tan solo una semana antes. Hasta ahora, la Corte Suprema condenó a más de 200 personas involucradas en los hechos a penas de cárcel de hasta 17 años por un intento de golpe de Estado.
Los operativos
En junio ocurrió otro de los grandes operativos de “Lesa Patria”, en el que la Policía Federal de Brasil detuvo a más de 40 fugitivos involucrados en la tentativa de golpe, por incumplir las medidas cautelares que se les habían impuesto inicialmente. Entre los incumplimientos de medidas, según la policía, se encuentran: violación de una tobillera electrónica; cambio de domicilio sin comunicación; y no comparecer ante el tribunal.
Las autoridades pudieron localizar a los investigados, capturados en los estados de Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahía, Paraná y en Brasilia, informó Agência Brasil en esa ocasión. En un comunicado, la Policía Federal señaló: “Continuamos realizando gestiones para localizar y capturar a otros 163 condenados o investigados considerados prófugos”. Y añadió: “Más de 200 acusados incumplieron deliberadamente las medidas cautelares judiciales o incluso huyeron a otros países, con el objetivo de evitar la aplicación del derecho penal”.
El rol de Bolsonaro
En las investigaciones por el intento de golpe también está involucrado el exmandatario Jair Bolsonaro. Una de las declaraciones que más resaltaron en los últimos meses se encuentran la de los antiguos comandantes del Ejército y la Aeronáutica, quienes acusaron a Bolsonaro de orquestar la asonada y confesaron que buscó convencerlos para que se embarcaran en su aventura autoritaria.
El Supremo le impuso medidas cautelares al expresidente. El pasado 8 de febrero le confiscó el pasaporte, le impidió abandonar el país y le prohibió entrar en contacto con otros investigados. Bolsonaro ya fue citado a declarar, si bien optó por guardar silencio y dejó en manos de su defensa la declaración ante los medios en la que negaba que existiera cualquier tipo de trama.
Un día antes de la nueva fase de la operación, Jair Bolsonaro convocó a realizar un acto el próximo 7 de septiembre en defensa de la amnistía para los presos, informó el medio brasileño UOL.
Página/12