La Cámara de Diputados informa que se declaró el estado de Emergencia Informática en el ámbito Legislativo, con el objetivo de garantizar la recuperación, continuidad y protección de sus sistemas y servicios tecnológicos esenciales. Esto, luego del incidente de ciberseguridad detectado el pasado 10 de noviembre.
La medida fue dispuesta por resolución de la Presidencia de la Cámara de Diputados, tras la contingencia informática que afectó la disponibilidad de servicios, archivos y sistemas alojados en los servidores del Poder Legislativo.
Frente a este hecho, se radicó la correspondiente denuncia policial ante la División Delitos Tecnológicos del Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco, a fin de iniciar las investigaciones pertinentes.
Asimismo, se resolvió comunicar oficialmente la situación a los Poderes Ejecutivo y Judicial, organismos de control, municipios, entes descentralizados y empresas del Estado provincial, para preservar la validez de los actos administrativos y evitar perjuicios derivados de la afectación temporal de los sistemas.
Como parte de las medidas adoptadas, se creó el Comité de Emergencia Informática del Poder Legislativo, que tendrá a su cargo la coordinación y supervisión de las acciones necesarias para la gestión, contención, análisis y resolución de la contingencia, así como el seguimiento del proceso de restablecimiento seguro de los sistemas comprometidos.
También se dispuso la suspensión de los plazos administrativos desde el 10 de noviembre y la autorización para realizar las contrataciones y erogaciones necesarias destinadas a atender la emergencia y agilizar la restauración de la operatividad digital.
La Dirección de Sistemas y Comunicación de este Poder llevará adelante los procedimientos técnicos para el restablecimiento de la seguridad informática, con intervención de especialistas y peritos en ciberseguridad.
Finalmente, desde la Presidencia se garantiza que la actividad parlamentaria continuará desarrollándose con normalidad, asegurando la continuidad de las sesiones y el funcionamiento institucional, en el marco de las medidas adoptadas para subsanar los inconvenientes ocasionados.