Ruiz está acusada por supuestas irregularidades en la administración de fondos públicos. La exfuncionaria y su hermano Pablo Ruíz fueron acusados de desviar fondos públicos, a raíz del movimiento de dinero detectado en cuentas del Banco de la Provincia de Neuquén (BPN).
El debate en la Legislatura se extendió por más de cinco horas, fue presidido por Zulma Reina, vicepresidenta primera de la Cámara, y culminó con una votación de 30 votos a favor, alcanzando los dos tercios necesarios para la destitución. Ruiz no asistió a la sesión, pero sus abogados presentaron una defensa que no convenció a la mayoría de los legisladores.
La votación final selló la destitución de Ruiz, quien había sido suspendida preventivamente el 27 de noviembre. Según los legisladores, los argumentos de la defensa no lograron justificar las graves irregularidades detectadas, entre las que se incluyeron contrataciones ilícitas, nepotismo y manejo indebido de recursos públicos.
El primer orador fue Claudio Domínguez, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), enfatizó la amplitud del proceso investigativo, destacando que Ruiz tuvo dos oportunidades para defenderse. Sin embargo, criticó su actitud de “victimización” y su intento de “desviar el foco” de los hechos investigados. Domínguez subrayó que Ruiz reconoció haber utilizado el nombre de su suegra para justificar la compra de una camioneta Toyota SW4, acción que consideró incompatible con las responsabilidades de su cargo.
Por su parte, el diputado Francisco Lépore, de Avanzar, presentó un informe detallado con diapositivas que expusieron las irregularidades detectadas, incluyendo designaciones irregulares, nepotismo, contrataciones directas con sobreprecios y declaraciones patrimoniales falsas. Lépore calificó de inadmisible el uso de fondos públicos para fines personales, como gigantografías y campañas publicitarias que promovían la imagen de Ruiz.
Uno de los puntos más controvertidos fue el manejo de fondos públicos que, según la investigación, involucró transferencias sospechosas a las cuentas personales de Pablo Ruiz, quien se desempeñaba como coordinador en la Legislatura.
El diputado Marcelo Bermúdez, del PRO, afirmó que esta situación revelaba un “grave déficit de gestión” y acusó a Ruiz de faltar a la verdad al negar conocimiento sobre estas transferencias.
Guillermo Monzani, de Hacemos Neuquén, defendió a la secretaria de Cámara, Isabel Ricchini, quien fue señalada por el equipo defensor de Ruiz. Monzani la calificó como la persona “más capacitada del equipo” y cuestionó los intentos de cargar responsabilidades en los trabajadores legislativos.
Los bloques de izquierda y Unión por la Patria solicitaron abstenerse de la votación, argumentando que el proceso estaba “viciado de irregularidades”. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada. Tres legisladores peronistas abandonaron el recinto, mientras que los dos representantes de la izquierda permanecieron intentando mantener su abstención, aunque sus votos fueron contabilizados como negativos. Lorena Parrilli, de Unión por la Patria, calificó el procedimiento como “ilegal e ilegítimo” y sostuvo que “no hay imparcialidad en este juicio político”. Por su parte, Darío Martínez criticó la falta de una ley de Ética Pública que regule situaciones como esta.
Página/12