La decisión llegó en el marco del planteo de Mario Marcelo Bassano, un periodista local autodeclarado peronista y referente de la defensa de los consumidores, quién planteó que el decreto lo colocaba en riesgo de ser objeto de detenciones arbitrarias, espionaje o persecución ideológica debido a su actividad profesional y posturas políticas. Sin embargo, el juez destacó que estos planteos se basaban en supuestos y temores abstractos, sin demostrar un vínculo concreto entre la norma impugnada y una afectación específica a sus derechos.
El juez Martín consideró que el accionante no logró acreditar un interés jurídico diferenciable ni una lesión actual que justificaran su pretensión, elementos indispensables para este tipo de acciones. La sentencia recordó que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, las acciones de inconstitucionalidad requieren una legitimación activa fundada en una lesión personalizada, y no en meras especulaciones sobre posibles abusos futuros.
El fallo también hizo hincapié en que el ordenamiento jurídico argentino no admite acciones populares de inconstitucionalidad, es decir, aquellas que pueden ser ejercidas por cualquier ciudadano sin acreditar un perjuicio directo. En este sentido, el juez subrayó que, si bien es válido el interés general en la defensa de la Constitución, la legitimación procesal exige una tutela diferenciada, tal como lo establece el artículo 43 de la Constitución.
Pese al rechazo de la acción principal, el juzgado decidió remitir los antecedentes a un fuero penal para que se evalúe la procedencia de un habeas corpus preventivo, en atención a los delicados derechos en juego.
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