La diputada Tolosa Paz y la provincia de La Rioja fueron aceptadas como querellantes en una denuncia penal por supuesto desvío de más de un billón de pesos de fondos del SISVIAL y podrán impulsar el caso.
El juez federal Ariel Lijo requirió al Gobierno que brinde información sobre fondos destinados a obras viales y mantenimiento de rutas nacionales que, según una denuncia, habrían sido desviados para colocarlos en instrumentos financieros.
Fuentes judiciales confirmaron que el juez Lijo pidió información al Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. También libró informes a la Dirección Nacional de Vialidad.
Se trata de denuncias que realizaron la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador Ricardo Quintela en representación de la provincia de La Rioja en la causa que investiga el destino de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
Tolosa Paz y la provincia fueron aceptados como querellantes, por lo que podrán impulsar el caso y, por ende, pedir medidas de pruebas. Según la denuncia de la provincia de La Rioja, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional.
La presentación señala además que durante los primeros dos años y medio de la actual gestión del gobierno de Javier Milei se asignaron al sistema aproximadamente $1,5 billones, pero sólo $394.406 millones fueron efectivamente aplicados a obras y mantenimiento vial. La diferencia representa una subejecución estimada del 73,8%, consigna la denuncia.
La denuncia penal de Tolosa Paz acusa formalmente al ministro de Economía Caputo, y a funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco Nación, por la presunta malversación de caudales públicos agravada y el desvío ilegítimo de más de 1,5 billones de pesos recaudados mediante el impuesto a los combustibles.
El dinero recaudado por ley tiene una afectación específica para el Sistema Vial Integrado (Sisvial), destinado exclusivamente al mantenimiento, desarrollo y reparación de las rutas nacionales.
La denuncia de la diputada sostiene que, en lugar de girar los fondos a las obras viales, el Ministerio de Economía utilizó los recursos para colocarlos en instrumentos financieros, tales como plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones.
El juez Lijo pidió además a la Sindicatura de la Nación y a la Auditoría General de la Nación que explique si se realizaron informes de auditoría, observaciones o actuaciones relativas al fideicomiso decreto 976/01 y a la cuenta especial SISVIAL desde el año 2024 a la fecha.
Las medidas ordenadas por el magistrado apuntan a reunir toda la información vinculada a expedientes, partidas presupuestarias, colocaciones financieras con fondos de Sisvial, para avanzar en la denuncia.
La Rioja sostiene que la falta de ejecución de esos fondos produjo un perjuicio sobre su territorio, donde el Estado provincial debió afrontar con recursos propios tareas que corresponden a la jurisdicción nacional.
Por otra parte, Tolosa Paz consiguió que un juez de La Plata habilitara el trámite de un amparo colectivo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires, financiados con fondos del fideicomiso creado por el decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.
El fallo firmado por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes urgentes a tres organismos del Estado.
C5N