La Justicia Penal acaba de revertir una de las decisiones más controversiales de la Superintendencia de Servicios de Salud. Con un fallo especialmente duro con la gestión del Superintendente Gabriel Gonzalo Oriolo, dejó sin efecto el Decreto de Javier Milei y determinó que deberán devolver el control de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA) a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
El magistrado, además, le pide a Oriolo que presente los informes en los que se basa para haber tomado la decisión de designar un normalizador y, mientras tanto, se ordenó ”la suspensión preventiva de los efectos la resolución fecha 05/08/2024 RESOL-2024-1612-APN-SSS#MS”, con la que se intervino la institución ”haciendo saber a la Superintendencia de Servicios de Salud y a toda entidad institucional y bancaria que corresponda, que se abstenga de ejecutarla”.
El fallo llega luego de la presentación judicial del líder de la UATRE, José Voytenco, patrocinado por el Gerente de Asuntos Jurídicos de la Osprera Lucas Eksiyan, con el asesoramiento del abogado Luciano Podestá. Allí detallan una serie de irregularidades en todo el proceso administrativo. Entre ellas, explican, que la Superintendencia presentó una serie de requerimientos que debían ser contestados antes del 22 de agosto, pero que el 5 del mismo mes, sólo un día hábil luego de solicitarlos, resolvió la intervención.
Para el Juez, el estado contable ”crítico” que describe la Superintendencia como argumento para la intervención no se condice con el ”análisis preliminar del ejercicio contable cerrado al 31/12/2023” en el que ”se advierte resultado positivo del ejercicio contable y con respecto a las deudas se advierte que las mismas han disminuido”.
Según el análisis del juzgado, tampoco coincide con la realidad el repaso de la situación prestacional que se detalla en la Resolución ni su nivel de litigiosidad. En ambos casos se presentan cifras muy por encima de los que pueden constatar efectivamente.
Además, se tomó la denuncia contra el propio Oriolo, así como contra los titulares de las diversas áreas técnicas que hayan suscripto la Resolución, por el presunto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
También se investigará la denuncia por asociación ilícita y tráfico de influencias, contra el propio Oriolo, los funcionarios técnicos de la Superintendencia y contra el Diputado Nacional Pablo Ansaloni, ”por asociación ilícita y tráfico de influencias, con el fin de desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de la OSPRERA y hacerse el control de la Obra Social”.
Vale recordar que el propio Ansaloni, actual diputado de La Libertad Avanza, tuvo un paro por OSPRERA en el pasado cercano y que su gestión terminó con una denuncia que todavía se tramita en la justicia por una presunta defraudación multimillonaria de la institución de salud.
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