La Justicia federal de Reconquista procesó a 14 exdirectivos de la empresa Vicentin Saic y a la firma, por estafa al Estado con facturas apócrifas. La resolución ordena embargos e inhibiciones. La denuncia penal fue presentada por AFIP el 21 de agosto de 2020 y el procesamiento del juez Aldo Alurralde es por el delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, en relación a maniobras realizadas mediante facturas apócrifas y proveedores inexistentes, en el período de 2016 a 2019. La decisión judicial da cuenta de algunos datos llamativos: uno de los falsos proveedores figuraba con domicilio legal en una escuela, otro en una casa de familia -con nulo vínculo mercantil-, y hasta en el Océano Pacífico, según geolocalización. El monto del perjuicio fiscal se estima en 143 millones de pesos.
La resolución alcanza a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Herman Vicentín, Oscar Vicentin, Rubén Vicentin, Norma Vicentin y a la empresa. Todos transitan el proceso en libertad. Además, la resolución “traba embargo sobre sus bienes, y para quienes no tienen bienes a su nombre, inhibición hasta cubrir 100 millones de pesos por cada uno”, publicó el portal ReconquistaHoy.
Por el delito que se les endilgó, y en caso de llegar a condena, la ley prevé prisión de tres años y seis meses (como mínimo) a nueve años de prisión. En este caso, se incluyó el agravante por la comisión delictiva con participación de dos o más personas, lo que eleva la posible pena a un mínimo de cuatro años.
La denuncia apuntó a maniobras a través de solicitudes de reintegro del IVA. E indica que de las tareas de fiscalización, “se verificó” un aprovechamiento indebido “de reintegros de IVA por exportaciones, con base en la utilización, registración y presentación de facturas comprobadamente apócrifas, emitidas por decenas de supuestos proveedores, habiendo percibido de ese modo sumas de dinero por parte del Fisco Nacional en los años 2016, 2017, 2018 y 2019”.
Al mismo tiempo se agrega que “en los actos administrativos mediante los cuales se impugnan las operaciones declaradas por la exportadora con proveedores apócrifos, se encuentra efectivamente constatado que la firma percibió en los períodos 2016 a 2019 sumas millonarias por parte del Fisco Nacional en concepto de reintegros”.
Para el ardid defraudatorio, seleccionaban “personas físicas o jurídicas con las que supuestamente contrataban, luego asentaban las operaciones mendaces y, más tarde, se pedía el reintegro de tributos que no pagaron porque los negocios jurídicos nunca existieron”.
“Se tomó declaración indagatoria y tuve todos los elementos reunidos en la causa para el procesamiento”, dijo el juez federal de Reconquista, Alurralde, endeclaraciones radiales. “Se trata de empresas fantasmas, había un domicilio declarado en el medio del océano Pacífico y otro en una escuela pública”, dijo el magistrado.
El fallo agrega sobre esas direcciones que “a pesar de haberse intimado la corrección o denuncia de domicilio real, nunca lo consignaron ante el Ente Recaudador. Claramente esta actitud sindicaría una maniobra defraudatoria”.
Además, la resolución apunta a que para estafar al Estado generaron proveedores inexistentes, transporte de granos con evidentes signos de desuso y deterioro, impropios del giro comercial fingido y con movimientos bancarios que no se corresponden con la facturación; insuficientes empleados en relación de dependencia para cumplir con las tareas que demanda su funcionamiento o directamente inexistentes; que los vehículos incluidos en las Cartas de Porte no eran aptos para el transporte de mercaderías. En total, el fallo menciona unos 54 proveedores inexistentes.
Otro dato que agrega la resolución es que “surgía la inequívoca conclusión de la cuasi nula capacidad económica y financiera de realizar una operación o que tal negocio jurídico le permita la sustentabilidad de la supuesta empresa”. Aunque la defensa sostuvo que las operaciones existieron, para el magistrado, el accionar defraudatorio lesiona en “detrimento a la arcas fiscales -y a demás necesidades públicas que se cubren con esos fondos-, y los derechos de las demás empresas que compiten en forma desigual al cumplir las normas tributarias”.
Además de este expediente, directivos y exdirectivos de Vicentin tienen otras causas penales. Una de ellas está en trámite en la justicia provincial, donde están imputados por el fiscal de delitos complejos, Miguel Moreno, por estafar en 500 millones de dólares a numerosos acreedores.
Para el diputado provincial Carlos del Frade, la resolución “remarca la necesidad de seguir investigando la fuga de 791 millones de dólares, la deuda de más de 1.500 millones de dólares, las maniobras de subfacturación de exportaciones y distintas maniobras de lavado de dinero que hicieron posible que Vicentin entregara al negocio exportador de cereales y derivados, el principal de la Argentina, a manos de sus socios extranjeros de Viterra, haciendo papel picado la ilusión de la soberanía económica y generando mayor empobrecimiento de nuestro pueblo”. En ese sentido, planteó: “Una vez más lamentamos la decisión de la Legislatura de Santa Fe de no continuar con la comisión de Seguimiento de una de las mayores estafas de la historia argentina que, además, tiene estricta relación con negocios ilegales. La impunidad de los delincuentes de guante blanco es estructural y funcional al saqueo permanente que sufre nuestro pueblo”.