El Gobierno nacional apelará la resolución judicial que suspende los efectos del proceso de consulta pública establecido por resolución de la Secretaría de Transporte, según confirmaron a Télam fuentes del Ministerio de Infraestructura.
Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno para recurrir la medida, se basan en que “no se solicitó un informe previo al fallo”, ya que, según entienden, “se requiere un informe previo al dictado de una medida cautelar contra el Estado. Y esto no ocurrió”, apuntaron las fuentes.
Señalaron que esta instancia “está reglamentada en el art. 4° de la ley 26.854, donde dice que solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”.
La audiencia pública había comenzado el lunes y debía desarrollarse durante tres días, finalizando a las 24 del miércoles. Pero tres horas antes de la finalización de la audiencia, a las 21, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, interpuso una cautelar que provocó la interrupción del proceso.
Hasta ese momento, de acuerdo con lo indicado por las fuentes, se habían realizado 220 consultas y se habían respondido todas.
Las fuentes destacaron que “estas audiencias públicas se realizan desde el 2018”, y que “no es una novedad” ya que “se vienen haciendo hace casi seis años”.
Puntualizaron que “en 2022 (del 26 al 28 de diciembre), cuando se hizo una instancia de participación ciudadana igual a la de ahora (para aumentar tarifas mensualmente por IPC), hubo solamente 28 comentarios y 14 personas que participaron. Mientras que, en la instancia de participación ciudadana de ahora, se realizaron 245 comentarios en total”.
La Justicia Federal suspendió el miércoles la convocatoria a la audiencia pública realizada por la Secretaría de Transporte con el fin de tratar los aumentos en el cuadro tarifario de trenes y colectivos, por no haberse garantizado el adecuado procedimiento de participación ciudadana requerido por ley.
El fallo fue dictado por el juez Ernesto Kreplak, a cargo interinamente del juzgado en lo civil, comercial y contencioso administrativo de Lomas de Zamora.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora admitió el recurso de amparo presentado por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que cuestionaba el sistema dispuesto por Gobierno, que consistía en que los ciudadanos dejen comentarios en una página web.
En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, se planteó: “No resulta atinente realizar la consulta pública mediante un sistema al que no todos los usuarios tienen acceso y que a su vez, contiene fallas tecnológicas, impidiendo el cumplimiento de su finalidad, de modo que los ciudadanos que deseen participar puedan dar su opinión”.
La Resolución 1/2024 de la Secretaría de Transporte, publicada el viernes 19 de enero, había establecido un plazo de tres días hábiles administrativos para que las personas interesadas presenten sus opiniones y propuestas a través del sitio web del organismo.
“Es insólito que hayan convertido la audiencia pública del aumento de transporte en un formulario web en el que realizas un comentario de hasta 5.000 caracteres y finaliza la participación. De esta manera, anulan cualquier instancia de intercambio y debate, y convierten la audiencia en un posteo de redes. No se puede encarar un proceso que afectará el ingreso de millones de familias a espaldas de la ciudadanía”, expresó Gray en el documento presentado ante la justicia el pasado martes.
“Estoy muy preocupado por el esquema tarifario que propone el gobierno nacional. Aumenta el costo de los boletos de colectivos en un 251% y de trenes del 169% al 247%, según la línea”, agregó el jefe comunal bonaerense.
“Cada mañana, miles de vecinas y vecinos de nuestro distrito se trasladan a sus trabajos y en muchos casos toman dos y tres transportes públicos. Estos aumentos, junto a los anunciados de luz y gas, sólo les dificultarán más la vida a las trabajadoras y los trabajadores”, subrayó.
El recurso judicial presentado por Gray también enfatizaba en la falta de información pública adecuada y la ausencia de tiempo necesario para evaluar el nuevo cuadro tarifario y efectuar un análisis previo pormenorizado de los antecedentes de las tarifas, lo que afecta el ejercicio pleno del derecho de participación y defensa de las usuarias y los usuarios.
El viernes pasado, la Secretaría de Transporte dispuso la apertura de la instancia de participación ciudadana para los aumentos de tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por reducciones de subsidios, en el que se propone un incremento que llevará a $270 el boleto mínimo de colectivo y a $130 en el caso del tren, a partir del 1 de febrero próximo.
De esta forma, el nuevo cuadro tarifario prevé aumentos de 251% y 169% para el boleto mínimo de colectivo y el pasaje de tren, respectivamente.
Fuente: Télam