El Juzgado Federal de Viedma, a cargo del juez subrogante Ezequiel Humberto Andreani, rechazó por falta de legitimación dos demandas en las que se había demandado al Estado Nacional, en uno caso acompañado por la Secretaría de Transporte y en otro por el Ministerio de Economía, por la eliminación del fondo de compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del País (Fondo Compensador del Interior) y, por otro lado, la omisión de realizar las transferencias automáticas diarias, ordenadas por dec. 459/2006, en torno a fondos de educación
En uno y otro caso se presentaron como intendentes y legisladores, pero realizando distintas salvedades en atención a las temáticas planteadas.
Respecto al planteo contra el Ministerio de Economía y el Estado Nacional, los actores invocaron la representación de los ciudadanos de Río Negro por su condición de Intendetes y Legisladores provinciales “en defensa de la comunidad y como titulares del derecho a la educación”. Particularmente en el caso de los intendentas/es señalaron que son quienes “proyectan las políticas educativas del gobierno provincial y en el marco del federalismo, hoy vulnerado”. Por su parte, los legisladores, se refirieron como “representantes del pueblo” y contemplando entre sus atribuciones la de “litigar en juicio en resguardo de los derechos cuya protección pusieron a su cargo”. En conjunto concluyendo que “asumen habilitada su legitimación al encontrarse comprometido el interés público y social así como normas de distinta jerarquía y en la permanencia del orden político, la defensa del federalismo, la paz social, el bien común y la justicia” a su vez que se refugiaron “en el derecho a la buena administración de la que se le imponen la responsabilidad de servir a los intereses generales, con apego a la legalidad, juridicidad y la razonabilidad, objetividad, imparcialidad y transparencia, todos inherentes a la soberanía del pueblo y a la forma republicana de gobierno”.
En cuanto a la demanda planteada contra la Secretaría de Transporte y el Estado Nacional, los intendentes señalaron que la Provincia durante el mes de octubre de 2023 había firmado con el Estado Nacional la “IV adenda al convenio suscripto el 28 de febrero de ese año correspondiente a la prórroga de lo establecido originalmente por la Resolución 86 del MTN, la cual fue ratificada por el Dcto. 12549/23”, considerando un avasallamiento la eliminación del fondo por lo que a estos correspondía cuestionarlo dado que produce la afectación al orden jurídico institucional federal y estadual. A su vez, agregaron que que tal medida afecta a los ciudadanos usuarios de las diferentes comunas por ellos representadas. En lo atinente a los legisladores, también invocaron su condición de usuarios del servicio y replicaron los intereses que hacen a su cargo -transcritos en el párrafo anterior-.
Al momento de dictaminar el fiscal federal, en ambos casos, concluyó que los actos u hechos lesivos cuestionados son llevados a cabo por las autoridades nacional con funciones, residencia y público despacho en la Ciudad de Buenos Aires (en relación a la competencia por territorio), y, por otro lado, que las medidas afectan a todas las provincias del país en similar forma. Perspectiva por la cual de implicarse a varias provincias, esta cuestión debería ser dirimida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por último, en cuanto a la legitimación activa, cuestión que resultó definitoria en ambas causas, el Juzgado Federal de Viedma declaró la falta de legitimación activa de los accionantes y, en consecuencia, rechazó las demandas.
La causa que inició la provincia de Río Negro por fondos educativos
Por su parte, ante ese mismo juzgado federal, tramita una acción de amparo de la provincia -representada por el señor Fiscal de Estado- para que el Estado Nacional “cumpla sus deberes legales de financiamiento Educativo que a partir del 01/01/2024 han dejado de ejecutar”.
En dicho expediente, que se encuentra en pleno trámite, se ordenó que la Nación informe sobre la cautelar pedida por la provincia y sobre el planteo principal en el amparo. El Poder Ejecutivo Nacional deberá contestar en los próximos días y, a partir de allí, el juez podrá decir si admite lo requerido por Río Negro.
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