Por un lado, como ya informó Ámbito, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que no había retardo de justicia en alguno de los tramos que componen el mega expediente, pero a su vez, otra sala opinó en sentido inverso y ordenó al Tribunal Oral Federal N°7 a fijar fecha para el juicio oral.
Son dos tramos distintos. Uno es “GNL” -casi un capítulo originario desde el cual se colgó todo el resto del expediente para que lo pudiera instruir el juez Claudio Bonadio-, y el otro, uno que refiere a una ex empleada de Julio De Vido, procesada por supuesto lavado de activos fruto de un presunto enriquecimiento irregular. Como ya se mencionó existen cerca de 160 imputaciones en ese caso por pagos irregulares de empresarios a las entonces autoridades del Ministerio de Planificación y pedidos para que declaren como testigos 1.800 personas.
Parte de lo que ya se ha ido desgranando con el correr de los años fueron los “pagos humanitarios”, con los que se desvinculó a Techint y sus principales autoridades, con anuencia de la Cámara Federal de Comodoro Py. Ahora, Casación le agrega una derivación a la justicia electoral que ya había sido explorada por otro grupo de maniobras que quedaron derivadas a ese fuero por tratarse de presuntos aportes irregulares a las campañas del entonces Frente para la Victoria.
En ese sector quedó comprendido un feroz dictamen del fallecido fiscal Jorge Di Lello que había impugnado por irregulares las declaraciones de los arrepentidos, piedra basal de la causa a instancias del fiscal Carlos Stornelli, por no contar con un registro fidedigno para su reproducción y haber estado siempre teñidas por sospechas de presiones para evitar prisiones preventivas, en la etapa de auge del expediente que incluía razzias a los principales empresarios de obra pública del país.
Con la firma de los camaristas Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques se resolvió un recurso que presentó el ex titular de la empresa IECSA, Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri y de su segundo, Héctor Javier Sánchez Caballero. Debía definir una inhibitoria de la justicia electoral, recordando su rol como imputado colaborador y haber reconocido una serie de pagos, destinados -presuntamente- al financiamiento de campañas electorales. Casación rescató una coincidencia de fechas para resolver de ese modo con las PASO de 2013 y 2015.
La fiscalía de juicio a cargo de Fabiana León y el propio TOF 7 se habían opuesto porque quedaba enmarañada una cuestión técnica por el fuero de atracción que resultaba el electoral. Había precedentes: Hugo Eurnekian, Manuel Santos Uribelarrea y Alejandro Ivanissevich habían tenido un destino similar porque se entendió que los pagos habían sido “aislados, específicos” para ser juzgados por le ley electoral. Casación ahora expresó que es determinante que no se hubiese evaluado que los propios imputados afirmaron el destino de los aportes, lo que determina la competencia material.
Para los jueces, la instancia anterior omitió evaluar esto, lo que coincidiría con las anotaciones de Oscar Centeno, en la fechas señaladas. La conclusión es que esta dirección no es novedosa como destino de algunos de los imputados en la causa “Cuadernos”, pero supone que con el paso del tiempo, existen las más variadas soluciones que impactan en un expediente confuso, cuyo principal defecto ha sido siempre cómo fue investigada.
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