Dedicada a la producción de granos y algodón, la empresa con sede en Charata arrastra una deuda bancaria superior a $16.200 millones y más de 40 cheques rechazados. El proceso judicial ya está en marcha.
Una empresa agrícola con base en el sudoeste chaqueño, que en los últimos años había ganado visibilidad por su financiamiento en el mercado de capitales, terminó formalizando su presentación en concurso preventivo de acreedores. Se trata de Italar SRL, una firma dedicada a la producción agropecuaria que, tras varias campañas adversas, avanzó en un proceso judicial para intentar ordenar su pasivo y negociar con sus acreedores.
La compañía había emitido obligaciones negociables y otros instrumentos de corto plazo en la plaza local, pero desde fines de 2025 comenzó a mostrar señales claras de estrés financiero. La situación derivó primero en una cesación de pagos, comunicada en octubre pasado, y luego en la apertura formal del concurso, que quedó firme por sentencia judicial en diciembre.
Según consta en el expediente “Italar SRL s/ Concurso Preventivo”, la causa se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral N°1 de Charata, a cargo del juez Claudio Silvio Hugo Longhi. La apertura del proceso fue dispuesta por la Sentencia N°124 del 4 de diciembre de 2025, mientras que en enero de este año se publicaron los edictos correspondientes.
El juzgado fijó como fecha límite el 30 de abril de este año para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la síndica designada, la contadora Claudia Luisa Elizabeth Giménez, con domicilio constituido en la ciudad de Charata.
De la emisión en el mercado al incumplimiento
Italar no es una empresa masiva ni de alcance nacional, pero sí había logrado acceder al financiamiento bursátil, un canal que en los últimos años se volvió clave para muchas firmas agropecuarias medianas. En octubre de 2025, sin embargo, la compañía informó que no pudo afrontar el pago de la octava cuota de sus obligaciones negociables clases A y B, lo que marcó el inicio formal de la cesación de pagos.
En esa comunicación, atribuida a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa explicó que atravesaba una pérdida de hasta el 95% de su capacidad productiva, como consecuencia de campañas consecutivas con bajos o nulos rendimientos. El impacto de la sequía y de factores biológicos, como la chicharrita del maíz, golpeó de lleno a la región chaqueño-santiagueña y dejó a muchas explotaciones con márgenes negativos.
El incumplimiento financiero no quedó limitado al mercado de capitales. Con el correr de los meses, los registros oficiales comenzaron a reflejar un deterioro acelerado de su perfil crediticio, tanto en el sistema bancario como en el circuito de pagos.
De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Italar registra actualmente una deuda bancaria superior a $16.200 millones. Un punto central es la calidad de ese pasivo: la mayor parte se encuentra clasificada en situación 3 y situación 4, categorías que el regulador asigna a deudores con problemas financieros y con alto riesgo de insolvencia, respectivamente.
A ese cuadro se suma un volumen creciente de cheques rechazados. Los registros muestran más de 40 cheques sin fondos, por un monto que supera los $1.100 millones, una señal clara de las dificultades de liquidez que enfrenta la empresa.
Estos indicadores marcan un empeoramiento respecto de octubre pasado, cuando la firma ya acumulaba cheques rechazados y un endeudamiento elevado, pero aún no había formalizado el concurso. El cierre del crédito bancario y la imposibilidad de refinanciar vencimientos terminaron por empujar a la empresa a la vía judicial.
Fundada en 2002 en Charata, Italar comenzó como prestadora de servicios agrícolas, para luego expandirse a la producción propia de maíz, soja, girasol y algodón, con una superficie sembrada que llegó a superar las 11.000 hectáreas, mayormente sobre campos arrendados. En los últimos años también avanzó en la transformación del algodón, con foco en la producción de hilo certificado.
El concurso preventivo abre ahora una etapa clave para definir si la empresa logra reordenar su pasivo y sostener la actividad, en un contexto regional todavía marcado por la volatilidad climática y financiera. Para el mercado, el caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan las agrícolas medianas que combinaron apalancamiento financiero con campañas productivas adversas.