Más del 40% de los ocupados son informales y cinco de cada diez no tiene lo suficiente para cubrir alimentos y servicios. Así, mientras el presidente Javier Milei se refirió en sus redes a lo que llamó “Pettovello’s masterclass” respecto de lo que sería una baja de la pobreza (en base a datos del Ministerio de Capital Humano) lo cierto es que una radiografía actual de las provincias (en base a datos del INDEC) permite apreciar que la informalidad laboral crece en las regiones del país con niveles que superan incluso (en más de veinte puntos) al ya elevado porcentaje nacional.
De esta manera, pese a tener un puesto de trabajo, miles de argentinos no llegan a cubrir lo necesario de una canasta de bienes y servicios básica. Además, el porcentaje aumenta en algunas ramas de la actividad más afectadas por la no registración como es el caso del Servicio doméstico y la Construcción (en torno al 77%), sectores fuertemente golpeados por la crisis económica, y con una pérdida sostenida de fuentes de trabajo (desde que asumió La Libertad Avanza retrocedieron -22.000 y -62.000 puestos, respectivamente). También se observan diferencias por tipos de empresas ya que los establecimientos con más de 40 asalariados indicaron una tasa de informalidad del orden del 11%, que se eleva al 66% en empresas de hasta 5 asalariados (el empleo en pequeñas empresas da cuenta de casi el 50% del empleo total).
Como resultado de esta coyuntura, en el primer quintil de ingresos laborales (20% de trabajadores con menores salarios) ocho de cada diez trabajadores tienen un puesto informal. Al desagregar, se advierte que el empleo sin registración en los asalariados es del 36,3%, mientras que escala al 61,3% en los trabajadores por cuenta propia. Estos números explican el creciente fenómeno de trabajadores pobres, es decir, personas que aún con un puesto de trabajo viven en situación de pobreza.
Si se compara con otros países de América Latina -región de alta informalidad y la precariedad laboral- Argentina se ubica en una situación intermedia: Uruguay, Chile y Brasil registran tasas de informalidad de entre 23% y 33% y, en el otro extremo, Ecuador y Paraguay tienen tasas cercanas al 60%.
Panorama de la informalidad provincial
El 42% de las y los asalariados argentinos trabajan de manera informal y, de ese total, cinco de cada diez son pobres es decir que, pese a estar ocupados, como consecuencia de las malas condiciones laborales, no llegan a cubrir una canasta básica de bienes y servicios para sus familias. Si se desagrega ese empleo informal se observa que los asalariados tienen una tasa de informalidad del 36,3%, mientras que en los trabajadores por cuenta propia escala al 61,3%.
Los datos se desprenden del último informe presentado por el Área de Empleo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA) y muestran que, en el primer trimestre de 2025, cuatro de cada diez trabajadores no estaban registrados en la Seguridad Social, es decir, no estaban cubiertos por la legislación laboral, dando cuenta de un aumento de 1,2 puntos respecto de un año atrás. “Mirando desde 2003, la tasa de informalidad se ubicó en un valor idéntico al del segundo trimestre de 2008 (año de la crisis financiera global). Desde entonces hasta la irrupción de la pandemia a comienzos de 2020 la tasa de informalidad se mantuvo en valores entre 32% y 37,7%” aclararon los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria. Es decir que la tasa de comienzos del 2025 es superior a la registrada a lo largo de ese período.
A su vez, una radiografía actual de la informalidad laboral permite conocer qué sucede a la largo y ancho del país. Los resultados por regiones son poco alentadores: sólo tres arrojaron tasas de informalidad más bajas que el promedio (Gran Buenos Aires: 40,4%; Región Pampeana: 39,8% y la Patagónica: 26,6%). Por el contrario, las regiones Noroeste (NOA), Cuyo y Nordeste (NEA) son las que exhiben mayor incidencia, con tasas superiores a la media del país (54,2%, 50,2% y 49,2%, respectivamente).
En sintonía, cuando se desagrega a nivel de aglomerados se detecta que “los correspondientes a la región Patagónica están entre los de menores tasas de informalidad incluyendo desde Ushuaia con 20% hasta Viedma -Carmen de Patagones con 33%”, sin embargo, los valores de las otras regiones indican situaciones muy heterogéneas. Por ejemplo, en NOA, La Rioja tiene una tasa de informalidad de 40%, mientras que Gran Tucumán-Tafí Viejo exhibe la tasa más elevada entre el total de los aglomerados (62%). En Cuyo, por su parte, Gran Mendoza presenta una tasa del 46,9%, mientras que la de Gran San Juan se eleva al 57,2%.
En cuando a las ramas de actividad de mayor peso en cada provincia, presentan características disimiles. Así, por ejemplo, el Sector Público (que incluye tanto la administración pública como los servicios de educación y salud públicos) y los Servicios Financieros, tienen una incidencia del 9,4% y 21,9% en la informalidad mientras que, en otra punta, es posible detectar entre los más afectados al Servicio Doméstico (77,0%) y la Construcción (76,7%). A su vez, es el Comercio el que muestra la mayor proporción del empleo informal total tanto porque tiene una incidencia mayor al promedio (53%) como porque concentra un porcentaje importante del empleo asalariado total (22%), de acuerdo al informe “Panorama del empleo asalariado informal y la pobreza laboral”.
Si se suma otra variable de análisis vinculada al tamaño de la empresa se advierte que la tasa de informalidad en establecimientos de más de 40 asalariados es del orden del 11%, en tanto que se eleva al 66% en empresas de hasta 5 asalariados (el empleo en pequeñas empresas da cuenta de casi el 50% del empleo total). Frente a ello, la reforma laboral que aprobó el gobierno de Milei en 2024 promueve que un trabajador “independiente” pueda contratar “hasta otros tres trabajadores independientes (colaboradores) para llevar adelante un emprendimiento productivo”, es decir que, lejos de incentivar la creación de fuentes de trabajo formales se termina legalizando la informalidad ya vigente.
Por último, otro punto a considerar tiene que ver con el nivel educativo. En lo concreto, la tasa entre los asalariados con nivel educativo universitario completo fue del 16,3%; porcentaje que escala 26,6 puntos porcentuales adicionales (42,9%) entre los trabajadores con nivel educativo intermedio (secundario completo o universitario incompleto), para alcanzar el 65,4% entre los trabajadores que no completaron la educación media. En otras palabras, los trabajadores de menor nivel educativo experimentan una probabilidad de ser informales cuatro veces más elevada que la quienes lograron acceder a un mayor nivel educativo.
El impacto en las condiciones de vida
La brecha salarial entre asalariados registrados e informales evidencia una “penalidad” salarial del 41%. Esto es: si un asalariado formal tiene un salario mensual de 100.000 pesos, un trabajador informal con igual nivel educativo, edad, en la misma región, trabajando en la misma rama de actividad y en una empresa de igual tamaño tiene una remuneración mensual de 59.000 pesos.
Como resultado, crece la cantidad de informales en los deciles de menores ingresos de la población. En detalle, en el primer quintil de ingresos laborales (20% de trabajadores con menores salarios) ocho de cada diez trabajadores tienen un puesto informal. En contrapartida, en el 20% de mayores salarios, la incidencia se reduce a 9%.
Lo anterior da cuenta del creciente fenómeno de trabajadores pobres, es decir, personas que aún con un puesto de trabajo viven en situación de pobreza. Al respecto, casi el 30% del conjunto de los asalariados vivían en un hogar pobre, lo que asciende al 45% entre los informales. Cuando se hace la comparación entre el ingreso laboral mensual y el valor de la canasta de bienes y servicios básicos (línea de pobreza individual) también se observa una gran discrepancia ya que mientras que el 48% de los ocupados informales recibe un inferior al valor de esta canasta, ello sucede en el 6% de los formales. En definitiva, “estas cifras muestran que tener un puesto de trabajo en Argentina no es un reaseguro para vivir fuera de la pobreza”, cerraron desde el IIEP-UBA.
Perspectivas nada alentadoras
El estrés económico -percepción sobre la capacidad de los ingresos totales para cubrir necesidades básicas y sostener niveles de consumo y ahorro- alcanzó al 50% de la población, según un relevamiento realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA. Se trata de un registro récord desde la post-pandemia en 2021. “El sentido común del ‘no me alcanza’ muestra una visión más realista de la pobreza por más que sea un factor subjetivo”, señalaron desde el centro de estudios.
Este escenario, lejos de modificarse en el corto y mediano plazo, podría agravarse hacia adelante. En detalle, desde el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyd) de la UNSAM, señalaron que “el empleo formal está estancado y el poder adquisitivo que no crece” siendo “las dos reglas centrales de este modelo económico”. El último monitor de empleo y salarios que elabora dicho espacio arrojó proyecciones nada alentadoras.
Por un lado, “desde mediados de 2024, el empleo formal privado no crece, y el Indicador Predictivo nos indica que durante abril, mayo y junio el estancamiento continuará porque las actividades que crecen son las que menos empleo generan”, anticiparon. Finalmente, en materia salarial, “los datos muestran que en mayo pasado las paritarias empataron la inflación por primera vez en 4 meses (aumento promedio del 1,5%) pero la mayoría de los sectores fijaron acuerdos menores al incremento de precios, solo unas pocas que venían rezagadas lograron acuerdos un poco más altos y equilibraron el promedio del mes”. Así las cosas, “el poder adquisitivo del salario toca el techo que tenía al inicio de la gestión de este gobierno”.
El Destape