El fiscal federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Amad, resolvió ampliar la investigación sobre el presunto otorgamiento de pensiones de discapacidad truchas en localidades del interior de la provincia del Chaco que, según una auditoría de la Andis, ascendería a más de 23 mil casos.
Vale recordar que la primera causa se inició con respecto a supuestas pensiones truchas otorgadas en la localidad de Taco Pozo en la que se encuentra imputado el intendente local, Carlos Ibáñez.
“Mientras nosotros estábamos investigando lo de Taco Pozo, a mí se me ocurrió preguntarle a la Agencia Nacional de Discapacidad cuántas pensiones más había y me contestaron que había 23.206 pensiones más”, explicó Amad. Las mismas corresponden a localidades como Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, Las Breñas, General Pinedo, General San Martín, entre otras.
“Son muchas más de las pensiones que nos informaron en su momento, porque se extendió a otras localidades que en principio yo no había preguntado”, insistió.
En ese contexto, Amad reconoció que “lo de Taco Pozo también nos enseñó cómo era el sistema de trazabilidad del legajo médico y demás, así que en ese sentido vamos a ir un poco más rápido, pero el volumen es muchísimo, tomando en consideración lo que pasó en Taco Pozo y con los demás porque en Taco Pozo son 700 y pico y acá hay más de 23.000 casos”.
El fiscal federal admitió que “no sabría decirte a esta altura si hay una organización de médicos o de prestadores de servicios de salud que tengan que ver con esto, o son casos aislados que tienen que ver con personas determinadas en lugares determinados”.
Amad reveló que también abrió investigaciones en las provincias de Salta y Jujuy por la actuación de un médico que lo había hecho en Taco Pazo. “En Salta hay un total de 55 o 56 mil pensiones y en Jujuy hay unas 23.000, 24.000 pensiones por incapacidad o discapacidad. Ahora bien, hay que entrar a mirar en Jujuy, en Salta, en el Chaco, igual que hicimos en Taco Pozo, determinar cuál es, digamos, ilegal y cuál no lo es”.
Por otro lado, el funcionario del Ministerio Público Fiscal reveló que en base a estas investigaciones “se han suspendido bastantes pensiones, también he sabido que hay gente que ha renunciado en los primeros días del mes de diciembre del año pasado, hay gente que renunció en enero de este año y algunos que siguen cobrando, pero la pensión, el beneficio que en principio para Andis, es sospechoso, se corta”.
“La provincia del Chaco, lastimosamente, tiene aproximadamente 100.000 pensiones, son 99.000 y fracción, lo cual a mí me parece que es una vergüenza desde el punto de vista que no puedo entender cómo hay casi 100.000 personas que son discapacitadas en la provincia, que yo calculo que ese no es el valor, es mucho menor, lo cual da cuenta de que hubo personas que utilizaron estos beneficios como, qué sé yo, para hacer política de mala manera”.
“Porque hay gente que salió a decir que esto eran ayudas del Estado para personas que no podían recibir otro tipo de ayudas, pero es ilegal, había cuenta que esto tiene un fin determinado, es decir, para la persona discapacitada, siendo que hay familias que yo he escuchado los reclamos de algunas, que dicen, bueno, mire, yo tengo un chico que tiene esto, tengo un chico que tiene lo otro y nunca me dieron nada, y después me encuentro con una persona que tiene vitalidad, que tiene 26 años, que cobra una pensión de por vida”, graficó Amad.