A casi un año y medio de la represión del 12 de marzo de 2025, los familiares del fotógrafo aseguran que Gendarmería y la Policía Federal omitieron información clave de los registros oficiales. Denuncian un posible intento de encubrimiento y reclaman que se investiguen las responsabilidades políticas y de la cadena de mando.
La causa judicial que investiga el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo durante la represión frente al Congreso Nacional sumó un nuevo capítulo. La familia del reportero gráfico denunció públicamente que las fuerzas de seguridad habrían omitido información fundamental de los registros oficiales incorporados al expediente, lo que, según sostienen, constituye un nuevo intento de encubrimiento.
En un comunicado difundido este viernes, los familiares afirmaron que pudieron confirmar que los reportes entregados por Gendarmería Nacional y la Policía Federal presentan irregularidades que coinciden con el momento en que Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada contra su cabeza durante la movilización de jubilados del 12 de marzo de 2025. “Las comunicaciones existen, los registros están, pero nos los ocultan. ¿Por qué? ¿A quién están protegiendo? ¿Qué es lo que dicen esas cintas que no se puede escuchar?”, expresaron.
La hora que desapareció
La denuncia apunta a un hecho puntual: la ausencia de la franja horaria comprendida entre las 17 y las 17.59 en las transcripciones de las comunicaciones entre las fuerzas de seguridad que fueron remitidas a la Justicia.
Según explicó la abogada querellante Claudia Cesaroni, la documentación entregada por la Policía Federal supera las 600 páginas, pero omite precisamente la hora en la que el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero efectuó el disparo que dejó a Grillo gravemente herido.
“Justo falta una hora: la que va entre las 17 y las 17.59. Es exactamente el momento en que Guerrero le disparó la granada que impactó en la cabeza de Pablo”, señaló la letrada, quien calificó la situación como una muestra de “descaro” e “impunidad”.
Para la familia, resulta imposible considerar esa ausencia como un error administrativo. “Sabemos que en una fuerza federal de este nivel un error de esta magnitud no es casualidad. Las horas no se pierden solas”, sostuvieron.
El expediente judicial ya había desmentido la versión oficial difundida tras la represión. Gracias al trabajo de reconstrucción realizado por el colectivo Mapa de la Policía y a diversas pericias audiovisuales y balísticas, la investigación logró establecer que el disparo fue efectuado por el cabo primero Héctor Jesús Guerrero, quien lanzó la granada en forma prácticamente horizontal, en violación de los protocolos nacionales e internacionales para el uso de lanzagases.
Las pericias determinaron además que el proyectil viajó a aproximadamente 280 kilómetros por hora y que impactó directamente sobre Grillo, descartando la hipótesis oficial que atribuía las lesiones a un rebote.
Como consecuencia de ese disparo, el fotógrafo sufrió fractura de cráneo, hematomas subdurales y pérdida de masa encefálica. Permaneció casi tres meses internado en terapia intensiva y continúa atravesando un largo proceso de rehabilitación, con pronóstico reservado y posibles secuelas neurológicas permanentes.
En octubre de 2025, la jueza María Servini procesó a Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado, resolución que fue confirmada por unanimidad por la Cámara Federal.
La cadena de mando, bajo la lupa
La querella, integrada por la familia de Grillo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, sostiene que la investigación no debe limitarse al autor material del disparo.
Los abogados buscan determinar las responsabilidades de la cadena de mando del operativo represivo y esclarecer el rol que tuvieron las autoridades políticas responsables del Ministerio de Seguridad durante aquella jornada, encabezado entonces por Patricia Bullrich.
Las nuevas irregularidades denunciadas respecto de los registros oficiales podrían incorporar nuevos elementos para investigar un eventual encubrimiento dentro de las propias fuerzas federales.
“La verdad también forma parte de la recuperación”
En el comunicado difundido por la familia, los allegados de Grillo vincularon el avance de la investigación con el proceso de recuperación del fotógrafo. “Pablo está mejorando y para que su salud continúe en alza necesitamos aferrarnos a la luz de la verdad sobre lo que ocurrió esa tarde”, expresaron. Y concluyeron con un mensaje dirigido a las autoridades nacionales: “Confiamos en que la verdad saldrá a la luz. El que nada teme, nada oculta.”
Las controversias alrededor del caso no terminaron con el operativo policial ni con la investigación judicial.
En mayo de 2026, una muestra fotográfica realizada con imágenes tomadas por el propio Pablo Grillo iba a inaugurarse en el Senado de la Nación, pero fue suspendida pocas horas antes de su apertura. La decisión fue cuestionada por organismos de derechos humanos, periodistas y referentes culturales, que interpretaron la cancelación como un acto de censura.
Para la familia y las organizaciones que acompañan la causa, ese episodio forma parte de una misma lógica de ocultamiento que hoy denuncian en el expediente judicial: impedir que se conozcan las responsabilidades políticas y materiales del ataque que convirtió a Pablo Grillo en uno de los casos más emblemáticos de la represión a la protesta social durante el gobierno de Javier Milei.
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