Bettina Angeletti se registró el 31 de mayo en el mecanismo que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos; no se conoce el monto comprometido
Días antes de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada patrimonial, su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. Lo hizo el 31 de mayo pasado, según consta en registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obtenidos por este medio.
La constancia oficial −vigente hasta el 9 de julio− indica que Angeletti (CUIT 27-29865407-0) pidió acogerse a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025, esquema que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, y será un factor a tomar en cuenta en la investigación criminal que la pareja afronta en los tribunales federales de Comodoro Py.
La Ley 27.799 funciona como mecanismo de sinceramiento para contribuyentes que operaron en la economía gris. Quien se acoge evita sanciones penales y antecedentes, aunque debe regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas. No es un perdón fiscal absoluto, sino una normalización sin castigo. En el caso de Angeletti, la adhesión al régimen y su formalización simultánea en impuestos al valor agregado (IVA) y ganancias en octubre de 2025 sugieren que durante años habría operado sin registración tributaria plena.
El movimiento adquiere particular relevancia por la posición que ocupa Manuel Adorni. El jefe de Gabinete ha sido vocero central de la administración Milei en materia de políticas de transparencia estatal, control del gasto público y lucha contra la corrupción. Como portavoz oficial, fue el encargado de enfatizar el mensaje de austeridad y probidad. En ese contexto político, la regularización tributaria tardía de su cónyuge genera una tensión narrativa evidente entre el discurso y la situación patrimonial del funcionario.
En ese sentido, el desfase temporal entre el registro como autónoma y la formalización tributaria es sustancial. Angeletti figura registrada en actividad como trabajadora autónoma desde abril de 2017, bajo el rubro “actividades profesionales, científicas y técnicas”, y se desempeñó durante años como monotributista.
Sin embargo, la esposa de Adorni no formalizó su inscripción en IVA ni en el impuesto a las ganancias hasta octubre de 2025, casi ocho años después, cuando Adorni ya era funcionario público de primera línea, y ambos ya integraban la nómina de “Personas Políticamente Expuestas” (PEP).
Para los investigadores judiciales, la decisión de Angeletti de acogerse al régimen de “inocencia fiscal” abre nuevos interrogantes sobre sus ingresos y movimientos de dinero, según reconstruyó La Nación, en tanto que esperan la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete.
De acuerdo con la ARCA, Angeletti se encuentra categorizada como autónoma T2 −con ingresos desde $20.001 anuales− y presentó la solicitud de adhesión al régimen de inocencia fiscal el 31 de mayo pasado. Pero la constancia no detalla montos de regularización ni especifica qué activos fueron declarados bajo la Ley 27.799. Esa información permanece bajo secreto fiscal y no es accesible públicamente.
Lo que permanece desconocido es sustancial. No existe registro público sobre la magnitud de los fondos regularizados, el origen de esos ingresos, ni las razones específicas por las cuales Angeletti decidió sincerar sus números de 2025, año electoral de alto escrutinio sobre el patrimonio de los funcionarios. Tampoco se conoce si la adhesión respondió a una revisión voluntaria de conciencia, a asesoramiento fiscal reciente, a presiones mediáticas o institucionales, o a consideraciones de riesgo reputacional por su vínculo con Adorni.
La familia Adorni ha sido objeto de cobertura investigativa previa respecto a su patrimonio, propiedades inmobiliarias y operaciones financieras. Cuando se lo consultó a Adorni sobre la situación fiscal de su esposa, no proporcionó comentarios.
Los bienes y gastos que se conocen
El domicilio fiscal declarado por Angeletti ante la ARCA figura en Avenida Asamblea 1132, piso 2, departamento A, ciudad de Buenos Aires. Se trata del departamento que habitaba el matrimonio Adorni antes de adquirir el departamento en Caballito, en 2025, por el cual pagaron US$30.000 en efectivo y tomaron una hipoteca sin intereses de US$200.000 por parte de las vendedoras, dos jubiladas, según las constancias de la causa en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
En ese expediente, en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, se analizan otras compras y gastos. Por caso, US$120.000 por la casa del country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, por la que el matrimonio pagó en 2024 US$20.000 en efectivo y tomó una hipoteca por US$100.000, esta vez con una policía retirada y su hija. Las mujeres declararon que Adorni aún les debe US$70.000 de esa operación.
A su vez, el contratista Matías Tabar declaró que Adorni le pagó US$245.000 en efectivo, y sin facturar, por refaccionar la casa de Indio Cua. El ingreso a ese country insumió otros US$5000.
Además, la Justicia investiga gastos por US$27.658 en viajes al exterior de la familia Adorni (Aruba, Punta del Este y España), más US$6000 en una escapada a Bariloche y otros gastos en destinos locales.
A esas operaciones se sumó una deuda de Adorni por US$65.000 por un acuerdo de palabra con Pablo Martín Feijoo, según declaró en sede judicial el desarrollador inmobiliario e hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento de Caballito.
Finalmente, Adorni y Angeletti acumularon consumos y gastos por más de $85,1 millones con tarjetas de crédito, sólo durante 2025, a un promedio de $7,1 millones por mes, en momentos en que el sueldo bruto del funcionario ascendía a $3,5 millones por mes y ella figuraba como monotributista, según reconstruyó el medio porteño en base a datos oficiales del Banco Central (BCRA), registros bancarios reservados y fuentes con acceso a información financiera.
La Nación