1) La escena de la Cámara de Casación no es de un teatro de la calle Corrientes, sino de Hollywood. No nos confundamos: no es de política chica, sino de política internacional, es decir, de la “verdadera política”, como decía Perón.
La criminalización de líderes populares (Castillo, Correa, Evo, Lula, Cristina y otros), llámese “lawfare” o como se quiera, se ocupa de demoler las magistraturas de nuestros países, para paralizar toda resistencia nacionalista o de defensa de nuestras soberanías contra la depredación del actual colonialismo financiero transnacional.
2) Si alguna duda queda, basta con verificar la reiteración –o plagio- del mismo modelo de sentencia típico: cientos de hojas, relatos interminables, amontonamiento de adverbios (“obviamente”, “claramente”, “indudablemente”, “incuestionablemente”) que “dan por probada” con “total certeza” la responsabilidad penal. El ejemplo más acabado de esta apariencia de sentencia es el “caso Sobornos” de los jueces “interinos” nombrados por el delincuente Lenin Moreno en Ecuador, donde incluso también hubo un “cuaderno” memorioso.
3) Perderse en consideraciones jurídicas y de política local es peligroso, porque se minimiza el caso, se le hace perder su verdadera dimensión. Lo mismo sucede cuando se habla de “derecha” o de “izquierda”. La demolición institucional que sufrimos no es una cuestión de cómo se sentaron los revolucionarios franceses en el norte en el siglo XVIII, mientras se transportaban miles de esclavos a América y a ninguno de ellos les importaba, sino de opción entre soberanía nacional o dependencia colonialista. El juego no es de “campanario”, sino de geopolítica mundial y regional.
4) No debe perderse la dimensión real del fenómeno, puesto que, al poner de manifiesto el caos institucional y la enorme pérdida de confianza pública en la magistratura, arroja dudas nada menos que acerca de la viabilidad del republicanismo, de la democracia y del liberalismo político (no “económico” ¡Dios nos guarde!), en el actual momento mundial y regional de financiarización económica y consiguiente colonialismo financiero. Sabemos que estos valores no son perfectos, pero los debemos defender porque hasta el momento no conocemos otros mejores.
5) La “ley de ficha limpia” es otra iniciativa inconstitucional y también plagiada, no es original. Se la hicieron promulgar a Lula y después se la aplicaron para meterlo preso. De respetarse nuestra Constitución y el derecho internacional, nadie puede ser considerado culpable hasta que lo declare una sentencia firme, es decir, no susceptible de ser sometida a otra instancia interna.
6) La privación de pensiones, si corresponde o no, es una decisión judicial y que nunca puede afectar derechos adquiridos, pero en modo alguno la puede decidir la administración. El problema también excede en mucho la privación de la pensión a Cristina: el ejecutivo, desde que asumió, está legislando por vía de decretos y vetos, sin que eso sea motivo de escándalo, sino de asados. No puede extrañar que asuma ahora funciones judiciales: quizá merezca un cocktail.
7) La sentencia contra Cristina pone de manifiesto que carecemos de un verdadero Poder Judicial: ningún ciudadano o habitante de la Nación está a salvo de que se le aplique una ley inconstitucional o que se le someta a cualquier sanción porque a un juez se le ocurra interpretar en forma disparatada una ley.
8) Todos los habitantes de la Nación estamos sometidos al riesgo de cualquier arbitrariedad: si esto se le hace a la cabeza del partido opositor, ¿qué no se le podrá hacer al vecino de la esquina? ¿Hay en el mundo algún Poder Judicial que no garantice la supremacía constitucional ni unifique interpretaciones? Sí, el nuestro y, por eso, es una magistratura, pero no un Poder Judicial.
9) Nuestra magistratura cuenta con muchísimos jueces que nada tienen que ver con estas manipulaciones en función de condicionamientos geopolíticos, pero cuando quienes están en las posiciones claves decisivas se avienen a ellos, la situación institucional puede graficarse como un partido de fútbol sin referí ni juez de línea: el resultado no puede ser otro que varias piernas fracturadas.
10) La sentencia contra Cristina nos recuerda a todos que en el actual caos institucional se nos puede privar de cualquiera derecho, porque no tenemos a quién reclamarle su eficacia, su vigencia, su respeto. Los derechos declarados en la Constitución y en las leyes, cuando no hay a quién reclamarle su eficacia, son meros papeles impresos.
(*) Profesor emérito de la UBA. Exjuez de la Corte Suprema.
Publicado en Página 12