Luego de que Cristina Kirchner eligiera presidir el Partido Justicialista, la Corte Suprema decidió desempolvar el manual del Lawfare. Lo hizo con la reactivación de la causa por el Memorándum con Irán (en la que es acusada de algo que votó el Congreso) y ahora con la causa por enriquecimiento ilícito de dos hoteles en Santa Cruz, hecho por el que había sido sobreseída en 2021.
El fallo salió con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. De manera unánime, los cuatro cortesanos allanaron el camino para que se inicie el juicio contra CFK, su hijo Máximo Kirchner y otros 30 imputados.
Un lawfare de manual
Luego de una persecusión sin igual durante el macrismo, que incluyó retrocavadoras en la Patagonia, Cristina Kirchner y sus hijos fueron elevados a juicio por el juez Claudio Bonadío. La instrucción consideraba que hubo sobreprecios en la construcción de rutas y que los empresarios –Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa– le pagaban coimas encubiertas a la familia Kirchner mediante alquileres.
En 2021, el Tribunal Oral Federal 5 dictó el sobreseimiento al considerar que no existió ninguno de los delitos planteados y sobre todo el fundamental, lavado de dinero: los fondos de la obra pública fueron siempre en blanco y los alquileres de Hotesur y Los Sauces también, de manera que en ningún momento se hizo una operación de convertir dinero sucio, negro, en dinero blanco.
Casación, ante el pedido del fiscal Mario Vidal, decidió reabrir el caso en 2023 y únicamente dictar la falta de mérito para Florencia Kirchner. El caso pasó a la Corte y éstos, ahora, decidieron mover las fichas del tablero. Otra vez.
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