El máximo tribunal confirmó la decisión de los tribunales de Comodoro Py, que habían exigido un plan de entrega de alimentos en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, tras la denuncia impulsada por Juan Grabois.
La Corte Suprema desestimó este jueves por “inadmisible” un recurso del Estado Nacional contra un fallo que había ordenado al Ministerio de Capital Humano elaborar un plan de distribución de alimentos destinados a comedores comunitarios.
El caso llegó al máximo tribunal mediante una queja presentada por Leila Gianni, entonces subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de Rodolfo Barra, en la que se buscaba dejar sin efecto la decisión de los tribunales de Comodoro Py por considerar que implicaba una intromisión judicial sobre facultades exclusivas del Poder Ejecutivo.
La controversia se había originado en la suspensión de la entrega de alimentos en comedores de todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”. El dirigente social Juan Grabois impulsó una denuncia penal y otra causa contenciosa, mientras que reportes periodísticos señalaban la existencia de un stock cercano a los cinco millones de kilos almacenados en Villa Martelli y Tafí Viejo, incluida leche próxima a vencer.
Así fue el caso
La fiscal Paloma Ochoa había reclamado medidas y pidió que los alimentos fueran distribuidos en comedores oficiales. El juez federal Sebastián Casanello sostuvo que el destino de los productos era facultad del Ejecutivo, pero ordenó elaborar un plan de distribución acorde a tipo, cantidad, vencimiento y población destinataria, y solicitó un detalle del stock en 72 horas.
Leila Gianni apeló mientras cuestionaba públicamente la intervención judicial. En la audiencia ante la Cámara Federal se registraron fuertes cruces que llevaron al tribunal a pedir sanciones tanto para Grabois como para Gianni. Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron la cautelar y remarcaron que el Ministerio pudo pedir una prórroga, pero optó por cuestionar la “intromisión” judicial a través de nuevos recursos.
El Ministerio de Capital Humano recurrió luego a la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó la presentación. Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la queja por inadmisible con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.