Una vez que el Supremo Tribunal Federal decida dónde Bolsonaro cumplirá su pena, deberá ser trasladado al lugar en cuestión desde su residencia particular.
La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil rechazó este viernes por unanimidad las últimas apelaciones del expresidente Jair Bolsonaro y confirmó la pena de 27 años de cárcel dictada en septiembre por un intento de golpe de Estado. El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio contra el líder de la ultraderecha, abrió el camino para negar los recursos y fue secundado por los magistrados Flávio Dino, Cristiano Zanin y Carmen Lucia Antunes, lo que deja la sentencia virtualmente firme, ya que si la defensa intentara otra apelación sería rechazada de antemano.
La defensa es “inviable”
“No hubo ninguna omisión” en la sentencia que “declara las circunstancias judiciales desfavorables” para Bolsonaro, por lo que se considera “inviable el argumento defensivo”, indicó De Moraes en el voto que publicó en el sistema electrónico del tribunal, unos argumentos que fueron compartidos por Dino, Zanin y Antunes. El juez Luiz Fux, hasta ahora integrante de la Primera Sala y que en la fase anterior había aceptado algunos alegatos de la defensa de Bolsonaro, acaba de separarse del colegiado y optó por no participar en esta fase final del proceso.
Las apelaciones analizadas, conocidas en la jurisprudencia brasileña como “embargo de declaración”, eran los últimos recursos que podían intentar los abogados de Bolsonaro y, una vez negados, el proceso será dado oficialmente por concluido. Aún así, la defensa del líder de la ultraderecha podría intentar otra apelación, aunque a sabiendas de que sería negada de oficio. Es un tipo de recurso que se permite cuando una sentencia es dictada por solo un voto de diferencia, pero en el caso de Bolsonaro el resultado fue 4-1 por su culpabilidad y condena, con lo cual esa posible apelación sería archivada sin siquiera ser analizada.
Una vez que la corte decida dónde Bolsonaro cumplirá su pena, deberá ser trasladado al lugar en cuestión desde su residencia particular, en la que permanece en prisión domiciliaria desde agosto, tras haber incumplido distintas medidas cautelares que le fueron impuestas en el marco del proceso. En los documentos que presentaron al recurrir la condena, los abogados de Bolsonaro insistieron en un supuesto “cercenamiento” del derecho a la defensa, en que no contaron con tiempo suficiente para analizar la vasta documentación recopilada contra su cliente y en que la Corte Suprema no tendría competencia para juzgar ese caso.
Por sus problemas de salud, la defensa puede solicitar a la corte que le permita cumplir su condena en casa, tal como ocurrió con el expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992). Este obtuvo en mayo prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción. Bolsonaro sufre varias complicaciones derivadas de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de su campaña a la presidencia. Además fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel, aunque le removieron las lesiones.
Condenado por golpista
Bolsonaro fue condenado tras ser considerado culpable de haber tramado una conspiración para impedir la toma de posesión del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo venció en las elecciones de octubre de 2022. Ese complot, que Bolsonaro nunca reconoció, habría llevado al asalto de las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, cuando miles de activistas de la ultraderecha intentaron convencer a las Fuerzas Armadas de derrocar a Lula, que había asumido una semana antes.
Tras la condena, el bolsonarismo impulsó un proyecto de ley de amnistía en el Congreso que beneficiaría al expresidente y a los participantes de los disturbios de aquel 8 de enero. Sin embargo, la iniciativa se desinfló después de grandes protestas en varias ciudades de Brasil.
El proceso contra el mayor líder de la derecha brasileña avanza mientras Brasil y Estados Unidos recomponen su relación bilateral, tensionada precisamente por este juicio. Una campaña en Estados Unidos del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, contribuyó a que Donald Trump impusiera aranceles punitivos del 50 por ciento a las exportaciones brasileñas. Lula se encontró con Trump en octubre en Malasia para conversar sobre los aranceles y anticipó “buenos acuerdos para ambos países”.
Página/12