El documento
”Preocupados y alertas ante un Gobierno Nacional que no atiende reclamos, no escucha y no dialoga, a la par que implementa un grave ajuste, cuyo costo lo están pagando las y los trabajadores activos y pasivos con el deterioro de sus ingresos. Paralelamente, en contraste, el sector financiero capitaliza ventajas y multiplica
obscenamente sus ganancias.
Una perspectiva estrictamente monetaria de la gestión pública, acrecienta día a día la deuda social, debilita el federalismo desfinanciando a las provincias y deteriorando aún más las economías regionales. Metas fiscales que pierden de vista el rostro humano de esas decisiones, degradan la calidad de vida de nuestros compatriotas
y posterga un horizonte de democracia moderna y de desarrollo nacional.
El desmantelamiento del Estado, de sus organismos de control, de sus empresas y el abandono de la obra pública, los despidos masivos más el desfinanciamiento de la educación y la salud pública, agravan el escenario de desempleo, desigualdad y el riesgo social. Los dólares que ingresan al país son fundamentalmente de deuda, lo que agrava la hipoteca del pueblo argentino, su futuro y la soberanía de sus decisiones.
Alarma la sostenida caída en los niveles de consumo durante varios meses consecutivos, el incremento de los índices de inflación y el consiguiente agravamiento de los niveles obscenos de pobreza y marginalidad.
Reclamamos respeto a las paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, actualización y aumento de emergencia para todas las jubilaciones, políticas activas para la generación de empleo y poner fin a la represión salvaje e injustificada de la protesta, que viola leyes y acuerdos institucionales.
Rechazamos la privatización del Banco Nación – y el cierre de sus sucursales -, de Aerolíneas Argentinas y de todas las empresas y organismos públicos amenazados.
Reclamamos una política exterior convergente con los intereses nacionales, la defensa irrestricta de nuestro territorio y riquezas naturales, reivindicando la autoridad
argentina sobre las Islas Malvinas”.