La CGT recibirá el miércoles próximo a las confederaciones sectoriales para analizar medidas de fuerza. Aún no hay consenso sobre un quinto paro general, pero advierten: “Nos van a llevar puestos”. También evalúan un paro docente después del 19 de julio, cuando termine el mundial.
La Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a mover sus fichas para diseñar una nueva etapa de confrontación con el Ejecutivo, en medio de la disputa por la reglamentación de la reforma laboral y el creciente malestar social. La mesa chica de la central convocó para el próximo miércoles a las tres grandes confederaciones sectoriales que agrupan a los sindicatos de la industria, el transporte y la energía, con el objetivo de analizar posibles medidas de fuerza.
La reunión se realizará en la sede de Azopardo 802 y contará con la participación de los referentes de la CSIRA (industria), la CATT (transporte) y CATHEDA (hidrocarburos y energía). El encuentro será el puntapié inicial de una seguidilla de deliberaciones: una semana después se reunirá el Consejo Directivo de la CGT, y no se descarta que luego se convoque al Comité Central Confederal, la máxima instancia de conducción del movimiento obrero.
Luego de varias semanas de un perfil más moderado, durante las cuales la prioridad fue denunciar al gobierno ante la OIT, la cúpula sindical decidió retomar un camino de protesta. La decisión responde a la percepción, generalizada entre los dirigentes, de que el Ejecutivo profundizará su embate contra el sindicalismo. Un líder cegetista en diálogo con Infobae resumió ese clima interno con una frase: “Nos van a llevar puestos”.
La polémica reglamentación de la ley de Modernización Laboral fue el detonante que encendió las alertas. Para la CGT, esa norma constituye una intromisión inaceptable en la vida interna de los gremios y vulnera principios constitucionales y convenios internacionales.
Sin embargo, dentro de la central persisten visiones contrapuestas sobre cómo responder. Los sectores más dialoguistas consideran que un nuevo paro general, aislado y sin una estrategia más amplia, difícilmente logre modificar el rumbo del gobierno. En cambio, las facciones más combativas presionan para llevar adelante un paro de 36 horas con movilización a las calles.
El cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, en una entrevista radial dejó abierta todas las opciones: aseguró que la central «no se va a quedar de brazos cruzados» y recordó que ya acumulan cuatro huelgas generales y catorce movilizaciones frente a la administración libertaria.
Paralelamente, el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero (UDA), mantiene conversaciones con otros gremios del sector para organizar un paro docente después del 19 de julio, una vez finalizado el Mundial de Fútbol. La queja central es que el salario mínimo de los maestros, fijado en $500 mil, lleva un año sin actualización y se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Las paritarias docentes nacionales acumulan seis reuniones sin acuerdo. La última oferta del gobierno de llevar el salario básico a $650 mil en marzo y $700 mil en abril, fue rechazada por insuficiente, y los funcionarios no mejoraron la propuesta. Romero ya sumó al diálogo a la CTERA (aliada a la CTA) y a diversos sindicatos universitarios con el objetivo de lograr una protesta de alcance nacional.
Por ahora, no se descarta que la CGT termine plegándose al paro docente y extendiendo la medida a todas las ramas de actividad. La idea que circula entre los dirigentes es que sea una huelga que no solo tenga respaldo gremial, sino que también logre adhesión entre pequeños empresarios, jubilados, personas con discapacidad y sectores de la clase media, también afectados por las medidas del gobierno.
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