La Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo se sumó a la estrategia pergeñada por los gremios: presentar cautelares individuales para frenar la reinstalación del tributo. Es el segundo gremio que lo hace, ya que el primero fue la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA).
Este martes, la Asociación Bancaria (AB) presentó un amparo contra el Poder Ejecutivo por Ganancias, el pedido quedó radicado en el Juzgado Nacional de 1° Instancia. Su secretario general, Sergio Palazzo, había asegurado que “el 95% de los empleados bancarios estará alcanzado por Ganancias, luego de las modificaciones incluidas en el paquete fiscal”.
Por la reglamentación del decreto 652/2024, los trabajadores solteros comenzarán a pagar el impuesto a partir de los $1.800.000 de ingreso bruto mensual; y desde $2,2 millones para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento. Se estima que alrededor de 800.000 trabajadores comenzarán a pagar el tributo.
En la presentación judicial además se detalla que “el salario neto promedio a mayo 2024 de quien ingresa hasta una antigüedad de 5 años es de $ 1.879.515”. El Gobierno quiere que los haberes de julio que se pagan en agosto ya tengan descontado el tributo. Sino, vendrá el descuento de ambos meses cuando se cobre en septiembre el salario de agosto.
El amparo está patrocinado por el abogado laboralista Pablo Topet, quien también representó a la CGT cuando se presentó la cautelar contra el DNU y que espera la definición de la Corte Suprema de Justicia.
Een el escrito se pide que se habilite la Feria judicial y que se acepte a la AB como parte afectada. Y que se “se haga lugar a la demanda y se declare la ilegitimidad de la afectación del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75 y de las rebajas remuneratorias por inexistencia de la carga impositiva ante la ausencia de ley. En subsidio por la ilegitimidad de la afectación del Convenio de Trabajo 18/75 y de las remuneraciones de los trabajadores, se declare la inconstitucionalidad del Título V de la ley 27743, por no haberse cumplido los recaudos para la sanción de las leyes”.
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