El Ministerio de Defensa encabezado por Luis Petri dio de baja a 23 militares debido a sentencias firmes por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y compartida en redes sociales.
Según fuentes de la cartera, no fue una decisión del Ministerio sino que “acataron” una orden judicial. “La Justicia nos ordenó darles de baja porque tienen una sentencia firme de lesa humanidad. Nosotros no hicimos más que acatar una orden de la Justicia, eso es todo”, se justificaron.
El Ministerio aclaró que las bajas de los represores “no son una decisión unilateral” de su parte, sino que obedecen a una orden del Poder Judicial de la Nación, la cual fue comunicada por el Ministerio Público Fiscal, “exigiendo el cumplimiento de la medida” para los 23 imputados.
La solicitud formal para dar de baja a los uniformados fue realizada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. El documento fue enviado tanto al ministro Petri como al jefe de la Armada Argentina, Carlos María Allievi, y a su par de la Fuerza Aérea, Fernando Luis Mengo.
La reacción de sectores negacionistas no se hizo esperar. Cecilia Pando, por ejemplo, recriminó que “una medida de esta naturaleza podía esperarse durante el gobierno kirchnerista”. “No se comprende que las autoridades del Poder Ejectuvio se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”, criticó.
Petri no hizo más que explicar que la decisión no era personal, pero su número dos, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares de Argentina, Marcelo Rozas Garay – quien asumió este mes tras la salida abrupta de Claudio Pasqualini – recogió el guante: “Desde el inicio de la gestión trabajamos por una memoria completa y para que nuestras fuerzas sean respetadas y valoradas”, tuiteó. “Cumplir una sentencia firme es respetar los valores de la República”, aclaró.
Qué decía el pedido del Poder Judicial de la Nación
“Solicito que se repongan o requieran las bajas de los agentes retirados de dichas instituciones que han sido condenados con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad”, concluyó el pedido.
Por su parte, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, solicitó “el inicio de actuaciones sumariales con el objeto de esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades en relación a las presuntas irregularidades acaecidas en la información proporcionada”.
Agregó que las condenas se encuentran firmes y están “agotadas todas las instancias recursivas”, luego de haber sido condenados por “graves violaciones a los Derechos Humanos”.
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