El banco estatal más importante del país informó recientemente una serie de medidas de reestructuración operativa con el objetivo de “mejorar su eficiencia, reducir costos y fortalecer su presencia estratégica”. Según el comunicado oficial, se estima un ahorro superior a los $1.000 millones a partir del cierre de sucursales, fusión de estructuras y reasignación de recursos.
Sin embargo, desde el gremio bancario denuncian que detrás de estas medidas se esconde una estrategia deliberada del gobierno nacional para avanzar hacia la privatización del Banco Nación. “Es un plan sistemático que apunta al desguace del banco para dejarlo en condiciones óptimas de venta”, afirmó Díaz, quien no dudó en señalar que el Ejecutivo “seguramente ya tendrá nombre y apellido del posible comprador”.
El dirigente alertó además sobre el impacto directo que tendría el cierre de sucursales en las comunidades más alejadas de los grandes centros urbanos. “Hay lugares donde el Banco Nación es el único servicio financiero disponible. El cierre no solo implica pérdida de puestos de trabajo, sino también abandono del interior profundo del país”, sostuvo.
Díaz también cuestionó la intención de transformar el banco en una sociedad anónima: “Eso implicaría cambiar todo el esquema de funcionamiento actual, para orientarlo exclusivamente a la rentabilidad, sin tener en cuenta su rol social”, advirtió.
Consultado sobre el ánimo de los trabajadores, el secretario general fue claro: “Esto genera gran preocupación e incertidumbre. Apenas tomó estado público la noticia, los empleados comenzaron a manifestar su malestar”.
Ante este escenario, la Asociación Bancaria se prepara para intensificar su accionar gremial. “Estamos listos para iniciar el plan de lucha que sea necesario para preservar todos los puestos de trabajo y resistir la privatización”, remarcó.
Finalmente, Díaz recordó que tanto el Banco Nación como Aerolíneas Argentinas fueron excluidos del listado de empresas sujetas a privatización en la recientemente aprobada Ley Bases, pero alertó: “El gobierno insiste en avanzar, pese a que la ley lo impide. No nos sorprende, porque es parte de su hoja de ruta desde el primer día”.