Por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
La agenda judicial que enfrentará el nuevo gobierno es prácticamente la misma que existía cuando asumieron los últimos presidentes. La falta de avances genera resultados que están a la vista: un sistema de justicia ineficaz, plagado de rutinas burocráticas que generan demoras inaceptables, y una falta de legitimidad y de transparencia cada vez mayor. El juego de suma cero en el que quedó atascada la justicia federal lleva a que todavía se sigan discutiendo cuestiones que en los demás países de Latinoamérica, e incluso en la mayoría de nuestros sistemas judiciales provinciales, ya fueron superados hace décadas, y posterga otros debates que aquí ni siquiera llegan a plantearse.
A continuación, presentamos un listado de temas básicos que conforman una agenda mínima de urgencias en materia judicial. El nuevo gobierno tendrá la responsabilidad de:
1) Designar un/a Procurador/a General con un mandato con límite temporal, con quien deberá coordinar políticas de persecución penal estratégicas de la corrupción y la criminalidad económica, el narcotráfico, la trata de personas y el mercado ilegal de armas de fuego.
2) Implementar el Código Procesal Penal Federal y las leyes orgánicas del Poder Judicial y los Ministerios Públicos en un plazo breve e improrrogable para todo el país.
3) Crear una Policía Federal de Investigaciones orientada a fenómenos criminales complejos.
4) Integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumpliendo los criterios de diversidades de género, especialidad y procedencia regional previstos en el Decreto 222/2003.
5) Designar a un/a Defensor/a del Pueblo, vacante hace casi 15 años.
6) Reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación, estableciendo concursos únicos y anticipados, dedicación exclusiva de los/as consejeros/as y la administración de los recursos del Poder Judicial en cabeza del Consejo.
7) Aprobar una Ley de Juicio por Jurados para la Justicia Federal que respete el modelo constitucional seguido por la mayoría de las provincias.
8) Cumplir el mandato constitucional de traspaso de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9) Ampliar las políticas de acceso a la justicia, con especial énfasis en los servicios especializados en materia de género, niñez y adolescencia, y extender los mecanismos que contribuyan al reconocimiento de la administración de la justicia indígena.
10) Fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos y de prevención de la tortura.
Se trata, en algunos casos, de la aplicación de la Constitución Nacional o de leyes aprobadas con amplios consensos hace años, pero que nunca fueron implementadas, o que deben ser mantenidas y profundizadas. En otros casos, son propuestas apoyadas en la campaña presidencial o en el Congreso por casi todas las fuerzas políticas.
Como hemos hecho a lo largo de nuestros casi 35 años de trayectoria, el INECIP acompañará los avances en estas materias y criticará las decisiones u omisiones que impliquen retrocesos o demoras. Nuestro único compromiso es con el fortalecimiento de la democracia mediante la construcción de sistemas de justicia de mayor calidad, menos violentos y acordes a los principios constitucionales y de los derechos humanos.