En declaraciones a radio Provincia, el funcionario explicó que pese al “espíritu desregulador que tiene el gobierno nacional para que haya menos Estado”, en el territorio bonaerense “hay una Ley de Educación y normas que regulan los topes arancelarios para cada ciclo lectivo”.
Aclaró que, si bien “esos topes no son fijos, porque se van moviendo con la inflación, no hay desregulación”.
En ese sentido, manifestó que “en la provincia hay un sistema educativo de 6.300 instituciones de gestión privada, de las cuales 4.300 (70%) están subvencionadas por el Estado”.
Resaltó que “la mayoría tiene una subvención que se dedica a sostener entre el 80% y el 100% de los salarios” e indicó que, de acuerdo al porcentaje que reciben, la Provincia limita el monto de la cuota y de la matrícula.
Sileoni subrayó que “no estamos diciendo ‘no a la educación privada’, sino que le tenemos respeto por cuanto representan el 30% del sistema educativo bonaerense y ofrecen un enorme testimonio social”.
Sostuvo que reconoce la labor de las escuelas privadas, pero aclaró que habrá “topes en las cuotas y matrículas para defender el bolsillo de las familias”.
Por otra parte, Sileoni informó que no se advierte “una tendencia de traspaso” de las escuelas privadas a las públicas, aunque “sí una mayor frecuencia de consultas en las jefaturas de distritos donde están nuestros inspectores”.
Alertó que “esto de ningún modo es un éxodo o una tendencia, sino que hay una inquietud mayor porque el tiempo que tenemos por delante es de incertidumbre” y recalcó que desde el gobierno que encabeza Axel Kicillof no quieren “que haya un traspaso masivo porque no es el equilibrio que se desea”.
Luego, y al ser consultado sobre la posibilidad de un escenario de conflicto gremial por el recorte en el envío de fondos nacionales a la provincia, recordó que “decíamos con orgullo que entre el 2019 y el 2023 las clases empezaron el 1° de marzo, como corresponde, pero este año no puedo contestar con la misma certeza”.
“Tenemos una mesa gremial responsable y comprometida, con la que dialogamos mucho, (pero) representan a trabajadores que verán impactado el poder adquisitivo de sus salarios”, admitió.
De todos modos, consideró que “si hubiera conflictos, deberían trasladarse al gobierno nacional porque nuestro gobierno sigue activo y prefiere al Estado, así como la igualdad de las personas, mientras que la Nación toma decisiones en contra de la gente”.
Télam