Los tribunales de Comodoro Py parecen actuar a pedido del presidente electo Javier Milei. Este martes, la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Santiago Bausili, mano derecha de Luis “Toto” Caputo y quien pica en punta para ser designado como presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Bausili estaba procesado por negociaciones incompatibles con la función pública por su accionar durante el gobierno de Macri, donde fue el Nº 2 de Caputo en el Ministerio de Finanzas.
Desde allí favoreció a su ex empleador, el Deutsche Bank. Su abogado es Matías Cuneo Libarona, hermano de Mariano, futuro ministro de Justicia de Milei. Según había trascendido en los medios, Caputo había pedido como condición para asumir como ministro que se le cerraran las causas en su contra. La novedad sobre Bausili parece ir en ese sentido.
Hasta este martes, Bausili estaba procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y tenía un embargo de 40 millones de pesos por estar a los dos lados del mostrador durante la negociación de la deuda y el pago a los “holdouts”.
La decisión la había tomado por segunda vez en esta causa el juez Sebastián Casanello, el 14 de septiembre pasado. Bausili, a través de su abogado Matías Cuneo Libarona – el mismo que defiende a los hermanos Caputo en la causa de Revolución Federal – apeló la decisión de Casanello ante la Cámara Federal porteña, que ya le había revocado el procesamiento anterior por considerar que no hubo responsabilidad penal del acusado.
Justo antes de conocerse si presidirá el Banco Central, los camaristas porteños Martín “Doctrina” Irurzun y Eduardo Farah lo volvieron a favorecer. Adujeron que no hubo hechos nuevos entre el procesamiento anterior que habían anulado y el actual. En contra se manifestó el tercer camarista de la sala II, Roberto Boico para quien existieron negociaciones incompatibles. En esta misma causa estuvo involucrado Caputo pero su responsabilidad fue descartada al inicio del expediente.
¿De qué se acusa a Bausili? De estar estrechamente vinculado al Deutsche Bank, que fue uno de los bancos que se benefició con la colocación de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado argentino, en la que participó el propio Bausili siendo funcionario. La mano derecha de Toto Caputo había sido empleado del Deutsche Bank hasta que asumió en el gobierno de Macri y tenía bonos del banco. Es más: fue designado antes de cesar su vínculo con la entidad bancaria.
El fallo de este martes pareció haber salido a la carta. ¿Habrá influido que el defensor de Bausili sea el hermano del futuro ministro de Justicia?
Tanto Irurzun como Farah fallaron de acuerdo al planteo de Matías Cuneo Libarona. Para el hermano de Mariano la resolución de Casanello fue “una reedición del procesamiento dictado el 12 de abril de 2021, sin que se haya introducido ningún elemento de prueba” nuevo. Sostuvo que el juez “basó este pronunciamiento principalmente en la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), plasmada en dos dictámenes -de fechas 03/06/22 y 24/08/22- en los que se analizan los mismos hechos y constancias que fueran relevadas previamente”.
La PIA es la fiscalía anticorrupción y había presentado ante el juzgado un informe contundente que comprometió a Bausili y provocó que Casanello lo volviese a procesar. Por eso la defensa lo atacó.
Para la PIA, que conduce Sergio Rodríguez, “las actuaciones de Santiago Bausili resultan demostrativas de una clara voluntad de intervenir en distintos cursos de acción en beneficio de su ex empleadora”. “Ello surge tanto de la concurrencia a la formación de la voluntad administrativa en actos que la involucraban, como de la participación en reuniones de gestión de interés con sus autoridades o la emisión y recepción de comunicaciones electrónicas con integrantes del banco. De tal modo, las intervenciones identificadas encuadran en la acción típica ‘interesarse’, por lo cual – satisfechos los demás extremos de la figura, conforme ya fuera argumentado- su conducta queda subsumida en el artículo 265 del Código Penal”, añadió la Procuraduría.
Según indicó la PIA “se reitera que si bien no era la autoridad con competencia para la designación de las entidades financieras, su intervención en tanto Secretario de Finanzas, formaba parte del procedimiento tendiente a lograr la emisión del acto administrativo en tal sentido (…), no siendo su actuación un mero nexo administrativo sino una parte esencial del procedimiento”.
Tal como sostuvo Matías Cuneo Libarona, Irurzun y Farah dijeron que el organismo que conduce Sergio Rodríguez no aportó nada nuevo a lo que había en la causa: “El cuadro probatorio no se ha visto modificado, manteniéndose el estado de incertidumbre que llevó, oportunamente, al dictado de un pronunciamiento expectante”. Por eso revocaron el segundo procesamiento de Bausili. Y lo hicieron justo cuando su nombre suena, y muy fuerte, para ocupar un rol clave en el gobierno de Milei.
Boico, por su parte, volvió a diferenciarse de sus colegas: “Confirmaré nuevamente el procesamiento”, comenzó su voto. Boico recordó que ya el 12 de agosto de 2021 “audité en profundidad cada una de las constancias recabadas concluyendo que el escenario probatorio existente acompañaba la hipótesis de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública que compone la teoría del caso”. Y agregó que “los dictámenes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas refuerzan aquella presunción y se aúnan a los restantes insumos fácticos que permiten tener por comprobada, con los elementos de convicción requeridos en esta etapa, la actuación interesada en los términos del artículo 265 del Código Penal”, es decir, en las negociaciones incompatibles.
“La actividad realizada por Bausili en el marco del expediente agregado a estudio actualiza la constatación del desvío de la voluntad de la Administración Pública, confirmando así el interés evidenciado por el mismo en favor del Deustche Bank, entidad a la cual se encontraba vinculado tanto desde lo personal -a partir del vínculo que mantenía con sus ejecutivos-, como desde lo económico -dada la tenencia accionaria que se extendió hasta agosto de 2018-. Su participación mantiene el carácter de necesaria para la ulterior elección de la entidad financiera como una de las autorizadas a colocar bonos de deuda pública Argentina, excediendo del mero conflicto de interés que ello conllevaba y su deber de abstención en función de lo establecido en la ley n° 25.188”, concluyó Boico.
En el primer procesamiento había sido la Oficina Anticorrupción (PIA) la que había complicado a la mano derecha de Toto Caputo. Es decir, dos organismos que no tienen relación directa entre sí como la OA y la PIA coincidieron en cuestionar el accionar de Bausili. A ellos se suman la fiscalía y el juzgado de primera instancia y un camarista porteño como Boico. Pero Farah e Irurzun dijeron que no hay pruebas suficientes todavía para dictar el procesamiento y volvieron a llevar el caso a fojas cero.
La acusación
Casanello había procesado a Bausili por primera vez por haberse interesado, “en miras a la obtención de un beneficio propio y de terceros”, mientras se desempeñaba en el ministerio de Finanzas, “en los procesos administrativos de designación y pago de los bancos que intervinieron en la colocación de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado argentino (…), entre los cuales se encontraba postulado el Deutsche Bank”. De más está decir que el Deutsche Bank se vio beneficiado con esta decisión y ganó dinero. Para el juez, “el actuar interesado del funcionario obedecía al estrecho vínculo que lo unía con esa firma”.
El magistrado había resaltado 2 hechos: que Bausili había sido empleado del Deutsche Bank, entre los años 2007 y 2016, donde actuó como director del área “Latin American DCM en Treasury Solutions”; y en que también era tenedor de acciones de dicha compañía. Por ejemplo, el 31 de enero de 2016, cuando se desvinculó del Deutsche Bank, recibió, en cuotas, un total de 13.025 acciones de la entidad, con un valor nominal en la bolsa de Nueva York de U$S 13.80 cada una, que terminó de cobrar en el mes de septiembre del año 2018, es decir, mientras era funcionario.
El segundo procesamiento que dictó Casanello se basó en un informe de la PIA que analizó “los expedientes administrativos sobre la negociación, coordinación y pagos efectuados a los holdouts, tras la sanción de la Ley 27.249, y el denominado ‘Megacanje II’, a la luz de la Ley 25.188 y del propio artículo 265 del Código Penal, específicamente, en los que se encontraba involucrado el Deutsche Bank”.
La PIA fue contundente respecto al accionar de la mano derecha de Caputo: “Bausili desarrolla la mayor parte de su carrera profesional en una entidad financiera -el Deutsche Bank-, más precisamente en el área dedicada al financiamiento público. Abandona ese empleo privado e inmediatamente (al punto de superponerse por días, al menos desde un punto de vista formal) asume un cargo de alta jerarquía y responsabilidad en las operaciones de crédito público, pero ahora desde el sector público.
En ese rol, participa de procedimientos de emisión de bonos cuya colocación es otorgada al banco que había sido su empleador y viabiliza pagos a la misma entidad por relaciones contractuales preexistentes (siendo el encargado de autorizar las facturas presentadas), amén de reunirse en numerosas oportunidades con ejecutivos del banco. Por otro lado, el 9 de mayo de 2016, según señala el Fiscal de la causa, Bausili también incorpora a su patrimonio bonos cuya colocación le había sido atribuida y cuyos términos fueron acordados con el consorcio de bancos integrado por el Deutsche Bank”.
Para el organismo que conduce Sergio Rodríguez, no hay dudas: “Las actuaciones de Santiago Bausili resultan demostrativas de una clara voluntad de intervenir en distintos cursos de acción en beneficio de su ex empleadora”.
En su segundo procesamiento, que está fechado el 14 de septiembre de 2023, Casanello destacó: “1) Bausili fue ejecutivo del DB y se desvinculó formalmente el 31 de enero de 2016; 2) 5 días antes, el 26 de enero de ese mismo año, fue designado en la función pública como Subsecretario de Financiamiento de la Nación; 3) durante la mayor parte de su gestión en la función pública fue beneficiario de un plan acordado con el banco, por el cual percibió acciones y dinero en cuotas pagaderas en los años 2016, 2017 y 2018; 4) pese a ser ex empleado, poseer acciones de la entidad y ser su acreedor, intervino como funcionario público en actos administrativos trascendentales que beneficiario al DB y a él mismo; 5) el imputado se excusó formalmente en el en expediente 125858/16, pero continuó gestionándolo e interviniendo en el mismo; 6) posteriormente no se excusó e intervino en actos administrativos esenciales en los expedientes EX-2017-00637097-APN-DMEYN#MH y EX2017-00465568-APNDMEYN#MH”.
Para el magistrado, “la valoración de la prueba -la pluralidad de indicios en un sentido inequívoco- permite afirmar que las conductas de Bausili excedieron una mera desprolijidad en el ejercicio de la función pública y configuraron el interés, en beneficio propio y de la entidad bancaria, requerido por el tipo penal del artículo 265”.
“La actuación del imputado buscó allanar el camino para beneficiar al Deustche Bank y, por carácter transitivo, a él mismo, por contar con acciones de la compañía y ser acreedor, en forma coetánea a su función pública, de un plan de pagos en acciones y dinero. Entonces, el funcionario orientó la actuación administrativa al beneficio (propio y ajeno) y condicionó la voluntad negocial de la Administración por la inserción del interés particular -desvío de poder-. El estrecho vínculo que el imputado tenía con la entidad bancaria lo llevó a actuar de un modo bifronte: así se explica la poca transparencia de sus actos”, señaló Casanello.
Irurzun y Farah le dijeron al juez de primera instancia que no agregó nada nuevo a lo que ya había sido revocado. Es decir, no negaron los hechos sino que consideraron que lo descripto por el magistrado no implicaba que Bausili hubiera incurrido en alguna responsabilidad penal. Una vuelta creativa del Derecho, típica de Comodoro Py.
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