Un jurado de Dakota del Norte considera que Greenpeace debe pagar cientos de millones de dólares a la compañía Energy Transfer por las protestas que tuvieron lugar hace casi una década contra la construcción de un oleoducto.
Energy Transfer Partners, una empresa de petróleo y gas con sede en Dallas con un valor de casi 70.000 millones de dólares y presidida por uno de los principales donantes de Donald Trump, había demandado a Greenpeace por difamación y por orquestar lo que consideraba un “comportamiento criminal” de los manifestantes contra el oleoducto Dakota Access, alegando que la organización había “incitado” a protestar mediante una “campaña de desinformación”. A cambio, reclamaba 300 millones de euros.
El grupo ecologista, que antes del juicio había expresado su preocupación ante el riesgo de que el juicio no fuera justo en un estado donde la industria del gas y el petróleo tiene un enorme peso, había adelantado que una enorme indemnización financiera podrían llevar a la quiebra sus actividades en Estados Unidos. Aunque la cantidad de la indemnización está por determinarse, el jurado dio la razón a Energy Transfer en la mayoría de los cargos presentados contra Greenpeace.
El caso fue seguido de cerca por diversas ONG y expertos en libertad de expresión ante el temor a su impacto en las protestas sociales y el activismo. Greenpeace afirmó en un comunicado después del veredicto que demandas como la de Energy Transfer tienen como objetivo “destruir el derecho a la protesta pacífica”.
“Lo que vimos durante estas tres semanas de juicio fue el descarado desprecio de Energy Transfer por las voces de la tribu sioux de Standing Rock [afectada por el oleoducto]. Y aunque también intentaron distorsionar la verdad sobre el papel de Greenpeace en las protestas, nosotros reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la no violencia en cada acción que tomamos”, dijo Deepa Padmanabha, asesora jurídica principal de Greenpeace.
“Todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda que regula la libertad de expresión y por demandas como esta, destinadas a destruir nuestros derechos a la protesta pacífica y a la libertad. Greenpeace seguirá luchando por la protección de estos derechos fundamentales para todos”, afirmó.
Un jurado bajo sospecha
La preocupación sobre la posibilidad de encontrar un jurado imparcial centró el caso incluso antes de que comenzara, dadas las inclinaciones políticas conservadoras de la localidad de Mandan, en Dakota del Norte, y la posición contraria hacia las protestas de los residentes locales. En los meses anteriores al juicio también se enviaron a los habitantes de la localidad misteriosos sobres que simulaban ser un periódico llamado “Central ND News”, con artículos sesgados sobre las protestas contra el oleoducto o a favor de Energy Transfer.
De hecho, al final más de la mitad de los seleccionados para formar parte del jurado que falló en contra de Greenpeace tenían vínculos con el negocio de los combustibles y opiniones negativas hacia las protestas contra los oleoductos o los grupos de presión que participan en ellas.
Greenpeace intentó trasladar el juicio a otro condado de Dakota del Norte en varias ocasiones, pero sus peticiones fueron rechazadas por el tribunal del condado de Morton y la corte suprema de Dakota del Norte. El juez James Gion, que fue contratado para dirigir el juicio después de que todos los jueces del condado de Morton se recusaran, denegó las solicitudes para emitirlo en directo.
“El veredicto de hoy no es un reflejo de una mala conducta por parte de Greenpeace, sino más bien el resultado de una larga lista de tácticas judiciales y trucos propagandísticos que Energy Transfer utilizó para negar a Greenpeace su derecho a un juicio justo”, dijo Kirk Herbertson, abogado de Nueva York y director estadounidense de campañas de EarthRights International. “Esperamos que la Corte Suprema de Dakota del Norte cuestione por qué este caso llegó a juicio en primer lugar”.
Fuentes judiciales consideraron este caso como un ejemplo paradigmático de una demanda estratégica contra la participación pública (Slapp, por sus siglas en inglés), una forma de litigio civil cada vez más utilizada por grandes empresas, políticos e individuos ricos para desgastar y silenciar deliberadamente a los críticos, incluidos periodistas, activistas y grupos de vigilancia. Estos casos, incluso cuando las entidades demandantes pierden, causan costos legales significativos para los acusados y pueden tener un efecto paralizador.
Por su parte, Kristin Casper, Consejera General de Greenpeace Internacional, declaró: “La lucha contra las grandes petroleras no terminó hoy, y sabemos que la verdad y la ley están de nuestro lado. Greenpeace Internacional seguirá haciendo campaña por un futuro verde y pacífico. No retrocederemos, no nos silenciarán”. “Acabamos de empezar con nuestra demanda anti-SLAPP contra los ataques de Energy Transfer a la libertad de expresión y la protesta pacífica. Veremos a Energy Transfer en los tribunales este mes de julio en Ámsterdam”, añadió.
La tribu exculpa a Greenpeace
Durante el juicio de cinco semanas, Energy Transfer intentó vincular a Greenpeace a una serie de sabotajes causados por las protestas. Greenpeace sostuvo que su participación fue pequeña y a petición de la tribu sioux de Standing Rock.
La propia tribu emitió un comunicado tras el inicio del juicio afirmando que había sido ella la que había encabezado las protestas. Según los nativos, Energy Transfer estaba “acusando frívolamente de difamación y buscando una indemnización para silenciar toda voz que apoye a Standing Rock. El caso es un intento de silenciar a nuestra tribu sobre la verdad de lo que sucedió y la amenaza que representa el oleoducto para nuestra tierra, nuestra agua y nuestra gente. La tribu sioux de Standing Rock no será silenciada”, dijo su presidenta, Janet Alkire.
En los últimos días del juicio, Kelcy Warren, el multimillonario fundador de Energy Transfer y uno de los principales donantes de Donald Trump, afirmó en una declaración en video que su compañía había ofrecido incentivos financieros –incluido dinero, un rancho de lujo y una nueva escuela– a la tribu para detener las protestas, que la tribu rechazó, según un grupo de observadores que asistieron al juicio debido a preocupaciones sobre su imparcialidad. Warren dijo que creía que la tribu rechazó la oferta porque Earthjustice, la organización ecologista que ejerce como representante legal de la tribu, le había ofrecido más.
El juicio se produjo después de que Energy Transfer fracasara en una primera demanda presentada ante un tribunal federal estadounidense en 2017. Después de que el caso fuera desestimado el 14 de febrero de 2019, Energy Transfer volvió a presentar una denuncia prácticamente idéntica en el tribunal estatal de Dakota del Norte siete días después. En ese estado, mucho más favorable a sus intereses, terminó teniendo éxito.
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