La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de una ONG de suspender la apelación argentina sobre la condena por la expropiación de YPF y ratificó la audiencia prevista para la última semana del 27 de octubre.
“Se ordena que la moción sea denegada porque la parte interesada-apelante no ha demostrado que se justifique la suspensión o la devolución”, cita un escrito de la Corte de Apelaciones que publicó el especialista Sebastián Maril en su cuenta de X.
En la víspera, el Gobierno presentó un escrito clave ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. La presentación responde a la apelación interpuesta por la organización Republican Action for Argentina (RA4ARG), que busca intervenir en el millonario juicio por la expropiación de YPF. En el documento, la Argentina ratificó su voluntad de colaborar con la Justicia estadounidense ante las sospechas de corrupción que rodean el ingreso del Grupo Eskenazi a la petrolera.
La causa YPF, que enfrenta al Estado nacional con los fondos Burford Capital y Eton Park, ya tuvo un fallo adverso en primera instancia. La jueza neoyorquina Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar más de u$s16.000 millones por la estatización de la compañía en 2012. Sin embargo, el país apeló y aguarda una definición del tribunal de segunda instancia. En paralelo, distintas derivaciones del caso siguen generando tensión política y judicial.
Apoyo a la investigación por corrupción
En su escrito, el Estado argentino había pedido que la apelación de RA4ARG se tramite por separado de su propia apelación contra el fallo de Preska. Argumentó que ambos reclamos abordan cuestiones legales diferentes: mientras el Gobierno discute el fondo del caso, RA4ARG insiste en que se le niega indebidamente el derecho a intervenir como tercero interesado.
Pero lo más llamativo del texto fue el pronunciamiento explícito del Gobierno nacional sobre las denuncias de corrupción vinculadas a la compra de acciones de YPF por parte del Grupo Eskenazi durante los gobiernos kirchneristas. El escrito afirma que la Argentina “toma con seriedad todas las denuncias de corrupción” y se mostró “abierta a colaborar con una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos” sobre ese punto.
El ingreso de los Eskenazi a YPF fue objeto de múltiples controversias y, según la presentación oficial, si se llegara a confirmar que los empresarios ocultaron pruebas o brindaron testimonio falso durante el proceso judicial, la Argentina podría iniciar acciones para anular la sentencia de Preska.
Las sospechas sobre el rol del Grupo Eskenazi en la operación de ingreso a YPF ya aparecen mencionadas en otras causas judiciales relevantes en la Argentina, como en el expediente “Vialidad”, en el que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La posible conexión entre los hechos investigados en los tribunales argentinos y el caso que tramita en Estados Unidos podría tener impacto en el desenlace del millonario litigio.
Por lo pronto, la ONG RA4ARG tiene ahora un plazo de 21 días para responder a los argumentos esgrimidos tanto por la Argentina como por el fondo demandante.
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