Luego de que la línea aérea FlyBondi se convirtiera en la líder nacional en cancelaciones y demoras, con más de 70 vuelos reprogrados solo durante el último fin de semana, el Gobierno de Javier Milei tomó cartas en el asunto. Según se supo este miércoles, el Ejecutivo intimó a la compañía a presentar un “plan correctivo para reducir drásticamente las cancelaciones que está teniendo la empresa y que afectan diariamente a miles de pasajeros”.
La Secretaría de Transporte, encabezada por Franco Mogetta, le dio a la compañía un ultimátum para que, en un plazo no mayor a 48 horas, presente un plan detallado para mejorar la prestación de servicio. La medida surge “tras el elevado número de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos” de la línea aérea low cost.
El plan, según consignó la Secretaría de Transporte en un comunicado, debe contemplar una reducción significativa de las cancelaciones, así como también “la implementación de medidas de contingencia que garanticen la protección de los derechos de los pasajeros”.
En caso de no cumplir con esta solicitud dentro del plazo establecido, “Flybondi será objeto de un sumario, con la consecuente multa económica”, expone el escrito que tiene también la firma de la ANAC.
A su vez, “si el elevado número de cancelaciones persiste, se tomarán mayores medidas para la prestación de un servicio de calidad y la protección de los derechos de los pasajeros que acceden a los pasajes”.
Solo en noviembre, de los 1991 vuelos que operó la empresa, unos 384 sufrieron cancelaciones. Esto representa el 20 por ciento del total de las operaciones aéreas que realizó la compañía. Además, se estima que más de 700 vuelos fueron reprogramados.
Según la solicitud del Gobierno, en el plan de acción “correctivo” que tendrá que presentar Flybondi en 48 horas deberá ajustar las solicitudes de vuelos que la aerolínea envía a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), teniendo en cuenta su capacidad operativa real, “evitando ofrecer vuelos que no pueda garantizar ni operar efectivamente”.
Esta noticia llega justo unas semanas después que Flybondi sumara nuevos aviones -de forma temporal y solo por el verano- a su flota.
De hecho, a mediados de noviembre anunció la incorporación de dos aviones lituanos. La contratación se realizó con un formato llamado wet lease o ACMI, que implica que la aeronave se alquila con tripulación extranjera, servicio de mantenimiento y seguros.
Además, a principios de mes, Flybondi ya había sumado otras dos aeronaves bajo esta misma modalidad, de manera que, en total, son cuatro los aviones extra que tendrá a disposición durante la temporada de verano. La aerolínea -se convirtió en la primera en implementar acuerdos bajo este tipo de contratación en el país- tendrá una flota de 19 aeronaves en total.
La contradicción libertaria
Esta medida de “castigo” contra Flybondi aparece en un contexto contradictorio: sucede que, hace apenas unos días, el Gobierno, bajo la política de desregulación aerocomercial que impulsó, autorizó a tres aerolíneas low cost a operar nuevas rutas internacionales desde y hacia el país. Las disposiciones, publicadas en el Boletín Oficial, habilitan a Sky Airline, AraJet y JetSmart a brindar servicios de transporte aéreo de pasajeros y cargas en rutas que conectan destinos clave como Punta Cana, Bariloche y Buenos Aires.
El plan gubernamental, que posiciona a las aerolíneas low-cost como protagonistas del mercado, enfrenta cuestionamientos no solo por sus implicancias estratégicas, sino también por los problemas operativos de estas compañías. Un ejemplo más que claro es el de Flybondi, una de las principales beneficiarias de la desregulación, que acumuló en la última semana decenas de vuelos cancelados, situándose entre las seis aerolíneas con más cancelaciones a nivel mundial, según datos de FlightAware.
La compañía también ha enfrentado incidentes preocupantes, como el desvío de un vuelo entre Buenos Aires y Córdoba por desperfectos técnicos. A pesar de las medidas del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) para mejorar las condiciones de operación de las low-cost, Flybondi sigue registrando niveles de servicio que generan descontento y preocupación entre los pasajeros.
En este contexto, mientras el Gobierno insiste en su estrategia de desregulación y la eventual privatización de Aerolíneas Argentinas, las deficiencias operativas de las low-cost lo ponen contra las cuerdas y lo empujan a imponer medidas regulatorias. Una verdadera contradicción libertaria. Una más y van.
Página/12