Pese a las críticas y voces en contra, este lunes el Gobierno avanzó un paso más con una de sus promesas punitivistas y mano dura: ingresó a Diputados el proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad desde los 16 a los 13 años. Una iniciativa que había sido anunciada, con bombos y platillos, hace unos quince días, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
“Régimen Penal Juvenil” es el título que lleva el proyecto que indica cuál es la pena de imputabilidad y establece una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo al delito cometido.
Según detalla el documento, se pretende fijar en 13 años la edad mínima para ser sometido a un proceso penal y se establecen penas de hasta veinte años de prisión para los chicos y adolescentes, que serían encarcelados en “establecimientos especiales” o “secciones separadas” dentro de los complejos penitenciarios.
“Es absolutamente lo contrario de lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y toda la doctrina internacional”, advirtieron especialistas en niñez y derechos humanos.
Sin embargo, el gobierno de Milei parece hacer oídos sordos a las críticas y avanza con una de sus promesas de campaña, amparandose en que “en los últimos años se verificó un aumento de la delincuencia juvenil”. Así lo hicieron saber los ministros durante la presentación en público del proyecto, hacia fines de junio: “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad, que no quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo Bullrich.
Mientras que Cúneo Libarona sumó: “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”.
Pese a las afirmaciones del oficialismo, las estadísticas los desmienten: la abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, Claudia Cesaroni, catalogó directamente de “mentira” lo expresado por los funcionarios de Milei y destacó: “En la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo 86 víctimas de homicidios dolosos y 131 victimarios. De ese total de victimarios, solo uno fue menor de 16 años y 6 seis tenían 16 o 17. En la Provincia hubo 924.492 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP), y 645 homicidios dolosos. En el sistema penal juvenil, hubo 22.018 IPP, poco más del 2 por ciento del total, y 61 homicidios dolosos cometidos por adolescentes de 16 o 17 años, es decir, menos del 10 por ciento del total de homicidios”, sostuvo.
En esa misma línea, María Elena Naddeo, expresidenta del Consejo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y actual vicepresidenta de la APDH, coincidió en que “afortunadamente en Argentina la cantidad de adolescentes que cometen delitos graves es muy baja”.
Las claves del proyecto para bajar la edad de imputabilidad
MÁXIMO DE PENAS: En principio, la iniciativa prevé un “máximo de penas” de veinte años de prisión con la posibilidad de disponer “medidas alternativas” a partir del cumplimiento de dos tercios de la condena.
PENAS DE TRES A SEIS AÑOS: El proyecto estipula que las condenas de 3 a 6 años también podrán cumplirse con medidas alternativas, “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”.
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD: En establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.
INIMPUTABILIDAD: Como si fuera poco, la iniciativa también prevé que se pueda investigar a niños incluso menores de 13 años. Aunque establece que por debajo de esa edad seguirán siendo “no imputables”, el proyecto dice que el juez interviniente “de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas”.
“En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”, expone el escrito.
En cuanto a las condenas que puedan tener libertad condicional, se establecen medidas paralelas como la “obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo”, lo que resulta a todas luces llamativo al tratarse de menores de edad.
Página/12