La iniciativa es impulsada por diputados del Frente de Izquierda la cual propone garantizar la totalidad de los recursos para la extinción, combate y prevención de los incendios desarrollados en las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.
La diputada nacional Romina del Pla, junto sus pares de bancada Néstor Pitrola, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y proponen que se financie con un impuesto a las grandes fortunas y ganancias de los grandes empresarios y multinacionales.
La iniciativa pide que se garanticen la totalidad de los recursos para la extinción, combate y prevención de los incendios desarrollados en las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.
Además, plantea que la emergencia presupuestaria establecida contemplará el destino de recursos y partidas presupuestarias necesarios para garantizar: aviones hidrantes, Helicópteros, Parque Automotor y herramientas de alto impacto; refuerzo de personal en las brigadas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, brigadas provinciales y cuerpos de bomberos voluntarios, entre otros, con garantías salariales, estabilidad laboral, ropa de trabajo de calidad y herramientas en las condiciones que exige la tarea.
También exige “el inmediato aumento salarial para todos los brigadistas para que el salario sea como mínimo el valor de la canasta básica total patagónica, y se pase a planta permanente a todo el personal afectado, terminando con las contrataciones precarias”.
A su vez, agrega que se destinarán las partidas presupuestarias en elementos de comunicación y digitales para la ubicación y delimitación de las tareas requeridas para la asistencia inmediata a las personas afectadas en la provisión de agua potable, alimentos, vestimenta, alojamiento como así también atención médica, psicológica, sanitaria y todo aquello que se requiera en función de las necesidades inmediatas de las familias damnificadas; asistencia directa para la reconstrucción de los hogares y de todo bien de índole personal o público que fuera afectado sin exigir retribución alguna por parte de los damnificados hacia el Estado; y el restablecimiento de todas las redes de servicios públicos.
Al respecto, plantean que la emergencia presupuestaria y el destino de los recursos “será realizado y organizado bajo relevamiento previo y control de los vecinos de la zona afectada por los incendios, los trabajadores de las brigadas, bomberos voluntarios, equipos técnicos conformados a tal fin, voluntarios y actuales agentes estatales”.
Otro punto relevante, es la prohibición de la venta, comercialización, loteo, subdivisión y cualquier tipo de cambio en el uso del suelo en las áreas afectadas por los incendios forestales, garantizando la remediación definitiva y recuperación del monte nativo, con la sola excepción de viviendas familiares o minifundios, por el plazo de 60 años.
En tanto, proponen que el Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar la reconstrucción socio ambiental de la región, empezando por un inminente plan de viviendas para todas las familias afectadas, la exención impositiva en los servicios públicos y contribuciones locales de las mismas, así como un plan de erradicación y control de especies exóticas y de reforestación del bosque nativo para la prevención futura.
“Prohíbase el cultivo de pinos tanto para su uso comercial- maderero como ornamental o para generar derechos de forestación con supuestos fines de reducción del carbono”, agregan en el articulado.
Por último, establecen la creación de un Bono de Emergencia Ígnea para el recupero de los fondos utilizados para atender la situación de emergencia exigible a grandes empresas que desarrollen su actividad en los territorios provinciales en términos porcentuales en relación a sus ganancias reales.
Los excedentes y posteriores contribuciones serán destinados para la creación de un Fondo Especial de Emergencia Ígnea, cuyo destino no podrá ser modificado y será utilizado para posibles emergencias ígneas futuras, campañas de prevención, compra de equipamiento, etc. Los montos recaudados deberán ser publicados en el Portal Oficial de Gobierno para el conocimiento de toda la población.
Parlamentario