El crimen de Valentino Blas Correas, el joven asesinado en Córdoba por la policía en 2020, tiene una nueva resolución ante la imputación del ex ministro de seguridad provincial, Alfredo Mosquera, y otros 17 efectivos. La medida fue establecida este miércoles por el fiscal de Instrucción, Franco Mondino de la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba, en la segunda causa que tiene este caso de gatillo fácil.
A más de un año de que dos policías hayan sido condenados a prisión perpetua por el asesinato, y donde otros agentes recibieron penas de acuerdo a su grado de responsabilidad en el crimen, este miércoles se estableció analizar las maniobras de encubrimiento y el manejo de recursos.
Entre los imputados están Alfredo Mosquera, exministro de Seguridad de Córdoba; su mano derecha, Lucas Mezzano y jefes de la Policía, entre ellos Gonzalo Cumplido, ex subdirector de Seguridad Capital.
Mosquera está acusado del delito de presentación u ofrecimiento de dádiva, en calidad de autor y Mezzano enfrenta la misma imputación pero en calidad de partícipe necesario. Por su parte, Cumplido está acusado de encubrimiento por omisión de denuncia agravado por la calidad funcional, por la gravedad del hecho precedente, por haber sido cometido en ejercicio de sus funciones y por el delito de admisión de dádiva, en calidad de autor.
Lo curioso que tiene esta segunda investigación es que la mayoría de los 15 efectivos policiales imputados en esta ocasión ya habían sido condenados en marzo de 2023. Fue en la jornada condenatoria cuando jueces Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno dictaminaron que se dé inicio a una nueva investigación para establecer qué incidencia tuvieron los funcionarios y los policías en el caso.
Sobre el punto de dádivas, cabe destacar que en el juicio por el crimen de Blas se pudo saber que Cumplido recibió un auto Toyota Corolla que estaba a nombre de Mario Valverde, un empleado administrativo de la cartera de Seguridad.
Durante su declaración, Mosquera había reconocido que el ex comisario le pidió un vehículo dos días después del homicidio y agregó: “Me entero que un funcionario tenía dos autos, uno en desuso, y le digo que tengo que cumplir un favor personal por unos días”.
El exsubdirector de Seguridad Capital Zona Sur había dicho en declaraciones televisivas que la entrega del auto se dio “dentro de las propuestas” que le hizo Mosquera sobre su continuidad dentro de la fuerza “ocupando un cargo de coordinador general entre la Policía y el Ministerio”.
También hay otras 15 personas imputadas, la mayoría son policías y ya recibieron su sentencia en el primer juicio. De hecho, el cabo Javier Alarcón, uno de los que disparó contra Blas, está imputado por el delito de violación de medios de prueba en calidad de autor.
Sin embargo, en esta resolución de la Fiscalía Anticorrupción del segundo turno no ordenaron la imputación a la exjefa de Policía, Liliana Zárate Belletti. Los jueces habían resuelto en marzo del 2023 que se empiece una investigación contra Zárate Belletti o personal que haya tenido a su cargo cuando era directora de Recursos Humanos, es decir cuando ocurrió el asesinato de Blas el 6 de agosto de 2020. Pretendían indagar su rol en la supervisión de la formación y capacitación del personal policial.
Ahora, los 18 imputados en total deberán declarar ante el fiscal Mondino el 2, 3 y 4 de julio.
El abogado Alejandro Pérez Moreno, que representa a la familia del adolescente asesinado, afirmó en que “están conformes” con la medida que tomó el fiscal del Fuero Anticorrupción debido a que “hay una investigación completa”. “Las expectativas de la familia es que haya una investigación integral, lo que no sucedió aquella noche oscura en que ocurrió el hecho”, explicó.
Sobre la situación de la exjefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, que por el momento no fue involucrada en esta investigación, sostuvo: “Desde un principio sabíamos que no a todos les iba a llegar la imputación y respetamos que no lo esté por ahora”.
Página/12