En el marco de la causa que investiga al dirigente piquetero, Ramón “Tito” López y su familia por lavado de activos, el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, amplió este miércoles la acusación contra quienes favorecieron la maniobra ejecutada por la familia López. Incluyó a empresarios agropecuarios de Charata, una escribana y cuatro expresidentes del Instituto de Colonización del Chaco.
En su requerimiento, el fiscal señaló que los exfuncionarios Raúl John Paris, Marta Soneira, Walter Ferreyra y Cintia Kaplan, con su firma, habrían facilitado en tiempo récord y sin controles el acceso del dirigente piquetero y su familia a unas 3 mil hectáreas de tierras fiscales ubicadas en el Departamento Güemes. Estos trámites se realizaron entre los años 2015 y 2002. A ellos le imputó los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
A los hermanos Walter y Diego Brúa, propietarios de las firmas Brúa Agropecuaria y Smart Capital, dedicadas al negocio agropecuario en Charata, y a la escribana, María Artieda, los imputó por los delitos de fraude contra la administración pública, en carácter de coautores. Para los empresarios les sumó la acusación de ser partícipes necesarios en el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad y por haberse realizado de manera organizada.
La acusación contra los Brúa y Artieda se basó en el hecho de que, a sabiendas de que no podían arrendar ni comprar los campos que el Estado le dio a la familia López, lo hicieron de todos modos. De hecho, la escribana Artieda, quien debería velar por la legalidad de la escrituración, insistió en la inscripción definitiva de las escrituras de las tierras ante el Registro de la Propiedad Inmueble, con la presentación de un recurso jerárquico en subsidio, a pesar de haber sido rechazado su pedido por improcedente.
En la ampliación de la investigación, Sabadini recordó que el trámite de adjudicación de estas tres mil hectáreas de tierra se inició mediante la invocación del “Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio”, del que es referente Tito López, bajo la fachada de finalidad social y productiva, pero con un claro fin de lucro personal, al ser inscriptos tales inmuebles, finalmente, a nombre del dirigente piquetero, su mujer, sus hijos y su nuera.
Esto se hizo bajo condiciones irregulares desde el hecho que no acreditaron antecedentes como productores, registración fiscal, capacidad ni aptitud para producir los campos fiscales otorgados, y no se produjo el afincamiento que prevé la Constitución del Chaco y la Ley de Tierras, suministrando datos falsos u omitiendo otros, al presentarse, actas de vacunación de animales existentes en el campo El Timbo que se encontraría usurpado por los nombrados.
Además, de las sucesivas inspecciones al extenso inmueble rural -efectuados por el Instituto de Tierras Fiscales- se constató la insuficiente e impropia explotación y la existencia de mejoras solo en dos parcelas. También se detectó escasos animales sin identificar, sin presencia de empleados en blanco y estado de abandono en que se encontraba la casi totalidad del campo. Esto se refleja en las escrituras de leasing que firmó la familia López con los hermanos Brúa, con lo que se concluye que el campo nunca se puso en producción racional, no afincó a los titulares, no generó empleo, siendo su único fin el lucro inmobiliario.
Esta situación además fue corroborada por las actas de allanamiento realizadas a pedido de la fiscalía Federal de Resistencia, de las que surge que si bien el inmueble se encuentra alambrado en su totalidad, no hay animales ni maquinarias, existiendo en una extensión de cinco kilómetros por cinco kilómetros, una vivienda de construcción de concreto sin revocar y un quincho, además de observarse taperas y un general estado de abandono, habiendo manifestado en tal oportunidad el cuidador del campo, Javier José Ovejero, que el campo “pertenece a los hermanos Brúa”.
MTD 17 de Julio
Otra irregularidad se observó respecto a los informes de inspección efectuados al momento de la tramitación de los expedientes de adjudicación. En ellos surgió que en la fracción este se encontraba ocupada y trabajada por integrantes del MTD 17 de Julio, en contradicción con el informe técnico del que se desprende que ningún integrante de ese movimiento sería “permisionario directo” de esa tierra. Según los dichos de los cuidadores, aparentemente cada 15 días rotaban en el lugar ya que ninguno de ellos era de la zona. Es decir, se llevaba gente del movimiento social para trabajar en el lugar, como empleados.
Asimismo, en todos los casos, se intimó a los adjudicatarios a que completen la información faltante en cada uno de los expediente iniciados la que no habría sido cumplimentada, lo que da cuenta de que pese a las inconsistencias o incumplimientos de los requisitos establecidos para las adjudicaciones de las tierras, que se encontraban en conocimiento de dicha cartera estatal- fueron igualmente otorgadas a los aquí imputados.
Así, se advierte respecto al expediente administrativo N° E14-2011-238- E, conformado en relación a la solicitud formulada por David López, uno de los hijos de Tito, que éste se presentó como productor, y en su declaración jurada, manifestó ser jornalero, existiendo en tal expediente, un informe adicional de fecha 28 de abril de 2016, en el que se consignó, que se constató el predio, observando importantes mejoras de gran valor económico como alambrado perimetral completo, 4 potreros de 250 hectáreas. Y uno de 500 hectáreas, una perforación de 222 metros con motor, una pileta, corral para vacunos, corral para chivos, corral para aves, vivienda de tres habitaciones, otra vivienda que se usa de cocina, luz eléctrica, algunos animales vacunos y unos 200 caprinos.
Este panorama es diametralmente opuesto a la constatada posteriormente, que fuera plasmada tanto en las escrituras de leasing, como en las actas de allanamiento a tales campos, donde se observó un estado de abandono y ausencia de las mejoras señaladas.