El listado de las grandes empresas, que no integran el cuadro de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, se encuentra publicado en la página Web de ARCA, en el micrositio “Factura de crédito electrónica”.
Los contribuyentes que comercializan bienes y prestan servicios, que utilizan el sistema de facturación electrónica que funciona desde la página Web de ARCA, emitirán sus comprobantes con la nueva información exigida que saldrá en forma automática.
La información tendrá que darse discriminada en cada renglón por impuesto, junto con la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743”. Según la Agencia de Control, esto permitirá a los consumidores conocer el impacto que tienen los impuestos en sus consumos y de esta manera podrán contar con la información para tomar sus decisiones con plena libertad. Pero no podrán evitar pagarlos.
Las empresas que no cumplan con esta nueva exigencia de facturación podrán sufrir la clausura del establecimiento, de acuerdo a lo que se encuentra previsto en la Ley 11.683. La norma prevé que pueden ser sancionados con clausura de dos a seis días del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario o de prestación de servicios, o puesto móvil de venta, siempre que el valor de los bienes o servicios de que se trate exceda de $ 10, valor irrisorio que no se encuentra actualizado.
La medida fue implementada a través de la Ley 27.743 de reforma tributaria, aprobada por el Congreso este año y reglamentada por la Agencia de Recaudación por medio de la Resolución General 5614.
La Ley 27743, introdujo una modificación a los efectos de lograr mejorar la transparencia fiscal ordenando que en las facturas y los tickets fiscales que emiten los comerciantes, en las ventas de bienes y los prestadores de servicios, detallen los impuestos contenidos en el precio final que pagan los consumidores finales.
En cada compra de un producto para consumir o en el momento de recibir una factura por un servicio prestado, el consumidor desconoce el efecto producido por los impuestos nacionales y provinciales que están incluidos en el precio. En la venta de productos de consumo masivo, se encuentran las etiquetas que alertan sobre las contraindicaciones de los insumos contenidos en el producto final, que nos puede influir en la decisión que tomemos. Sin embargo, en la presentación nada se informa sobre la cantidad de impuestos que están incluidos en su precio.
Ahora, la norma ordena que, desde el 1 de enero 2025, cuando un contribuyente inscripto en el IVA efectúe ventas, locaciones o prestaciones de servicios que están gravadas por el tributo debe discriminar en la factura el gravamen que recae sobre esa operación. El mismo criterio deberá seguirse, a partir del año que viene, en las operaciones comerciales realizadas con consumidores que se encuentran exentos.
Por otro lado, que los comerciantes por sus ventas y los locadores de obra y los que prestan servicios, quedan obligados a indicar en la publicación de los precios el importe final que tiene que pagar el consumidor final.
Asimismo, tienen que indicar el precio neto (sin el IVA) y los otros impuestos nacionales indirectos que gravan la operación, acompañado con la leyenda que tiene que figurar en la factura diciendo: “PRECIO SIN IMPUESTOS”.
Esta ley tiene alcance nacional, no puede exigir que en las facturas o tickets de ventas o prestaciones de servicios a consumidores finales se detallen los impuestos provinciales y municipales que se encuentran incluidos en el precio.
Por ese motivo, a través de la ley se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que influyen en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.
Adicionalmente, se exige que en la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo en los niveles nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos. que no se utilice la palabra “gratuito” o similares debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes.
En toda la cadena de producción y hasta que el bien llega al consumidor final, los fabricantes, distribuidores y comercios en la medida que pueden lo trasladan los impuestos. Ingresos Brutos se traslada en “cascada”, incorporándose en el costo de de cada bien y servicio, el IVA a pesar de descontarse en cada etapa finaliza cayendo en el bolsillo del último eslabón de la cadena: el consumidor final.
En el momento en que compramos un paquete de fideos pagamos impuestos, con la cuota de la medicina prepaga también lo hacemos y si contratamos un curso de idioma seguimos tributando. Hasta sobre el alimento básico, que es el pan, todos pagamos IVA.
Los impuestos están “escondidos” dentro de todos los bienes y de los servicios que consumimos todos los días. Lógicamente, al aumentar los precios por efectos de la inflación, se incrementa la recaudación impositiva del Estado.
Desde el marco teórico, los tributos que gravan el consumo se definen como indirectos, ya que no recaen directamente sobre las personas, sino que alcanzan a las transacciones que éstas realizan con los bienes y servicios. Además, se los define como regresivos porque se les cobra a todos por igual, aplicándose la misma alícuota, sin tener en cuenta la capacidad contributiva que posee cada persona, la tasa del 21% que tiene un paquete de fideos, o la del 10,5% que incluye el pan las pagan todos de la misma forma.
Los tributos que afectan al consumo, salvo las exenciones legales previstas, son el IVA, los Impuestos Internos e Ingresos Brutos, constituyendo un caso de doble imposición porque tres impuestos gravan el mismo hecho imponible. Pero no terminan ahí, ya que existen otros que son específicos como el Impuesto a los Cigarrillos y el Impuesto a los Combustibles.
Qué se paga de impuestos al consumir
El IVA se paga en el momento de adquirir un bien o cuando se contrata un servicio, se encuentra en el precio final que soporta el consumidor, sin posibilidad de poder trasladarlo a nadie más. Es un impuesto inequitativo, porque se aplica la misma alícuota a las personas que están bajo la línea de pobreza, a los indigentes, como a los que los que tienen medio o alto poder adquisitivo.
Por ejemplo, dentro de la canasta básica de alimentos, que está integrada por 24 productos, se encuentran alcanzados a la tasa del 10,50%, los siguientes: pan, harina de trigo, papa, batata, legumbres secas, hortalizas, frutas y carnes; los bienes que están gravados a la tasa del 21% son: galletitas, arroz, harina de maíz, fideos, azúcar, dulces, huevos, aceite, bebidas edulcoradas y gaseosas sin edulcorar, sal, vinagre, café, té y yerba. Sólo la leche se encuentra exenta en el impuesto.
Luego del resultado de las elecciones PASO del 2019, como consecuencia del resultado electoral, el gobierno de Mauricio Macri dispuso desgravar del IVA a trece productos de la canasta básica de alimentos. Luego, una de las primeras medidas que tomó Alberto Fernández fue la de hacer un enroque eliminando esa desgravación de los productos, que había sido creada en el año 2019, por la devolución de un importe dirigida a los sectores de bajos recursos al utilizar las tarjetas para realizar la compra. El gobierno actual, dejó vencer la medida y actualmente no existe vigente ninguna rebaja o devolución del IVA.
Sin beneficios concretos para el bolsillo, por lo menos, el año que viene los consumidores sabremos lo que pagamos de impuestos por los bienes y servicios que contratamos.
Cronista