El servicio migratorio también fue denunciado por detener a los migrantes en condiciones insalubres y sin atención médica, como el venezolano baleado por un agente.
Los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con órdenes definitivas de deportación han dejado de aparecer en el sistema de localización de la agencia, lo que dificulta a abogados y familiares conocer su paradero y actuar ante posibles expulsiones, denunció la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).
La asociación explicó a la agencia de noticias EFE que ha recibido múltiples quejas sobre los supuestos fallos en el sistema de localización de detenidos establecido desde 2010 por ICE. “Básicamente, las personas detenidas están desapareciendo del sistema de localización en todo el país”, explicó Heather Hogan, asesora jurídica de políticas y prácticas de AILA.
Falta de registro
El sistema de localización de solo cuatro centros de detención de ICE en todo el país estaría funcionando normalmente. Dichas cárceles, ubicadas en California, Nueva York, Illinois y Minesota, estarían sujetas a litigios en curso que obligan a la agencia migratoria a informar sobre la ubicación de los detenidos.
ICE tenía detenidas a 65.765 personas en todo el país el 11 de julio, según los últimos datos recopilados por el centro TRAC de la Universidad de Syracuse. La falta de información afectaría únicamente a inmigrantes que tienen órdenes definitivas de expulsión, lo que permite a las autoridades migratorias expulsarlos con rapidez, alertó la abogada.
La medida también dificulta que los abogados presenten recursos de habeas corpus, el mecanismo legal mediante el cual una persona detenida puede pedir a un tribunal que revise si su detención es legal y, cuando corresponde, ordene su liberación. “Resulta muy difícil para los abogados seguir adelante con sus casos cuando no saben dónde se encuentran sus clientes y las familias se encuentran desesperadas porque no saben si la persona ha sido deportada”, indicó Hogan. Esto podría, además, reducir el tiempo disponible para que una persona impugne su detención o deportación antes de que ICE ejecute su traslado o expulsión, añadió la abogada.
El sistema no permitiría la ubicación de los inmigrantes desde el pasado 15 de septiembre, según los datos de la asociación. Ni ICE ni del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dieron confirmación oficial sobre el sistema de localización de detenidos.
Hacinamiento creciente
En paralelo a esta cuestión, tres congresistas demócratas denunciaron que la instalación del ICE en Miramar (Florida) llegó a retener a 342 personas en un solo día en agosto pese a tener capacidad para 56, según testimonios de empleados de la agencia. Las denuncias figuran en dos cartas dirigidas al director interino del ICE, David Venturella, y a la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y firmadas por Robert García y Bennie Thompson, los demócratas de mayor rango en dos comités de la Cámara de Representantes, y el congresista por Orlando Maxwell Frost.
Las celdas de Miramar están pensadas para estancias de menos de 12 horas, según el límite que fija la normativa del ICE, y un juez federal de California ordenó en junio respetarlo en todo el país. Según los denunciantes, sin embargo, hombres y mujeres pasan allí hasta siete días, y más de un centenar duerme con grilletes.
La carta describe además un inodoro tapado que desbordaba orina y heces en una celda y agentes que necesitaron antibióticos por la insalubridad. Tampoco hay personal médico: un detenido que dijo tener tuberculosis no fue aislado, según el texto.
Las fotografías publicadas por los legisladores muestran a detenidos durmiendo en el suelo, basura acumulada, baños portátiles cubiertos de excrementos y a personas que se lavan los dientes con una manguera en el exterior. Los congresistas extienden las denuncias a la instalación del ICE en Orlando, donde, según los testimonios, hasta 80 personas pasan días en celdas abarrotadas y con grilletes 16 horas al día. También acusan a los responsables de ambos centros de trasladar a detenidos antes de las visitas del Congreso, y piden respuestas antes del 5 de octubre. “Estas instalaciones también deben cerrarse y los responsables tienen que rendir cuentas”, afirmó Thompson en un comunicado.
La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz ya había denunciado el hacinamiento en Miramar tras visitar la instalación sin previo aviso el 2 de julio. Contó entonces unas 150 personas, algunas retenidas más de 72 horas. Ni el ICE ni el DHS han respondido a las peticiones de comentarios de medios locales.
El venezolano baleado
Entre otras denuncias contra el ICE, la familia del migrante venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez exigió justicia y atención médica urgente para que el joven sea operado, tras haber sido baleado por un agente migratorio en Austin, Texas.
Garcés recibió el domingo un balazo en la parte superior de la espalda de un integrante del ICE, en un nuevo incidente que pone el foco en los operativos migratorios impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump. El venezolano de 28 años permanece bajo custodia federal.
Su madre, Flor Pérez, informó que la bala alojada cerca de su columna le ha causado inmovilidad en el lado izquierdo de su cuerpo y teme que se mueva hacia algún órgano. “Está bastante lastimado y con mucho dolor”, dijo Pérez a la agencia de noticias AFP desde el estado Lara (centro).
Ella explicó que, tras ser llevado dos veces a un hospital, fue devuelto al centro de detención y que hasta ahora solo ha recibido calmantes de las enfermeras del lugar. Además, sostuvo que requiere de una cama clínica, ya que las condiciones en las que se encuentra no son óptimas para su situación médica.
Durante una conferencia de prensa desde el centro de detención, Garcés expresó que el disparo le fracturó la clavícula y en el hospital que lo llevaron no le pudieron sacar la bala porque estuvo cerca de alcanzar su columna. Horas después, su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, informó que Garcés fue nuevamente trasladado a otro hospital porque ahora sufre parálisis del lado izquierdo.
Flor Pérez vive con el hijo del migrante venezolano, un menor de edad que padece una discapacidad motora (parálisis cerebral) desde su nacimiento. El pequeño depende económicamente del dinero que Garcés envía desde Texas para sus medicinas y tratamientos.
Ella exige además una investigación y que se apliquen sanciones al funcionario que disparó. Catalogó el procedimiento policial como una flagrante violación de los derechos humanos. “Él me hizo una videollamada y lo vi en el momento cuando él estaba estacionado en su vehículo sentado y me cuenta que venía un auto y lo chocó y entonces dice: ‘Mamá, me dispararon, me dispararon’”, detalló Pérez.
Otros de sus parientes en Venezuela denunciaron la opacidad del procedimiento de ICE. Su tía Gladys Pérez manifestó el “rechazo absoluto” de la familia ante el uso desmedido de la fuerza. “La verdad es que no había motivo para dispararle a Wilber; dicen que huyó. Sin embargo, no me parece que sea un motivo. No es un delincuente. No debe ser tratado como tal”, dijo la docente desde el estado Yaracuy (centro-norte).
Wilber Garcés tenía más de cinco años fuera de Venezuela e ingresó legalmente a Estados Unidos desde México hace casi tres años bajo el programa de parole humanitario y con solicitud de asilo en curso, según sus familiares.
Página 12