La UCR a raíz de la reivindicación que hace la Sociedad Rural de Corrientes del ex capitán Juan Carlos De Marchi condenado por delitos de Lesa Humanidad impulsa dos iniciativas vinculadas en la Cámara Alta. Una para repudiar lo sucedido; la otra, para prohibir apoyo estatal a entidades apologistas del accionar represivo
La Sociedad Rural de Corrientes impuso el nombre del ex capitán Juan Carlos De Marchi a la plaza principal de su predio ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 12, en Riachuelo, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en la Provincia de Corrientes durante la última dictadura cívico-militar
A raíz de esto un proyecto de Ley impulsado por los legisladores de la UCR establece “límites explícitos al Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes respecto del otorgamiento de subsidios, donaciones, créditos, auspicios o la celebración de convenios con instituciones, asociaciones civiles u organizaciones (ONG) que realicen homenajes, conmemoraciones, reivindicaciones o apologías de personas condenadas por delitos de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos (DDHH), incitación al odio o apologías de tales hechos”.
De igual manera, razonan los legisladores “interpela la memoria colectiva correntina y afecta la convivencia institucional”
Proyecto de Resolución
En paralelo se presenta un proyecto de Resolución para ” Repudiar la decisión de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Corrientes
de imponer el nombre del ex capitán Juan Carlos De Marchi a la plaza principal de su predio ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 12, en jurisdicción de Riachuelo, tratándose de una persona , condenada por delitos de lesa humanidad cometidos en la Provincia de Corrientes durante la última dictadura cívico-militar”
Entienden que se trata de una “provocación al pacto democrático,
incitación al odio, apología política y atentar contra la moralidad pública y que desnaturaliza los fines de la Asociación Civil reconocida por Personería Jurídica
Este proyecto resolutivo responde a un pedido de la Comisión Provincial de DDHH de Correntes dirigido a la presidencia de la Comisión de DDHH del Senado, a cargo del legislador Noel Breard, para que haya un pronunciamiento de repudio. Esa solicitud lleva las firmas entre otros de Ramón Artieda y Marisa Sanauria
Momarandu