Antropólogos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificaron el lugar donde se presume que fueron enterradas las víctimas de la masacre de San Antonio de Obligado de 1887, en lo que constituye el primer hallazgo de una fosa común vinculada con una masacre indígena perpetrada por el Estado Argentino según informaron la abogada de las comunidades y el colectivo Guías que acompañaron las tareas.
El hallazgo de restos humanos se produjo el pasado 27 de septiembre en el marco de los sondeos que el antropólogo Juan Nobile, del EEAF, venía realizando desde marzo en esta localidad santafesina a pedido de la Fiscalía Federal de Reconquista que está investigando los hechos de cara a la realización de un juicio por la verdad histórica, el primero por delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en el siglo XIX.
“Es histórico porque se trata del hallazgo de la primera fosa común de una masacre indígena llevada a cabo del Estado argentino”, dijo a Télam el antropólogo Fernando Pepe, coordinador del Área de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y Protección de Sitios Sagrados del INAI, y estuvo presente en el descubrimiento realizado en la localidad santafesina de San Antonio de Obligado.
“En Argentina tenemos ubicada una fosa común más antigua en Mendoza, pero como parte del genocidio indígena cometido por los españoles, y el EAAF está en plena búsqueda de la fosas comunes de la masacre de Napalpí” que aún no fueron encontradas, explicó este miembro fundador del Colectivo Guías, organización que viene colaborando fuertemente con la producción de pruebas en la causa a través de la investigación y análisis de documentación histórica.
Cintia Chávez, la abogada que representa a las comunidades qom y mocoi descendientes de los indígenas fusilados en 1887, explicó que el hallazgo tuvo “una carga emotiva muy fuerte” ya que previo a los inicios de esa jornada de excavaciones se realizó una ceremonia para solicitar permiso “a nuestros ancestros que yacen en ese territorio” y bendecir la tarea de los investigadores, de la que participaron autoridades estatales, indígenas y el obispo José Ángel Masín.
“Pero, además, la primera palada para encontrar los restos la realizó (el cacique) Ariel Chará de la comunidad Qompi, que después nos contó la enorme emoción que le causó el haber encontrado a sus abuelos”, dijo.
La aparición de un cráneo humano de un adulto o adulta joven fue lo que dio a los investigadores el primer indicio concreto de que allí están enterradas las víctimas de la masacre, pero no pudieron seguir adelante con las excavaciones porque la orden era detener los trabajos cuando se encontraran restos óseos y hasta tanto la justicia produzca una nueva solicitud, en este caso de exhumación y peritaje de todos los cuerpos que allí se encuentren.
“El 27 a la mañana el cacique Ariel Chará observó que a unos 45 centímetros de profundidad afloraba un cráneo, ahí intervino el antropólogo Juan Nobile junto con las arqueólogas de la UNLP, Laura Huehara y Melisa Sánchez, y determinaron que efectivamente se trataba de un cráneo humano”, contó Pepe.
“Se siguió ese sondeo un poco más para confirmar que estaba in situ todo el esqueleto, y se frenó ahí la excavación porque se terminó la etapa de búsqueda, se cerró otra vez todo y estamos esperando que se apruebe el plan de extracción”, agregó.
Para Pepe no hay dudas de que “hallamos la fosa”, y ahora lo que queda por delante es “abrir todo el predio para retirar todos los cuerpos que suponemos que son los de los 14 hombres, el niño y la mujer fusilados el 11 de marzo de 1887 por el Ejército argentino”.
El antropólogo explicó que los demás cuerpos “se supone que se encuentran debajo o alrededor de este primer cuerpo” hallado junto al monumento de La Cruz Alta y en el mismo lugar que indicaba la tradición oral que fue transmitiéndose de generación en generación.
Hacia 1884, cinco comunidades de los pueblos indígenas moqoit y qom de la zona del chaco santafesino accedieron a asentarse definitivamente en la reducción religiosa San Antonio de Padua de Obligado, que se creó en territorios cercanos a la Colonia Las Toscas, mediante un acuerdo con el Gobierno nacional, el cual les prometió escriturar a su nombre esas tierras a futuro.
Las negociaciones para conformar la reducción cuyo objetivo era convertir a los indígenas a la cultura occidental cristiana e introducirlos como mano de obra barata al capitalismo en su versión agroexportadora, habían sido encabezadas por el misionero franciscano y jefe espiritual de esa misión Ermete Constanzi.
Los indígenas no sólo debían trabajar en las tierras de la reducción sino también en los ingenios azucareros de localidades vecinas o para la guarnición militar de Las Toscas, cuyo comandante era Marcos Piedra.
Algunos años más tarde, las condiciones de vida en la misión comenzaron a empeorar con epidemias, abusos físicos, castigos de las autoridades militares y falta de alimentos.
La relación entró definitivamente en crisis durante el verano de 1887 cuando el Ejército nacional raptó una niña indígena para cumplir un pedido del gobernador del Territorio Nacional de Misiones y hermano del presidente Julio Argentino Roca, Rudecindo, que había solicitado le envíen “una chinita” para servidumbre.
La indignación derivó en la sublevación de una parte de los reducidos, quienes asesinaron a Piedra y a otro soldado antes de abandonar la misión para internarse en el monte.
En respuesta, el Ejército reprimió con dureza fusilando a 16 indígenas que no habían participado de la revuelta y permanecían en San Antonio. Durante los siguientes diez días continuaron los asesinatos en un número indeterminado.
Sin embargo, la historia oficial diría luego que los indígenas fueron fusilados en represalia por haberle dado muerte al sacerdote Ermete Constanzi, quien en realidad murió diez años después de la masacre, asesinado por un sicario a sueldo de los terratenientes a quienes molestaba su permanente reclamo en favor de los indígenas.
El anacronismo de esa historia inventada se evidencia ya en el hecho de que fue el propio Constanzi, quien confeccionó de su puño y letra el acta parroquial de defunción de los masacrados en 1887, donde puede leerse que “fueron asesinados por las fuerzas militares que guarnecían en este punto”, 14 hombres “más una mujer y un chico de poca edad” los cuales luego “fueron enterrados cerca de la proveeduría donde los soldados estaban acuartelados”.
“Las comunidades están muy contentas por ser liberadas, finalmente, de las acusaciones de esa historia contada al revés que los señalaba como culpables”, afirmó Chávez.
Fuente: Télam