La contaminación asociada a la planta de Atanor en San Nicolás suma un nuevo capítulo preocupante por su cercanía con el sistema hídrico local. Las organizaciones Greenpeace y el Foro Medio Ambiental San Nicolás (FOMEA) exigen que el proceso de desmantelamiento de la planta se realice bajo controles estrictos, monitoreos permanentes y total transparencia hacia la comunidad.
Análisis realizados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM-CONICET/UNLP) sobre muestras tomadas por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires detectaron la presencia de residuos de agroquímicos y productos de degradación vinculados a la actividad histórica de la empresa en descargas pluviales que desembocan en el Río Paraná. Los resultados corresponden a muestras recolectadas entre febrero y abril de este año en vuelcos desde el sistema pluvial de la planta hacia el río.
Entre los compuestos detectados, se encuentran glifosato, AMPA —principal producto de degradación del glifosato—, atrazina y distintos metabolitos asociados a este herbicida. Una de las muestras registró concentraciones extremadamente elevadas de Atrazina-Hidroxi.
Este nuevo caso genera preocupación por la cercanía de estas descargas con áreas sensibles del sistema hídrico local y se suma a antecedentes recientes que evidencian la persistencia de la contaminación en la zona, entre ellos la detección de residuos peligrosos en una barranca lindante con la planta y la aparición de plaguicidas en pozos y puntos de la red de abastecimiento de agua de San Nicolás.
“Los análisis incorporados al expediente confirman un nuevo y gravísimo episodio de contaminación asociado a Atanor. Los propios organismos de control reconocen que estos compuestos provienen del conducto pluvial de la empresa, aunque luego esos mismos funcionarios intentan minimizar la gravedad de los resultados. Lo que está en discusión ya no es solamente la responsabilidad de la empresa, sino también el funcionamiento de un sistema de fiscalización ambiental que volvió a fallar frente a un hecho de enorme trascendencia para la salud pública y la protección del Río Paraná”, asegura Fabián Maggi, abogado de los vecinos afectados de San Nicolás y de la organización FOMEA
La detección de sustancias contaminantes ocurre mientras la planta atraviesa un proceso de desmantelamiento y recomposición ambiental posterior a la explosión registrada en marzo de 2024, por la cual la justicia ordenó la detención de la producción de agroquímicos. La movilización, limpieza y desmontaje de estructuras históricamente vinculadas a la producción y almacenamiento de agroquímicos exige controles ambientales rigurosos para evitar nuevos episodios de contaminación y la dispersión de contaminantes acumulados durante décadas dentro del predio.
“La contaminación no terminó cuando Atanor dejó de producir. Lejos de demostrar que el problema quedó atrás, los resultados refuerzan las advertencias realizadas por organizaciones ambientales y vecinos sobre los riesgos de movilizar contaminación acumulada durante años dentro del predio industrial. Estos resultados confirman la necesidad de que el proceso de desmantelamiento se realice bajo controles estrictos, monitoreo permanente y la garantía de acceso a información y transparencia hacia la comunidad afectada“, señala Agostina Rossi Serra, vocera de Greenpeace Argentina.
Asimismo, el hallazgo se produce en un contexto de avance de las investigaciones judiciales vinculadas a la contaminación generada por Atanor en San Nicolás. Recientemente, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó avanzar con la toma de declaración indagatoria a seis directivos de la empresa, cinco funcionarios del entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y tres expresidentes de la Autoridad del Agua, por su presunta responsabilidad en hechos históricos de contaminación del Río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire de la zona.
La decisión judicial constituye un paso relevante en una causa que se inició hace más de una década a partir de denuncias de vecinos de San Nicolás y que investiga posibles vuelcos de residuos peligrosos, enterramiento de residuos tóxicos y presuntas omisiones de control por parte de organismos estatales.