Greenpeace Argentina alzó la voz en contra del proyecto de Ley Ómnibus presentado ante la Cámara de Diputados y que fue girado por el Poder Ejecutivo ya que supone una puerta de entrada a la destrucción de bosques y glaciares en Argentina y consecuentemente una regresión ambiental. Además, destaca la inquietud específica en torno a las posibles restricciones al derecho a la protesta. Este doble impacto, tanto en la preservación ambiental como en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, refuerza la urgencia de revisar y reconsiderar este proyecto de ley para evitar consecuencias adversas para el patrimonio natural y los derechos fundamentales en Argentina.
En el documento presentado, se identifican modificaciones en al menos tres leyes que tienen impacto directo en el medio ambiente: la Ley de Glaciares, sancionada en el 2010 con el objetivo de proteger los glaciares y el ambiente periglacial (áreas con suelos congelados que actúan como reguladores para la conservación del recurso hídrico), cambios en la Ley de Quema 26.562, sancionada en el 2009, así como la desregulación y desfinanciamiento de la Ley de bosques 26.331, sancionada en el 2007.
Estas leyes consagran hitos importantes de la historia de la defensa de la naturaleza y el medio ambiente en Argentina, que han sido resultado de importantes debates democráticos y que se traducen en salvaguardas para proteger el patrimonio ambiental de nuestro país.
“Desde Greenpeace llamamos a todo el Congreso a rechazar este proyecto de Ley, resguardando la democracia y los procesos de debate legislativos que la Argentina ha dado estos últimos años para proteger nuestro patrimonio. Son luchas que hemos ganado y que no podemos perder bajo ningún concepto. Los glaciares y los bosques no se negocian, es una regresión ambiental que no podemos permitir”, aseguró Diego Salas, director de Programas de Greenpeace Andino.
Desde la perspectiva de Greenpeace Argentina, se observa con profunda inquietud la inclusión de disposiciones vinculadas al derecho de protesta. Esta propuesta plantea una amenaza significativa para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión a través de manifestaciones y protestas pacíficas.
“En este debate legislativo, instamos encarecidamente a evitar estas regresiones ambientales y, del mismo modo, a preservar los principios fundamentales de una sociedad democrática y garantizar el derecho a la expresión pacífica”, aseguró Salas. “Greenpeace utilizará todos los medios necesarios para proteger la institucionalidad ambiental argentina, los logros que durante años miles de argentinos y argentinas conquistaron para proteger el medio ambiente, y continuará su trabajo para defender la naturaleza. Hoy más que nunca, en contexto de crisis, es necesario comprender que ningún futuro ni desarrollo será posible y beneficioso para las personas, sin la protección del medio ambiente, nuestro sustento fundamental para sostener la vida y toda actividad humana en la tierra”.