La arquitecta Paloma Lucía Barreto identificó que los municipios del área metropolitana de Resistencia carecen de reglas específicas para controlar la instalación de barrios privados, cuya expansión agrava los riesgos de inundación y profundiza la desigualdad urbana. Su investigación producirá modelos de ordenanzas que los municipios podrán adoptar para controlar su crecimiento.
Los municipios de la región carecen de normas propias que establezcan cómo, dónde y bajo qué condiciones pueden instalarse estos emprendimientos de barrios cerrados.
Los barrios cerrados – conjuntos residenciales con acceso restringido rodeados por muros, alambrados o barreras naturales como ríos y lagunas – se multiplican en los municipios que rodean a la ciudad de Resistencia desde hace dos décadas.
Su expansión, sin embargo, ocurrió en gran medida sin reglas claras: los municipios de la región carecen de normas propias que establezcan cómo, dónde y bajo qué condiciones pueden instalarse estos emprendimientos.
Esa brecha normativa es el foco de la investigación que lleva adelante la arquitecta Paloma Lucía Barreto, bajo la dirección de la doctora Venettia Romagnoli.
El trabajo forma parte de una Beca de Investigación Tipo I de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología (SGCyT) de la Universidad Nacional del Nordeste y se desarrolla en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de esa casa de estudios.
En trabajos anteriores de la arquitecta Barreto – realizados durante su carrera de grado – se relevaron y analizaron trece barrios cerrados en el municipio de Resistencia y siete más distribuidos en Barranqueras, Colonia Benítez y Colonia Popular. Esos relevamientos permitieron identificar una serie de consecuencias que estos desarrollos generan sobre la ciudad y el ambiente: fragmentación del tejido urbano, separación entre distintos sectores sociales, tala de árboles, relleno de lagunas y ocupación de zonas propensas a inundaciones, entre otras.
El hallazgo más relevante de esas investigaciones previas fue que los municipios afectados no cuentan con reglas específicas para regular estos desarrollos. La normativa nacional – el Código Civil – delega esa responsabilidad en las provincias y los municipios, pero estos últimos no han producido en su mayoría instrumentos propios. El resultado es un crecimiento urbano que avanza sin planificación y que agrava los problemas de inundaciones y desigualdad en el territorio.
La arquitecta Paloma Lucía Barreto, bajo la dirección de la doctora Venettia Romagnoli, buscan lineamientos normativos para regular los barrios cerrados ya existentes y los que puedan surgir en el futuro.
Nuevos conocimientos. La investigación que lleva adelante Barreto busca tres objetivos concretos. El primero es revisar cómo otros municipios de la región, del país o de América Latina regularon este tipo de barrios y qué resultados obtuvieron.
El segundo es completar el análisis de los barrios cerrados que aún no fueron estudiados en los municipios de la Región Metropolitana del Gran Resistencia (RMGR), que comprende a Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana, Puerto Tirol, Colonia Popular, Colonia Benítez y Margarita Belén.
El tercero, y central, es producir lineamientos normativos – es decir, modelos de reglas urbanas – que esos municipios puedan utilizar como base para sancionar sus propias ordenanzas y así controlar el surgimiento y la expansión de este tipo de urbanizaciones.
La investigación parte de tres supuestos que deberá confirmar o descartar: la legislación nacional obliga a los municipios a tener reglas propias en esta materia. El segundo es que la falta de esas reglas favorece la instalación de barrios cerrados con consecuencias sociales y ambientales negativas. Finalmente el tercero es que la producción de modelos normativos puede dotar a los municipios de herramientas concretas para revertir esa situación.
Actividades. El Plan de Trabajo a llevar adelante combina dos tipos de técnicas. Por un lado, utilizará herramientas de análisis territorial: imágenes satelitales, mapas de catastro y planos de zonificación para identificar y caracterizar cada barrio cerrado en el territorio. Además, realizará visitas a los barrios y sus zonas aledañas para observar las condiciones de las viviendas, los espacios comunes y los servicios disponibles, y llevará a cabo encuestas y entrevistas a residentes y actores del sector, indagando sobre provisión de agua, cloacas, conectividad, seguridad, transporte y razones de elección de ese tipo de residencia.
También analizará documentos: datos de censos, legislación urbanística y registros técnicos de infraestructura.
La investigación adopta una perspectiva que entiende la ciudad no solo como un conjunto de construcciones físicas sino como un espacio atravesado por relaciones sociales y de poder, lo que implica que la regulación de los barrios cerrados no puede limitarse al ordenamiento del suelo sino que debe articularse con políticas orientadas a reducir la desigualdad urbana.
Utilidad de los resultados. Los resultados de la investigación tendrán como destinatarios directos a los ocho municipios que integran la Región Metropolitana del Gran Resistencia. Los lineamientos normativos que se produzcan funcionarán como modelos que esas localidades podrán adaptar y adoptar para regular los barrios cerrados ya existentes y los que puedan surgir en el futuro.
A decir de la arquitecta Barreto, la investigación busca producir conocimiento que tenga una traducción directa en instrumentos de gestión municipal para una región que enfrenta, desde hace décadas, la presión de un tipo de urbanización para el cual todavía no tiene respuestas normativas adecuadas.
Diario Época