Los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y María Inés Zigarán presentaron una nota formal dirigida a Martín Menem, José Peluc y Nicolás Mayoraz para que amplíen la cantidad de jornadas de audiencia pública previstas para el debate de la ley de Glaciares porque la cantidad de inscriptos desbordó todas las previsiones del gobierno.
Los legisladores opositores manifestaron que ya hay más de 15 mil personas anotadas y expresaron en su nota que los días fijados originalmente para las exposiciones, limitados al 25 y 26 de marzo próximos -y con el segundo nada más que contemplado para intervenciones de forma virtual-, no serán suficientes.
En el plenario de comisiones de la semana pasada, los libertarios aceptaron el mecanismo de audiencias públicas para evitar la judicialización posterior, si se incumplía el acuerdo de Escazú, cuya letra establece que la ciudadanía debe conocer el impacto de la ley y debe participar activamente de la discusión cuando se trate de afectaciones al medio ambiente. Sin embargo, el gobierno creyó que iba a poder liquidar el trámite en dos días.
Los activistas del ambientalismo, los movimientos sociales y las organizaciones populares se pusieron al hombro la difusión de la convocatoria y en menos de una semana reventaron la casilla de mails del Congreso. Hasta el lunes por la tarde, había alrededor de 18 mil inscriptos y Menem, desesperado por el aluvión, habría instruido al personal administrativo que esconda la actualización de la cifra para no agigantar el escandaloso rechazo a la modificación de la ley de Glaciares.
Ferraro, Selva y Zigarán advirtieron al oficialismo en esa nota que “la obligación asumida por el Estado no se agota en la mera convocatoria formal” sino que “exige adoptar las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva”.
La pauta aceptada por Peluc y Mayoraz durante la discusión de comisiones había sido la de otorgar 5 minutos por expositor. Con casi 20 mil inscriptos deberían destinarse alrededor de dos meses al debate, lo cual demoraría el trámite parlamentario a niveles exasperantes para sus impulsores, entre los que se cuentan las empresas mineras, el gobierno nacional y los gobernadores de las provincias con recursos metalíferos.
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