En la Cámara baja se vivió un momento decisivo cuando, tras intensos meses de debate y desacuerdos, 291 diputados apoyaron la ley frente a 241 que se opusieron.
La Asamblea Nacional de Francia votó y aprobó este miércoles la ley que legaliza tanto la eutanasia como el suicidio asistido para personas adultas con enfermedades incurables y sufrimientos graves. El texto superó la tercera y definitiva lectura en la Cámara baja, donde 291 diputados votaron a favor y 241 en contra, y cerró un proceso legislativo de más de un año, marcado por discusiones en el Senado, con mayoría conservadora.
La nueva ley garantizó el derecho a la ayuda médica para morir bajo condiciones estrictas: solo podrán solicitarla quienes sean mayores de edad, cuenten con nacionalidad francesa o residan legalmente en el país y atraviesen una enfermedad grave, incurable y en fase avanzada o terminal, que provoque un sufrimiento físico o psicológico considerado insoportable y sin posibilidad de alivio. Además, la persona deberá manifestar su voluntad de forma libre, informada y en pleno uso de sus facultades.
El procedimiento exige que la solicitud se realice por escrito ante un médico, que deberá responder en un plazo máximo de 15 días tras consultar a otros profesionales. Si la petición se aprueba, el paciente deberá confirmar su decisión después de un periodo mínimo de reflexión de dos días.
El protocolo también estableció la posibilidad de presentar alternativas como los cuidados paliativos y recordó que la persona puede desistir en cualquier momento. Cuando el paciente no se encuentre en condiciones físicas para auto administrarse la medicación, la intervención quedará a cargo de un médico o un enfermero.
La ley contempló la objeción de conciencia para el personal sanitario, pero el profesional que rechace participar tendrá la obligación de derivar al paciente a otro colega dispuesto a realizar el procedimiento.
El texto surgió como una iniciativa del presidente Emmanuel Macron, quien desde 2024 busca convertir la regulación de la ayuda médica para morir en uno de los principales avances sociales de su segundo mandato, que concluye en mayo de 2027.
El proyecto atravesó múltiples etapas parlamentarias: recibió en dos ocasiones el respaldo de la Asamblea Nacional y enfrentó dos rechazos del Senado, lo que obligó a sucesivas revisiones y negociaciones para alcanzar el consenso necesario.
La ley será ahora revisada por el Consejo Constitucional, instancia a la que el gobierno acudió por dudas sobre aspectos específicos del texto, como el plazo de reflexión de dos días y las condiciones aplicables a personas bajo tutela judicial. También se consultará sobre la compatibilidad entre la cláusula de conciencia de los profesionales sanitarios y el funcionamiento de centros médicos y sociales dedicados al final de la vida, que no aceptan acelerar la muerte pero tampoco recurren al encarnizamiento terapéutico.
La Iglesia católica francesa expresó su rechazo a la aprobación de la ley. Calificó la medida como una ruptura grave en la historia del país y advirtió sobre los cambios que implicaría en la relación con la vulnerabilidad, la discapacidad, la vejez y la enfermedad.
Macron, a través de un comunicado en redes sociales, destacó la importancia del debate democrático y agradeció a los parlamentarios el tono constructivo de la discusión. También reconoció el aporte de los ciudadanos, cuidadores y asociaciones que participaron en la convención ciudadana convocada para asesorar sobre el tema.
Por su parte, el presidente del Senado, Gérard Larcher, anticipó su intención de recurrir al Consejo Constitucional, lo que se sumó al proceso de revisión de la ley.
Fuente: Infobae