Los fondos buitre que litigan en la Justicia estadounidense contra la Argentina por el cálculo erróneo del crecimiento del PBI, lo que según ellos afectó en forma negativa sus pagos, apelaron este lunes el fallo de la jueza Loretta Preska que benefició al país en el “caso Cupón PBI”.
“Fondos apelan fallo de la Juez Loretta Preska que benefició a la Rep. Argentina en el caso Cupón PBI. Recordemos que la magistrada neoyorquina no opinó sobre el cálculo del PBI, sino que desestimó el reclamo de los acreedores por no haber cumplido con los requisitos necesarios para poder demandar al país”, así explicó el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril. Se trata de una demanda iniciada a fines de 2019, y en la cual la Argentina logró hace un mes un fallo a su favor.
Anteriormente, los demandantes no pudieron realizar ninguna presentación ya que no estaban habilitados, por lo que el fallo a favor que sentencio Preska no abordó la cuestión de fondo sino que simplemente la descartó.
La causa involucra una suma importante de u$s500 millones, mientras que un segundo juicio presentado por los bonistas representados por el Banco de Nueva York sigue en curso por un monto que asciende a los u$s6.000 millones.
El estado argentino evita el pago de unos u$s1.400 millones en los tribunales estadounidense que reclaman los fondos Aurelius Capital, Novoriver, ACP, 683 Capital, WASO, Romano, entre otros.
Cupones PBI: qué son y cómo se originó la deuda
Los cupones PBI se emitieron en 2005 como parte de la reestructuración de la deuda defaulteada en 2002 y debían pagar rendimientos a los bonistas cada vez que la Argentina alcanzase un crecimiento de su Producto Bruto del 3,3% anual.
Tras su salida al mercado, los cupones PBI rápidamente se convirtieron en uno de los activos favoritos del mercado local ante el crecimiento a “tasas chinas” que tuvo lugar durante la presidencia de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Kirchner.
En el último trimestre del 2013, se cambió la fórmula de cálculo del PBI y el crecimiento anual de ese entonces cerró en 3,2%, un 0,1% por debajo del 3,3% que obligaba al pago. Así, ya no hubo nuevos desembolsos por ese concepto.
Esos pagos no concretados fueron los que generaron la demanda resuelta el año pasado en Londres que sumó u$s 1440 millones a la deuda externa nacional.
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