La CCP nuclea a más de 900 empresas constructoras pymes nacionales, principalmente de obras de arquitectura públicas y privadas. A continuación, el diálogo.
Periodista: El presidente Javier Milei anticipó que no habrá más obra pública ¿cómo les afecta esta medida?
Gerardo Antonio Fernández: Respecto a la inminente paralización y eliminación de la obra pública nacional, la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, (CPC), insta a la prudencia. Primero, el presidente ha manifestado el cumplimiento irrestricto de los contratos vigentes. Segundo, se ha expresado que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Por tanto, se debe comprender que la seguridad jurídica de los contratos vigentes se encuentra asegurada. Tercero, en el organigrama de ministerios, persiste con el rango el “Ministerio de Infraestructura de la Nación”, por tanto, debe interpretarse que no debería existir dicho Ministerio, si fuese eliminada la obra pública. Y cuarto, en casos de rompimientos de contratos, y/o incumplimientos de cualquier naturaleza, se encuentran vigentes las instancias administrativas y, en su caso, judiciales que la Constitución y las instituciones garantizan.
P.: ¿Cuántas empresas integran la entidad?
G.A.F.: CPC es una entidad de tercer grado que agrupa a federaciones y cámaras, las que a su vez asocian a más de novecientas empresas en todo el país.
P.: ¿A quiénes representan?
G.A.F.: “Las Pymes constructoras” son productoras de viviendas, escuelas, hospitales, complejos comerciales, redes, urbanizaciones, plazas, infraestructura, saneamiento, hidráulica, gasoductos, aeropuertos, etcétera, con un marcado carácter artesanal, usuarias de un significativo volumen de mano de obra, con alto impacto social, alcanzando niveles de ocupación directa superiores al 70 % del total del recurso humano registrado en la industria. Todo esto, sin mencionar las actividades mercantiles e industriales productoras de materiales, insumos y servicios que, colateralmente, completan el conjunto de actores necesarios para llevar a buen término toda obra. De allí que, proverbialmente, la industria de la construcción sea considerada como rápida y efectiva motorizadora de la economía. Así, la construcción debe ser valorada como un prominente activo social.
P.: ¿A cuántas personas dan trabajo directo e indirecto?
G.A.F.: En forma directa según ERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) el promedio histórico asciende a 480.000. Según el último informe correspondiente al mes de noviembre 2023, asciende a 439.035, de los cuales se estima que un 70% o sea, que unos 300.000 corresponden a empresas Pymes. Asimismo, según estimadores históricos, el derrame en sectores de comercio e industria, se calcula entre cuatro a cinco veces el trabajo directo, por tanto, se estaría hablando de 1.500.000 trabajadores, en forma indirecta.
P.: ¿Cuánto representa del gasto de obra pública su sector?
G.A.F.: La inversión en obra pública depende cada año de cada presupuesto votado por el Congreso, pudiendo llegar en años de fuerte inversión, hasta un 12% de PBI del país. Tanto en Argentina, como en el resto del mundo civilizado, los presupuestos de obra pública nacional se dividen en dos grandes rubros. Uno consiste en las obras de ingeniería (rutas, autopistas, represas, aeropuertos, todas obras de gran magnitud), que consumen un 70% del presupuesto, y en promedio significan el 30% del empleo registrado del sector. Y el otro rubro son las obras de arquitectura (viviendas, hospitales, escuelas, plazas, polideportivos, servicios de agua, cloaca, electricidad, etcétera. Todas obras de menor magnitud, pero de mayor cercanía) siendo en este caso la implicancia de un 30 %del presupuesto, absorbiendo en el empleo cerca del 70%. Estas últimas son las obras que desarrollan las pymes. De allí la importancia y trascendencia del sector, tanto en contención social como en derrame en la micro y macroeconomía de cualquier país.
P.: ¿Están cobrando las obras ya realizadas? ¿Hay retrasos en los pagos?
G.A.F.: La situación es dispar en todo el país. Existen provincias como Tucumán o Misiones, donde se ha paralizado prácticamente a cero la ejecución, y otras como Mendoza, Córdoba, Salta, San Juan, Buenos Aires, donde se han ralentizado los ritmos, pero no se ha llegado a paralizaciones totales. Respecto al retraso, también es dispar, partiendo de un mínimo de 60 días en adelante. En algunas circunscripciones se observan deudas superiores a los 8 meses.
P.: ¿Cuánto de la obra pública que llevan a cabo los municipios y gobernaciones son con fondos de la Nación?
G.A.F.: Esto también es muy dispar, hay provincias como Tucumán que dependen en un 100% de obras nacionales y otras como Jujuy, Salta, San Juan, San Luis, Mendoza o Córdoba que en distintas proporciones poseen obras sustentadas con aportes provinciales, municipales o de entes descentralizados provinciales. En esto se puede apreciar con claridad que aquellas provincias o municipios que han tenido buen manejo de los recursos poseen mayor inversión en obra pública que aquellos que no lo han tenido.
P.: ¿Cuáles son, a su juicio, las obras que se dejarán de hacer?
G.A.F.: El sentido común, como la historia, hacen comprender que resulta imposible prescindir de la obra pública. A lo sumo, podrán reprogramarse las curvas de inversión estirando los plazos de obras, acorde a los fondos disponibles. Y en el caso más extremo, se puede presuponer que podrían ser las obras de infraestructura de gran magnitud, las que a su vez consumen el mayor porcentaje de presupuesto y la menor cantidad de mano de obra, las que podrían llegar a sentir un mayor rigor. Paralizar las obras de arquitectura significaría desplazar a la calle a una cantidad de personas que podría llegar casi a los dos millones de personas entre directos e indirectos, que derivaría en una crisis social y de conflictos sin precedentes y, por tanto, inconmensurable.
P.: ¿Serían las que tendrían las consecuencias más negativas para la población?
G.A.F.: Claramente, las obras de arquitectura son las que, en el caso de suspenderse, tendrán mayor impacto, tanto social como económico, que de hecho son las que en general hacen las Pymes de la construcción.
P.: ¿Han tomado contacto con las autoridades?
G.A.F.: Por su puesto, se han remitidos los pedidos de audiencia y reuniones pertinentes con los responsables del área.
P.: ¿Qué recomendación les daría contemplando la decisión de no utilizar fondos públicos?
G.A.F.: La democracia otorga el poder al gobierno elegido por la gente y es responsabilidad del gobierno decidir los destinos y políticas del país. Sin embargo, es en los espacios institucionales donde se desarrollan prácticas que posibilitan consensos, proyección y calidad para satisfacer las demandas de la sociedad. De esta manera, las cámaras empresarias se erigen como naciente de opiniones, de propuestas y acciones; verdaderas consultoras naturales y permanentes a las cuales un gobierno central con intenciones de permanecer nutrido de realidad y ávido de trascendencia, debe acudir en forma metódica, cerrando así una virtuosa espiral de prosperidad colectiva.
En este sentido, respetuosamente, todos debemos bregar por evitar acciones de péndulo que signifiquen descartar todo lo hecho para sentar nuevas formas, por más buenas que estas aparezcan. En caso contrario, se producen sistemáticamente quiebras de empresas que, vista en los informes de los últimos 50 años, ayudan a explicar por qué hoy en día en contra del crecimiento vegetativo de la población, existen menos empresas en actividad que hace 20 Años. Todas las trasformaciones requieren de condiciones y plazos, debemos salir del pensamiento mágico, de creer que una idea o decisión bastan para transformar.
Desde la Confederación de Pymes Constructoras de la Republica Argentina, poseemos trabajos y propuestas, con años de análisis que van en el sentido de fortalecer la inversión privada que hoy fomenta la actual administración. Por ejemplo, un sistema basado en el subsidio a la demanda para la construcción de viviendas que podría significar un cambio de paradigma, asegurando continuidad con eficiencia, bajo costo y óptimo repago, que estamos prestos a presentar a las autoridades, en breve.
Asimismo, se debe trabajar en acciones dirigidas a:
1- Promover la inversión pública y privada como fuente genuina de desarrollo y crecimiento.
2- Resguardar con legislación de responsabilidad fiscal, la asignación de las partidas presupuestarias.
3- Promover condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica para la consolidación de las inversiones y actividades privadas.
4- Trabajar en la urgente corrección de los sistemas de relevamientos de precios y, en consecuencia, de los sistemas de redeterminaciones de precios que impactan tanto en la obra pública como privada, toda vez que actualmente la distorsión entre los precios relevados por entes oficiales, comparados con la realidad de mercado, hacen inviable la actividad.
Para ello, resulta indispensable ajustar la metodología de cálculo de los índices de actualización de precios, (ICC de INDEC) procediendo de forma urgente a la corrección de procedimientos de relevamientos de precios para evitar la diferencia entre índices provisorios y definitivos. Y advertir que las ecuaciones económico-financieras de los contratos se encuentran radicalmente desvirtuadas, lo que conlleva a conflictos de orden administrativo y judicial, requiriendo adecuación contractual y reprogramación de las obras.
P.: ¿Qué deben priorizar?
G.A.F.: Uno de los problemas más recurrentes de los últimos tiempos, radica en la falta de empleo genuino que, a la postre, se transforma en ayuda social del Estado por medio de planes sociales. Es claro que la industria de la construcción, por la escasa calificación y rápido aprendizaje, se erige como una de las soluciones más pragmáticas, claras, genuinas y transparentes, para poder transformar la asistencia social en trabajo genuino.
P.: ¿Es posible privatizar el tipo de obra pública que ustedes realizan?
G.A.F.: No existe forma alguna. Una escuela de frontera, una red de agua o un centro de salud en el interior del país no son obras rentables que puedan ser financiadas y vendidas como cualquier otro bien. Por demás, está claro que si el país no ha crecido en los últimos 20 años, las empresas han seguido el mismo destino y tampoco han crecido como para tener patrimonios que les permitan afrontar inversiones, para luego ofrecerlas a la venta sin cliente fijo y determinado. Y a esto se suma que el sistema financiero se encuentra abocado desde hace años a asistir al Estado, sin financiamiento serio y genuino de ninguna naturaleza hacia el sector privado. Pensar en privatizar obras publicas es desconocer la realidad de la historia de la humanidad.
P.: ¿Por qué razón un privado podría hacerla? ¿Y cómo se podría cobrar?
G.A.F.: La obra pública tuvo un rol central en distintos períodos de la historia argentina. Asociada al afianzamiento de la soberanía a partir de su materialización en el territorio, el desarrollo económico vinculado al desenvolvimiento del transporte, así como la inclusión social a través de la expansión de los servicios, sus sentidos y orientaciones fueron variando en diversas coyunturas histórico-políticas. Su importancia en términos de presupuesto, incidencia en la economía y su centralidad respecto al tipo de desarrollo al que se aspiraba en distintos contextos nunca menguó. Los tiempos largos que caracterizan a las obras públicas, su carácter técnico que en ocasiones entra en tensión con lógicas y temporalidades políticas, y la existencia de tradiciones, valoraciones y compromisos propios de esta comunidad profesional compuesta por funcionarios, profesionales y empresarios, etcétera, la vuelven particularmente indispensable.
P.: ¿Hay algo más que quiera agregar?
G.A.F.: Estamos convencidos de que las crisis son plataformas de oportunidades, de que la institucionalidad es el camino y de que la actualidad política, económica y social de la República Argentina demandan estrategias de largo plazo de consenso, unidad y crecimiento. Instamos al gobierno al diálogo permanente, poniendo a su disposición la trayectoria, la experiencia y la firme voluntad de CPC en búsqueda del fin último de toda sociedad como lo es el anhelado bien común.
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