El gobernador Weretilneck afirmó que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para garantizar la estabilidad jurídica de cada uno de los desarrollos emblemáticos de exportación de hidrocarburos como lo son el Vaca Muerta Oil Sur y los que conforman el Argentina LNG. El mandatario también planteó sostener la participación de trabajadores y empresas locales para construir consenso social y evitar la judicialización.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anticipó este martes que su gobierno pretende impulsar en la Legislatura local un proyecto de ley para cada uno de los desarrollos exportadores de petróleo y gas que se llevan adelante en la provincia, de manera de garantizar por 30 años la estabilidad jurídica de todo lo acordado hasta el momento con las compañías.
Rio Negro tuvo una discusión de meses con las empresas socias del VMOS SA que culminó con un acuerdo que incluyó el pago por única vez de US$60 millones por desarrollo territorial, US$40 millones anuales durante 13 años como aporte comunitario, y US$14 millones anuales en concepto de cánones por uso de espacio público para la operación del oleoducto y la terminal de exportación, además de tasas específicas para control, fiscalización y cuidado ambiental.
“Cuando hablamos de seguridad jurídica es precisamente el marco legal que queremos darle a todas las inversiones. Vamos a ir convenio por convenio y a cada uno de los proyectos le vamos a dar su ley específica que blinde esas inversiones y que le garantice la seguridad jurídica por al menos 30 años”, afirmó Weretilneck al exponer este martes en el Club del Petróleo.
Río Negro va a ser la provincia por dónde se están llevando adelante los dos proyectos exportadores mas ambiciosos de la industria de los hidrocarburos, para exportar el gas y petróleo de Vaca Muerta desde las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías. Allí convergen el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y las tres iniciativas del “Argentina LNG”, de los que participan los principales jugadores de la industria.
Blindar los acuerdos
“Nos toca como provincia que todo lo que las empresas diseñaron y concretaron tengan seguridad jurídica, previsibilidad económica y estabilidad política, y eso es lo que le tenemos que aportar a la industria. Con la misma coherencia y practicidad con la que discutimos, vamos a darle la seguridad jurídica a cada uno de los proyectos con la ley correspondiente y garantizar que la provincia no pueda modificar ninguna de esas condiciones”, agregó el mandatario ante la presencia del presidente de YPF Horacio Marín, y el titular de Pan American Energy, Alejandro Bulgheroni.
El VMOS es el primero proyectó que se lanzó a la construcción en Río Negro
Weretilneck también dijo que “tras las rispideces naturales de las discusiones, estamos planteando que lo acordado tiene estabilidad política por un lado, y por otro lado seguridad jurídica, que es también la consecuencia de la previsibilidad económica. Es decir, lo que hoy estemos fijando como condiciones de impuestos, de derechos, de cánones, de la provincia, es lo que va a perdurar, y nos comprometemos a mantener a lo largo de los próximos 30 años”.
Por otra parte, el gobernador también advirtió: “Lo único que hay que evitar es la judicialización de las decisiones económicas y de las decisiones políticas. Cuando un proyecto cae en manos de la justicia, se sabe cuándo entra y no cuándo sale. La manera de evitar cualquier judicialización de estos proyectos es el consenso social, lo que uno va construyendo con el correr de los meses desde que se da la orden de la bandera de largada y que abarca muchísimos aspectos”.
“Un aspecto central -indicó en ese sentido- es el empleo local. Lo mejor que nos puede pasar es que los beneficiarios de estos proyectos sientan que son dueños y que son parte de ellos y un tema que para nosotros es estratégico y es importante es el empleo local, para lo cual se hizo un gran trabajo para poder lanzar las obras del VMOS”.
La construcción del oleoducto se está llevando adelante con un 77% de trabajadores rionegrinos, mientras que en la terminal portuaria de Punta Colorada ese porcentaje asciende al 85%, es decir que la ocupación de mano de obra local está por encima de lo que disponía la ley que habilitó los proyectos y que colocó ese umbral de contrataciones en el 80% general.
El segundo aspecto del consenso social es la participación de pymes y empresas locales, que aún no tiene el desarrollo del empleo local. “Estamos trabajando en la formación de proveedores, que creo que es la gran tarea que tenemos. Ahí estamos buscando buenas experiencias y acompañando a la pequeña y mediana empresa, y al proveedor local para que pueda llegar a los estándares de exigencia y calidad que mantiene la industria, para validar aún más el empleo de calidad”.
Econo Journal