Al detallar las cargas laborales, mencionaron a “los aportes obligatorios como, por ejemplo, al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), aunque el empleado no se capacite, hasta la Contribución Adicional Solidaria a la obra social OSECAC que nació en la pandemia por COVID-19, pero que irrisoriamente se sigue cobrando hasta el día de hoy”.
En relación a este último costo, el informe precisó que “actualmente, la cuota solidaria es de $5.500 por cada trabajador” y aseguraron que se debe abonar “tengan o no OSECAC como obra social”, según “reza el aviso de la web de FAECYS, y se actualiza con cada paritaria”.
En el caso del aporte al INACAP, es necesario recordar que recientemente el Gobierno dispuso mediante el Decreto 149/2025 que los comerciantes dejarán de realizar la contribución obligatoria mensual en concepto de capacitación por cada empleado registrado, que venían haciendo desde el 2008.
Como otro ejemplo, se hizo referencia al seguro obligatorio “La Estrella”, al que se definió como “un exclusivo fondo de retiro que administra una empresa que definió el sindicato”, exponiendo que “no hay libre elección, sino que se impuso, por acuerdo paritario, e involucra el 2.5% del salario”.
En ese sentido, CADAM puntualizó que “dicho seguro, fue establecido en la década de los ‘90 como un sistema complementario al régimen de previsión social para los empleados de comercio”, especificando que “se financia mediante un aporte mensual del empleador equivalente al 2,5% de la remuneración del trabajador”.
Continuando con el detalle, indicó que “el 50% del aporte neto se destina a una cuenta individual a nombre del empleado y el otro 50% restante se utiliza para financiar el sistema”, remarcando que “en caso de desvinculación laboral, el trabajador puede solicitar el 50% de los aportes personales acumulados a lo largo de los años en su cuenta individual, pero con una sorpresa más: la tasa de ajuste del rendimiento de ese dinero se actualiza muy por debajo de la inflación, con lo que a lo largo de los años, su capital acumulado va perdiendo su valor”, y ejemplificó que “en septiembre de 2024, el ajuste reconocido por el Seguro La Estrella fue del 1.85%, mientras que el IPC fue del 3.5% en ese periodo”.
Por otro lado, el informe reflejó que “el aporte al sindicato, por otra parte, se le descuenta al empleado esté afiliado o no”, señalando que “de $1.241.189 de sueldo que incluye el sueldo bruto más todos los aportes patronales, cargas sociales, seguros y otras obligaciones que la empresa debe pagar por un empleado, termina en mano del trabajador sólo el 69.2%, es decir $858.322”.
Sin embargo, afirmó que “la carga no termina ahí”, al precisar que “cuando el trabajador gasta ese dinero para comprar bienes o servicios, se le aplican impuestos nacionales, provinciales y municipales”.
En la carga impositiva, especificó que entran el IVA (21%), Ingresos Brutos (alrededor de 13% a lo largo de la cadena de ventas, desde la industria al consumidor), Tasa de Seguridad e Higiene, entre otras tasas, Impuesto a los débitos y créditos bancarios (1,2% por cada movimiento).
Con el panorama descripto, enfatizó que “después de pagar todos estos impuestos, al consumir un bien o servicio, el valor de su esfuerzo laboral se ve reducido a sólo $457.312, es decir 36.84% del salario aportado por el empleador”.
Desde CADAM, sostienen que “todos estos aportes explican parte de la pérdida de competitividad de las pymes, del aumento de la informalidad laboral y la pobreza”, por lo que apoyan el proyecto de ley de la diputada Marcela Pagano, que se tratará el próximo martes en la Cámara de Diputados, “para que los aportes obligatorios, escondidos dentro de las paritarias, que ‘autobenefician’ a los gremios, no vuelvan jamás”.
NA