Un informe del Observatorio de Tierras revela que ya hay 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. En diálogo con El Destape, investigadores analizaron el mapa de la extranjerización y las dramáticas consecuencias que tendría la ley de Milei.
Argentina es el octavo país del mundo en superficie y su territorio es rico en recursos naturales. La Ley de Tierras, aprobada por una amplia mayoría en el Congreso en 2011 y vigente hasta la fecha, concibe al suelo como un recurso natural escaso y no renovable, fundamental para el desarrollo humano y social. A comienzos de este año, el gobierno de Javier Milei impulsó una reforma para rematar la soberanía y el próximo jueves, el Senado debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la extranjerización de la tierra y los desalojos.
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, creó un mapa interactivo que saca una radiografía del suelo argentino: el informe arrojó que aproximadamente el 5% del territorio nacional está en manos de firmas o Estados extranjeros. El porcentaje representa más de 13 millones de hectáreas. La motosierra libertaria apunta ahora hacia la Ley 26.737 por verla como un obstáculo para la inversión foránea.
Según esta normativa, ninguna provincia puede superar el 15% de tierras bajo propiedad extranjera. Sin embargo, los puntos rojos del mapa exponen un escenario que podría empeorar aún más: al analizar por departamentos, 36 distritos ya lo exceden.
“No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa”, advirtieron a El Destape el coordinador del Observatorio de Tierras, Pablo Volkind, y la socióloga Julieta Caggiano, quien a su vez forma parte del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
El oficialismo necesita 37 votos para sancionar la norma y, con un poroteo muy ajustado, cada mano alzada a favor del oficialismo es clave. El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también profundiza la resistencia social por la entrega de los glaciares, la hidrovía y los bienes naturales. Los investigadores aseguraron que este proyecto de ley “no tiene precedentes” y “es la mayor muestra del saqueo y de la entrega de soberanía a capitales extranjeros de la historia”.
- ¿Por qué es problemático que exista una ley con estas características?
- La primera cuestión importante es que en nuestro país ya hay más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. Esas 13 millones de hectáreas son equivalentes al total de la superficie de Inglaterra y, mirado desde el punto de vista nacional, a toda la provincia de Santa Fe. Esto es solamente el piso. La tierra es un bien irreproducible y limitado. El que la tiene, la tiene. No es como el capital o el trabajo.
- ¿Cuáles son los puntos que el Gobierno busca modificar?
- La única restricción que permanecería vigente sería para las compras realizadas por Estados extranjeros o empresas estatales. Pero prácticamente no existe que los que compren tierras sean Estados extranjeros. Lo hacen personas físicas o empresas privadas. El proyecto de ley elimina todos los topes o regulaciones que la normativa actual tiene previstas. El primer tope que elimina es la de extranjerizar, digamos, que el tope que se podría vender a capital extranjero es de un 15% de la superficie nacional. La ley actual ya es bastante generosa.
Convengamos que los 13 millones que hoy están extranjerizados equivalen al 5% de la superficie de tierras rurales en nuestro país. Sin cambiar una coma a esta ley, podrían venderse 26 millones de hectáreas más y los capitales extranjeros podrían triplicar la superficie que tienen hoy. Lo que dijo el actual vocero presidencial de que la ley actual criminaliza la inversión extranjera en tierras es una absoluta falacia.
El segundo tope que elimina es el de la nacionalidad. La ley actual prevé que, de ese 15%, el 30% como máximo puede pertenecer una misma nacionalidad. En este momento, ninguno lo cumple: en el primer lugar del ranking están los capitales norteamericanos, con 2,7 millones de hectáreas en el país. En segundo lugar, el grupo italiano Benetton es el mayor propietario privado de tierras en Argentina, con más de 1 millón de hectáreas en la Patagonia. En tercer lugar están los capitales españoles, que controlan 1,7 millones de hectáreas.
- ¿Detectaron patrones en la cercanía a recursos críticos que se ponen en juego?
- De esos 36 departamentos que analiza el mapa, lo que se observa es que los puntos amarillos o rojos son lugares clave. No es solo territorio, sino los bienes y las posiciones que ese territorio contiene. Casos críticos se registran en Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%. Las localidades a la vera del río Paraná como Iguazú (Misiones), Ituzaingó (Corrientes) y Campana (Buenos Aires) superan el 30%.
No es la región Pampeana particularmente, no es el núcleo duro sojero, pero sí hay puntos marcados en toda la zona cordillerana. El otro núcleo muy importante está dado por las provincias fronterizas, sobre todo en el Litoral y a la vera de la principal vía troncal navegable en nuestro país, que es el la Cuenca del Paraná y, particularmente, el río Paraná. Hay 36 departamentos que exceden el tope de la ley, incluso hay algunos que exceden el 30% y 4 que exceden el 50%. Todo lo que uno ve en estas zonas son reservas hidrocarburíferas, litio, tierras raras, zona de glaciares.
- ¿Cuál es el cambio que podría darse en las zonas de frontera?
- Lo que rige es un decreto de ley del año 1944, que planteaba que la tierra en zona de frontera es estratégica en términos soberanos y que el Estado define que esos espacios puedan estar solamente en manos de ciudadanas o ciudadanos argentinos. En este proyecto de ley, se presenta un artículo que deroga esa ley y habilita la compra por parte de extranjeros de tierras de frontera. Esto trajo muchos debates, por ejemplo lo que ocurre en la provincia de Misiones, donde hay cinco departamentos que superan el límite de extranjerización. Hay mecanismos de límite porque es una cuestión de soberanía básica sobre el territorio, las fronteras y los recursos más importantes. Si uno no controla sus cuerpos de agua, sus nacientes, sus zonas de frontera, sus salidas al mar, se ponen en juego todos los parámetros de Estado-nación de toda nuestra historia.
- ¿Cómo se vincula la discusión sobre la Ley de Tierras con el paquete legislativo actual del Gobierno, que incluye la Ley de Glaciares y el RIGI?
- No hay que ver esta ley de forma aislada. Estas normativas fomentan la apropiación de recursos estratégicos sin ningún vuelto. Si uno lo analiza en relación con el RIGI y el Súper RIGI, es preocupante porque sería una entrega de soberanía y de recursos a cambio de nada. Estos esquemas le dan vía libre a estas empresas para que se lleven lo que produzcan afuera sin regímenes cambiarios, sin tener que hacer una paridad cambiaria diferente, sin contratar mano de obra local, sin contratar o comprar insumos locales.
En el marco de los debates que se fueron generando y las investigaciones que hicimos, incorporamos una segunda capa que uno puede adicionar en donde marca la zona de glaciares y periglaciares. Una tercera que agregamos es la de proyectos mineros, metalíferos y no metalíferos. Y la cuarta representa a las poblaciones indígenas registradas por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. De esta forma, si vos superponés recursos mineros, tierra extranjerizada, zona de periglaciares y comunidades indígenas es igual a saqueo de recursos, la expulsión de las comunidades para quedarse con la tierra y la posibilidad para el capital extranjero que ingrese, se lleve los recursos y remita todas las ganancias sin ningún tipo de límite y reinversión en la Argentina.
- ¿Cómo es la legislación del control de tierras en manos extranjeras en otros países?
- Paraguay, que históricamente ha tenido gobiernos liberales, muy proimperialistas, tiene límites más estrechos de los tendría Argentina si se aprueba esta ley. En el caso de Uruguay, no hay límites legales, pero hay una triangulación y una fiscalización mucho más aguda. En Brasil son muy estrictos los límites. Mientras que en el caso de México también son muy rigurosos, ya vienen de con historia agraria muy importante. Ni que hablar en las potencias imperialistas. En Estados Unidos no hay legislación nacional, pero sí hay fuertes legislaciones en algunos estados. En Francia hay subsidios estatales para sostener a las familias agricultoras en las fronteras directamente y una provisión absoluta para que otros compren. Todos estos ejemplos muestran que esta ley no tiene precedentes, es la mayor muestra del saqueo y de la entrega de soberanía a capitales extranjeros de la historia.
- Hubo un documento de la estrategia de seguridad nacional que el gobierno de Donald Trump publicó el año pasado en el que hablan mucho de la importancia de que Estados Unidos recupere la “dominancia energética” en la región de América Latina. Habla de recursos estratégicos como tierras raras, litio y cobre. ¿Cómo se relaciona esta situación con el momento que elige el gobierno de Milei por avanzar con esta ley?
- Hay una vinculación casi mecánica entre conflictividad social y acceso a determinados recursos clave. En el primer informe que elaboramos logramos retomar esta idea del “Corolario Trump” y de la Doctrina Monroe, entendiendo que era el momento donde estaban aterrizando legisladores norteamericanos en el país. En las provincias cordilleranas tuvieron varios encuentros, que inclusive se conocieron por la prensa de manera casi fortuita, y está claro que el gobierno de Milei se alinea inclusive en esa disputa. Nosotros entendemos que en esta disputa geopolítica a nivel mundial, donde ahora todos conocemos que existe el estrecho de Ormuz y estamos al tanto de lo que está sucediendo, aparece una ley que habilita la compra fundamentalmente para todas las potencias. Creemos que es especialmente para el capital norteamericano y que intenta limitar de alguna medida la presencia de la penetración del capital chino.
El Destape