Mauricio Macri sigue recibiendo buenas noticias desde los tribunales de Comodoro Py. La Cámara de Casación ratificó su decisión de que el líder del PRO no sea investigado por el espionaje que sufrieron las familias de los tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. Por mayoría, el tribunal penal rechazó los recursos con los que las querellas pretendían llegar hasta la Corte Suprema para revertir el sobreseimiento del expresidente.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) siguió, fotografió y reunió información sobre los parientes de los submarinistas desde que el buque desapareció hasta que se lo encontró en el fondo del océano. En diciembre de 2021, el juez federal Martín Bava –que subroga en Dolores– procesó a Macri porque entendió que la actividad que desplegaron los espías de la base Mar del Plata obedeció a una razón: anticiparle al entonces Presidente cuáles serían los reclamos de las familias de los marinos en un tema que atraía la atención de todo el mundo.
Dictar ese procesamiento fue la última osadía de Bava antes de que le sacaran todas las causas sobre espionaje que tramitaban en Dolores –la que orbitaba alrededor del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, la de las bases AMBA y la del ARA San Juan. El paquete de casos pasó a Comodoro Py y quedó en manos del juez Julián Ercolini.
En julio de 2022, la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Macri y del resto de los imputados. Lo hizo con los votos de Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia –tres jueces que se incorporaron al tribunal durante el gobierno de Cambiemos. En ese momento, la Cámara sostuvo que la AFI monitoreaba a los familiares porque podrían suponer un riesgo para la seguridad del Presidente y/o la seguridad nacional.
El tema escaló a la Cámara de Casación. En ese momento, el fiscal ante la Cámara Federal José Agüero Iturbe, había sostenido que Llorens, Bertuzzi y Bruglia parecían más preocupados por sobreseer a Macri que por investigar qué había pasado con las víctimas. Lo que nadie pudo explicar es por qué también lo hacían cuando Macri no estaba cerca.
En Casación hubo una verdadera batalla por la integración de la Sala II. Macri logró correr a Alejandro Slokar porque había sido crítico en una entrevista sobre las prácticas de espionaje y porque estaba apartado de la causa D’Alessio. Otro de los exfuncionarios de la AFI intentó –sin éxito– apartar a Ledesma con otro argumento insólito: decía que la jueza tenía animadversión contra el expresidente porque había criticado las visitas de sus colegas a Olivos o a la Casa Rosada. La querellante Valeria Carreras apuntó que Mariano Borinsky era uno de esos visitantes, pero no tuvo suerte con su planteo. A Carlos Mahiques lo terminaron sacando sus colegas después de una respuesta destemplada contra las familias querellantes.
Así quedó conformada la Sala II por Guillermo Yacobucci, Borinsky y Ledesma. El 28 de noviembre pasado, Yacobucci y Borinsky confirmaron el sobreseimiento del expresidente. En su voto, Yacobucci dijo que el Estado tiene potestad para controlar desde manifestaciones de apoyo, adhesión, algarabía, festejo, crítica, repudio, reclamos justificados hasta protestas sociales si existe algún riesgo para el Poder Ejecutivo.
Ledesma planteó que el fallo de la Cámara era darles vía libre a los servicios de inteligencia. Un diagnóstico similar había hecho el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actuó como amicus curiae (amigo del tribunal) en la causa.
Después del fallo de la Casación, solo las querellas apelaron. El fiscal Raúl Pleé consintió la decisión que benefició a Macri. Lo curioso es que antes él había sostenido que el tema debía investigarse.
Este lunes, Yacobucci y Borinsky rechazaron los recursos extraordinarios de las querellas. Ledesma, por su parte, dijo que correspondía darle curso al planteo de la abogada querellante Valeria Carreras. Sin embargo, no alcanzó. La letrada le dijo a este diario que irá en queja a la Corte. “Continuaremos con los remedios que habilita la ley. Ahora recurriremos en queja y se seguirá en el plano internacional para que nadie en el país sea tratado como un terrorista solo por reclamar ante el gobierno de turno por una causa justa”, señaló Carreras.
“Siempre supimos con qué bueyes aramos, incluso supimos el significado de la indiferencia del gobierno anterior –añade la abogada querellante–. Por eso, hace dos años iniciamos un reclamo ante el relator de Naciones Unidas. No hay igualdad ante la ley para un puñado de mujeres que luchan en absoluta soledad y desigualdad frente al poder real en su máxima expresión. Cada golpe judicial deja por escrito el tenor de la lucha emprendida por estas familias”.
Página/12